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Denuncian manipulaciones para bajar los índices de homicidio

Denuncian manipulaciones estadísticas para bajar los índices de homicidios




Desde 2009, la Argentina no tiene una estadística nacional para conocer cuántos homicidios hay cada cien mil habitantes. Es un índice que elaboran la mayoría de los países del mundo. Pero Argentina no sólo no lo realiza hace cinco años, sino que incluso las pocas cifras que tiene estarían manipuladas.

"Se valen de distintos recursos para decir que tenemos índices similares a los europeos en Buenos Aires", cuestionó la filósofa Diana Cohen Agrest, madre de Ezequiel Agrest, el joven de 26 años que fue asesinado en 2011 por un delincuente en libertad condicional.

Este domingo, el director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, reveló un mail que le envió la intelectual con un detalle de tres mecanismos que utilizan tanto el gobierno nacional como la Justicia para reducir los índices de asesinatos.

El primero de ellos es el encuadramiento ambiguo que se le da a muchas muertes. "El Ministerio de Salud de la Nación calificó como 'subestimada' la cantidad de asesinatos registrados en el país, cuando en el 2012 (NdR: la autora luego aclaró que se refería al 2011) denunció que se creó un segmento creado ad hoc para distorsionar la tasa de homicidios: la forma para ocultar las cifras reales de muertes fue pasar los asesinatos a un casillero estadístico ambiguo y especialmente armado para establecer una zona gris: 'Muertes por causa externa de intención indeterminada'. ​Una muerte no accidental que se registra como un hecho sin datos es excluida de la estadística de homicidios", explicó Cohen Agrest.



El informe del Ministerio de Salud (que aún puede consultarse en la página web oficial) reconoce las anomalías: "Podemos observar que en muchos casos hay una relación inversa entre la tasa de homicidios y la de causa externa de intención indeterminada. Por ejemplo, esta última quintuplica la tasa de homicidios en Salta y la cuadriplica en Santiago del Estero. En el año 2009, CABA fue la jurisdicción con mayor proporción de muertes de intención indeterminada (30% del total de muertes por causa externa) seguida de la Provincia de Buenos Aires (22,5%), Santiago del Estero (21%) y Santa Fe (19%)". "El propio Ministerio de Salud hizo la denuncia. De lo que infiero que pudo ser una orden o de los asesores del Poder Ejecutivo o directamente emanada del Poder Judicial", señaló la filósofa, en diálogo con Infobae.

El segundo método de manipulación es exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Allí, según detalló Cohen Agrest, "se utiliza el casillero 'Averiguación causales de muerte' para todo fallecimiento sospechoso de criminalidad; es decir, desde el fallecimiento por causas naturales de un anciano en su hogar sin un médico de cabecera que firme el certificado de defunción, hasta el homicidio en la vía pública resultante de disparos de arma de fuego... Si un fiscal no se encuentra en el lugar de los hechos cuando el primer policía llega, el casillero es completado bajo esa notación, más allá de la carátula que luego se registre en el Poder Judicial".

El tercer y último mecanismo es quizás el más conocido de todos: aquellas personas que mueren en el hospital por las heridas sufridas en un hecho de inseguridad no quedan registrados como homicidios. La propia Corte Suprema reconoció en los últimos años el inconveniente y empezó a contabilizar esos homicidios para el informe estadístico que realiza cada período.

No tiene dudas: no se trata ni de burocracia ni de simple desidia. Según señaló, la manipulación del índice de homicidios es "una acción deliberada" por parte del Estado. "Desde el año 2009 no se dan a conocer –y sospecho que ni siquiera se llevan a cabo– estadísticas del delito. Cuando ves cuadros comparativos internacionales, siempre aparece la aclaración de que los datos son del 2009", indicó.

La pregunta es entonces quién está detrás de la política de manipulación. Según la evaluación de Cohen Agrest, el Estado en su conjunto: "Yo sostengo que la inseguridad y criminalidad –a esta altura, deberíamos usar esta segunda expresión, dado las antipolíticas del delito callejero, del narcotráfico, de las bandas organizadas y de los secuestros extorsivos, que no son abordadas con medidas mínimamente eficaces– son una política de Estado, sostenida en el ideario trasnochado de Zaffaroni y la formación implementada en la UBA y en otras universidades del país".

Esta semana estuvo de visita en el país el ex fiscal Antonio di Pietro, encargado de llevar adelante en Italia el proceso de Mani Pulite, uno de los combates judiciales más grandes contra la corrupción que se dio en la historia moderna. Allí sugirió que es necesaria una constante actualización de las leyes para combatir las áreas grises en las que se mueve el delito.

Cohen Agrest asistió a su seminario, pero no es tan optimista. Según señaló, primero es necesario que "haya voluntad política de los tres poderes para abordar el delito –con medidas que van desde la sanción hasta la radarización de las fronteras–". Pero aún cuando la hubiera, tiene pocas expectativas de que vaya a haber un cambio real con el próximo gobierno. "En verdad el garantoabolicionismo es un ideario trasversal que cruza casi toda la oposición también: (el radical Ricardo) Gil Lavedra, (el macrista Federico) Pinedo por quedar bien con Zaffaroni, (la jurista María Elena) Barbagelata, (Elisa) Carrió, (Ernesto) Sanz... Prácticamente toda la clase dirigente y esclarecida –periodistas, intelectuales, profesores universitarios– construyeron y mantienen un ideario que sirvió en los albores de la democracia, pero que mantenerlo hoy no condice con las nuevas realidades del país y del mundo", concluyó.
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