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“El aparato estatal dirige y administra el narcotráfico”

María del Carmen Verdú: “El aparato estatal dirige y administra el narcotráfico”

La Izquierda Diario entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI.



¿Qué opinás de la actual Ley de drogas (27.737)?

Sin perjuicio que hay otros aspectos de la norma para criticar, el punto más sensible es el art. 6º, que penaliza la tenencia para el consumo personal, lo que difícilmente puede explicarse en términos de “combate al narcotráfico”, y brinda al Estado, en cambio, una fabulosa herramienta de control social. Sin embargo, la simple lectura de fallos judiciales al respecto, permite advertir que, como siempre ocurre -y muy especialmente en el mundo de la aplicación concreta de la ley- todo depende de quién sea el que está frente al juez. Secuestros de ínfimas cantidades de marihuana, por ejemplo, sirven cotidianamente a jueces y fiscales para asegurar que han detenido a un gran narco, y mandarlo preso por tenencia con fines de comercialización, mientras que si se trata de algún personaje vinculado a la fama, el dinero o el poder, escandalosamente afirman que dos o tres kilos de cocaína son “acopio para consumo”, como sucedió con Dolores Blaquier.

¿La ley, tal cual como es hoy día, le facilita a la policía la potestad de controlar y requisar a los jóvenes por "portación de cara"?

Sin dudas. Las policías (y el resto de las fuerzas que militarizan el territorio, especialmente en los sectores vulnerables) tienen un amplio abanico de opciones para detener a cualquiera, sin siquiera molestarse en expresar un motivo suficiente. La averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones los habilitan legalmente a parar a quien quieran, en cualquier momento y lugar, y llevarlo a la comisaría. También pueden requisar libremente personas o cosas (mochilas, autos, alforjas de motos). Obviamente, el hallazgo de un fasito les amplía más las posibilidades, ya que abre la puerta a una imputación criminal. Eso les facilita lo que mejor hacen, la extorsión para “solucionarlo con una identificación”, en lugar de “bajarte al juzgado con una carátula de drogas”, cuya “tarifa” ronda, según la zona, entre $5.000 y $20.000.

¿Cómo repercute la ley vigente en la composición de la población carcelaria?

La enorme mayoría de los presos por ley de drogas no son narcotraficantes, sino consumidores que tenían algún acopio, o semillas, o plantas, y mulas explotadas por los carteles. Esto es particularmente visible en las cárceles de mujeres.

En un marco donde varios países comienzan a discutir la criminalización del consumo de marihuana, con casos como Uruguay o Chile, ¿por qué crees que en Argentina ese debate no está en agenda?

En realidad, se puede decir que ha estado -está- en agenda, con intensidad variable, por décadas. La tenencia de drogas para consumo se penalizó por primera vez en 1926 (ley 11.331). Durante la dictadura de Onganía, en 1968, la ley 17.567 despenalizó la tenencia en cantidades para uso personal, norma que fue derogada en 1973, con Perón en el gobierno, y que se ratificó un año después con la ley 20.771, que rigió hasta 1989, cuando se sancionó la actual. Es un debate que existe, y va ocupando más espacio con el tiempo.

¿Considerás que se debería despenalizar o legalizar? ¿Por qué?

La criminalización del consumo de cualquier sustancia sólo sirve como herramienta de control social, para la persecución de los que deben ser disciplinados para adaptarlos al sistema. La discusión de la legalización es más compleja y lleva a otros debates, como la consideración del tipo de sustancia, la definición de “adicción”, los efectos del uso, etc., que exceden el ámbito de la militancia antirrepresiva.

¿Qué podés decir del rol de los funcionarios públicos (jueces, políticos con cargos ejecutivos, etc) y de la policía en lo que hace al funcionamiento del narcotráfico? ¿Es de participación directa, omisión o combate?

Gráficamente decimos en CORREPI que cada vez que se desbarata alguna red de narcotraficantes, salta el botón, igual que sucede con cualquier otra variante del crimen organizado o de la explotación del crimen “del chiquitaje”. El aparato estatal es el que dirige y administra el narcotráfico, y su brazo armado el que lo ejecuta. Sobran los ejemplos.
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