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El elitismo universitario del continente sangra en Chile



Meca regional. Cancillería contabilizó 33 mil estudiantes extranjeros en 2009. || Plaza Bolívar, Bogotá. En colombia, desde hace años, miles de estudiantes se movilizan por la educación superior.

El modelo trasandino evidencia una gran deuda de la región sudamericana: la falta de mecanismos democráticos para acceder a la educación superior. Los casos peruano y colombiano, contados por estudiantes de esos países radicados aquí.

No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas. A ello se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: “Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes”. Esto decía un pasaje del Manifiesto Liminar de 1918, que los estudiantes cordobeses escribieron al fuego de su candente juvenilia a propósito de la Reforma Universitaria. El presidente actual de Chile, Sebastián Piñera, parece replicar ahora la misma lógica cuando manda los carabineros para fustigar la demanda de la liberalización y gratuidad de uno de los regímenes educativos más clasistas y desigualitarios del subcontinente latinoamericano.

Huelga explayarse sobre la excepcionalidad del sistema de educación pública, libre y gratuita de Argentina, aunque tampoco sea la panacea. Lo que sí conviene remarcar es que el caso chileno tal vez no sea una herencia directa del pinochetismo sino de la estructuración oligárquica del capitalismo de América latina posterior a las revoluciones del siglo XIX. Lo que expresa una de las deudas más flagrantes de la Concertación Democrática chilena y de otras fuerzas políticas progresistas en Latinoamérica es un panorama mucho más extenso: a la universidad siguen accediendo eminentemente las elites.

Las universidades de Buenos Aires, Rosario y La Plata siempre fueron casas de estudios que albergaron a futuros médicos del Paraguay y de Bolivia, por caso. Pero ahora, Argentina se ha perfilado como un polo regional de oferta educativa calificada que atrae desde norteamericanos hasta brasileños.

El crecimiento del país como destino del “turismo estudiantil” fue exponencial. Si en 2007, según la Fundación Export.ar, había alrededor de 10 mil estudiantes extranjeros, en 2008 la cifra ascendió a 23.737. La Cancillería contabilizó 33 mil alumnos universitarios nacidos fuera del país en 2009. Y según trascendió, el Ministerio de Educación nacional espera para el año que viene que se congreguen en el país cerca de 90 mil estudiantes extranjeros. Esa cifra equivaldría a más del 5 por ciento de los 1.650.150 alumnos que había en 2009 en Argentina (según el Anuario de Estadísticas Universitarias), y equipararía al número de estudiantes asiáticos que viajan a Australia a aprender el idioma de Churchill.

Que la educación sea gratuita, en el caso de las universidades públicas, no mengua el fenómeno económico que esta migración temporaria significa. En 2010, según EduArgentina, que promueve la educación local en el mundo, el nicho de estudiantes foráneos gastó 57 millones dólares. Para 2012, se espera que la remesa sea de 810 millones de pesos.

A propósito del affaire chileno, y más acá de la perspectiva de la “balanza” comercial de la movilidad estudiantil, se impone pensar en la crisis de los sistemas elitistas universitarios de América Latina.

Miradas al Sur recurrió a estudiantes universitarios nacidos en países de la región para preguntarles porqué se fueron de sus países y decidieron emprender la aventura académica en Buenos Aires. Qué los expulsó de allá y qué los atrajo de acá. Cómo es el ingreso a la universidad en sus países. Cuáles los costos. De qué estrato socioeconómico provienen. Cómo comparan las carreras de aquí de allás. Lo que sigue es un somero retrato “inductivo” de una juventud que busca su destino lejos de casa.

El embudo andino. “Cuando mi mamá vio que entré a la Universidad Nacional (de Colombia), y que entré entre los cinco primeros –con lo cual me gané una beca–, se puso a llorar y descorchó un vino.” El relato es de un anacronismo que remite a épocas rioplatenses de m'hijo el dotor, pero quien habla es Juan Manuel Gómez Cardona, un colombiano de 23 años que estudia Sociología en la UBA. Juanma cuenta que el examen de admisión para la universidad pública en su país “es extremadamente excluyente”. “En 2005 –destaca–, se inscribieron más de 8.000 aspirantes a Medicina en la sede de la UNC en Bogotá: entraron 120.” Por eso su vieja –que no había podido terminar la secundaria– se pegó aquel alegrón. El examen consta de 120 preguntas divididas en cuatro bloques con multiple choice. Juan Manuel, que vivía hace unos años en la ciudad paisa de Manizales, capital del departamento de Caldas, sin embargo decidió abjurar de los honores y anotarse en la universidad provincial para estudiar Antropología en vez de Administración de Empresas, que era la beca que lo esperaba.

Estudió dos años en la U de Caldas a un costo de 360 dólares el semestre. “Eso constituye más de un sueldo que deberías pagar cada seis meses; para la mayoría eso es imposible.” El sistema colombiano está estratificado. De hecho, la exhibición de la diferencia de clases está expresada en las facturas de los servicios públicos. Los “Estratos” se cuentan desde la indigencia (con 0) hasta la clase más encumbrada (con 7). En la universidad pública, todos pagan de acuerdo a una ponderación que se hace en base a esa nomenclatura socioeconómica. “El capital cultural que tiene una persona en Colombia es definitorio para entrar a la universidad pública. Es evidente que para las clases más desfavorecidas es imposible. Ni hablar de la población rural. Como en el caso de la UBA, en Colombia un título de una institución pública es más prestigioso que el de una privada”, dice Juanma.
En el caso colombiano, la opción de estudiar en una privada es casi prohibitiva. La Universidad Libre o la de la Sabana pueden cobrar hasta 2000 dólares por semestre. Estudiar Música en la Universidad Javeriana cuesta 3.000 bucks. En el caso de los estudiantes “acomodados”, paga papá. Pero de la otra forma, el financiamiento es tan tiránico como en Chile. “Se pagan tasas anuales de casi 20 por ciento. Tu vida queda hipotecada por 20 años hasta que devolvés todo”, dice el aspirante a sociólogo. En el caso de los polos de elite, como la Universidad de Los Andes o “el” Externado, las cuotas semestrales rondan los 6.000 dólares.

En contraparte, desde el año pasado Colombia adoptó el sistema de discriminación positiva parecido al que tiene Estados Unidos. El Acuerdo nº 013 del 24 de junio de 2009 en su artículo 3 fijó que “la Dirección Nacional de Admisiones ofrecerá inscripciones gratuitas a colegios ubicados en municipios pobres con población mayoritariamente afrocolombiana, destinadas para los mejores bachilleres de la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal de estratos 1 0 2 pertenecientes a estos colegios.”

La cultura del trabajo. Las restricciones para el ingreso universitario tienen sus particularidades en el caso peruano, pero no distan mucho del de Colombia. “El examen de ingreso en Perú es un trauma que te puede durar hasta tres años”, dice la antropóloga Paloma Oliver Málaga, 35 años, peruana que estudió en la Universidad Pontificia de Lima y que llegó a Buenos Aires en 2007 para cursar una maestría en Flacso. “Como las escuelas tienen muy bajo nivel, existen academias preuniversitarias que te preparan para ingresar. Hay de todo. Las más caras son las de las universidades, como la “Precatólica” a la que accede la minoría”, dice Paloma. Sólo un puñado de colegios nariz-parada (la Newton, la Markham o la San Silvestre) cuentan con un “examen de bachillerato internacional” que permite el acceso directo a la universidad.

En general, la mayoría de los aspirantes peruanos no se presentan hasta el segundo llamado a ingreso, en agosto del año siguiente de su egreso del colegio, porque la primera que es en febrero es muy cercana. “Yo sin embargo me presenté en el primer verano a sabiendas de que iba a reprobar, y así fue –cuenta Paloma–. En Perú, hay gente que da tres, cuatro, cinco veces el examen y no entra, lo que ha generado frustración en muchos compatriotas.”

La Universidad Católica, más allá de la paradoja del nombre, es el cenáculo donde los intelectuales de izquierda de la clase media alta peruana mandan a sus hijos. “El 70 por ciento del gabinete de Ollanta Humala se preparó en la UCA.” Pero el costo de una carrera tiene tres escalas que pueden rondar entre los 800 y los 1.200 dólares, “mientras el sueldo mínimo es de 600 soles, lo que equivale a alrededor de 200 dólares”, dice Paloma. Por eso, los que estudian en Perú, al igual que en Colombia, mientras cursan en general no trabajan.

“En Bogotá, no existe una cultura de trabajar y estudiar en una universidad privada; mis amigos que están en Colombia me ven como que maduré más rápido, que tengo una vida más de adulta”, reafirma el punto Laura Lozano Velázquez, una colombiana de 22 años que está terminando en la Universidad de Palermo la carrera de Comunicación Audiovisual. Mientras termina su tesis con un documental centrada en la cooperativa de trabajo Los Pibes del Playón, de La Boca, trabaja en la productora de contenidos educativos Foro 21. “Trabajo en Logística, lo que me vinculó con grandes clientes como La Serenísima y Tetra Pac.” Y concluye: “De alguna manera, por eso vine a estudiar a Buenos Aires: la producción audiovisual en Colombia es todavía muy incipiente en el terreno educativa. Acá hay más posibilidades”.

Respecto de la excepción ideológica argentina de la educación pública y gratuita, de su marca en 1918, el colombiano Juanma Gómez Cardona lo expresa de manera clara. “En Colombia, no se trata de una edcucación comprometida con el cambio social. Se preparan sociólogos para formar ‘profesionales’. En cambio, si uno lee la Visión de la carrera en la UBA, se nota una perspectiva de infundir una sociología crítica como instrumento de lucha social. Eso en las universidades de América latina no existe. Cuando termino, me veo volviendo a mi país, porque las herramientas que puedo conseguir acá son más necesarias en Colombia que en la Argentina”.

“Cada vez hay más chicos que son primera generación de estudiantes”

–Qué advertencias trae la crisis del modelo universitario chileno?
–Es un modelo con cosas mostrables y siempre estamos atentos para aprender de todos. Pero hay diferencias de concepción sobre la educación. Una muestra son las expresiones recientes del presidente. Volvió a reflejar que para él, la educación es un bien de consumo. Y repitió la idea cuando dijo: “Las cosas no son gratis, alguien tiene que pagar”. Nosotros creemos que es cierto, pero que el que tiene que pagar es el Estado. Son dos modelos. El argentino tuvo tres hitos: 1) la reforma de 1918 que tiene que ver con la mejor tradición radical democrática. El segundo hito es del 20 de junio del ’49 por una decisión de Perón que suprime los aranceles universitarios y el tercer momento es el del 2003, cuando se destinaron 1.800 millones de pesos a la educación universitaria y en el 2011, 13 mil. La UBA tiene 300 mil alumnos, la Universidad de Chile tiene 23 mil alumnos. Nosotros tenemos 47 universidades públicas y 46 privadas. Chile tiene 47 universidades privadas y 20 públicas. En las públicas hay que pagar.

–¿Hay coordinación de políticas universitarias en el Mercosur?
–El otro día hubo una reunión justamente con rectores. Estas cosas todavía están más verdes, pero por supuesto yo me he encontrado con embajadores de países vecinos; hemos empezado a trabajar en una mayor flexibilidad en términos de la homologación de títulos.

–¿De qué manera se puede ampliar el marco socioeconómico de ingreso a la universidad?
–Una cosa es la UBA y las grandes universidades tradicionales. Pero hay otros casos importantes. Recién hablé con autoridades de Moreno. Más del 90 por ciento de los pibes son primera generación de estudiantes universitarios. Florencio Varela, 95 por ciento. Toda la línea de General Sarmiento, Lanús, San Martín, Tres de Febrero que también tiene una alta tasa de primera generación de estudiantes. También podría hablar de Villa Mercedes, en San Luis, que se acaba de crear. General Sarmiento, que no es una universidad nueva. Está en el medio de barriadas pobres, trabajando muy fuerte para que esos pibes se metan en la universidad y no sólo se metan, sino que no la abandonen. Entonces, ahí te doy un primer plano de trabajo que es el trabajo educativo universitario, hay otro plano que es extraescolar pero también va en la misma dirección que es cuando los padres tienen más laburo, Asignación Universal por Hijo, un horizonte de cada vez menos desempleo y más empleo seguro registrado, 50 mil becas invitando a vocaciones científico tecnológica. Todas estas cosas, algunas educativas y otras extra educativas pero que impactan en la educación, van a ser que de a poco cada vez más paguemos esa deuda; porque acá la deuda es que buena parte, lo dice la Presidenta cada vez que puede, los sectores más carecientes pagan una universidad a la cual no van. Entonces, las palabras de Paulo Freire se podrían utilizar acá. Esas palabras dicen que no sólo debe ser pública sino que también debe ser popular, y esto es un trabajo que yo no podría decir que ya está dado, pero cada vez vamos en esa dirección, es lo que buscamos todo el tiempo, que haya más primeras generaciones que accedan a una educación.

La verdad sobre el “modelo” chileno

La Ley Orgánica de Enseñanza fue sancionada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Fue entonces cuando la llamada “revolución de los pingüinos”, estudiantes secundarios lanzados a las calles para pedir su derogación, motivó a la presidenta Michelle Bachelet a formar un Consejo Asesor para la Calidad de la Educación para actualizar la ley. Las demandas de los “pingüinos”, como el mejoramiento de la calidad de la educación, la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el boleto escolar gratuito enfrentaron a los dos sectores de la Concertación que integraban la Comisión, culminando con el retiro de quienes exigían el reconocimiento del sistema escolar y la universidad como bienes sociales, restringiendo el carácter mercantil que le otorgaba la ley de Pinochet. El Colegio de Profesores (la mayor organización sindical del sector) y los estudiantes se enfrentaron con una postura neoliberal que había calado en la derecha de la Concertación. Esta última siguió defendiendo el “modelo chileno” presentado por los organismos internacionales embarcados en la mercantilización de la educación como el ejemplo de la “calidad” educativa, término de dudoso y múltiple significado. La reforma Bachelet se redujo a imponer mayor control estatal sobre el uso de los recursos entregados, exigiendo rendición de cuentas y de gestión académica (puesto que la libertad de fijar planes y programas era extrema), pero no alteró el principio de subsidiariedad del Estado. La subsidiariedad era el eje de la reforma pinochetista, y un concepto antagónico con la responsabilidad principal del Estado (principalidad) que rigió el sistema chileno fundado por Sarmiento, y durante un siglo sostén de la cultura de amplios sectores. La subsidiariedad del Estado adquirió características dramáticas al ser restringida la provisión de educación estatal a los casos en que no hubiera particulares en condiciones de hacerlo y enmarcándola en la promoción de la competencia. Los organismos estatales designados para cumplir tal función quedaron restringidos a los municipios que, a su vez, debería tratar de transferir los establecimientos a sujetos privados o sostenerlos con sus recursos (muy desiguales a lo largo del país). Desde el nivel inicial, el sistema se desintegró en el mercado; Chile ingresó al mercado de créditos educativos, que es comparable con el mercado inmobiliario español que creció como una burbuja y estalló siendo uno de los primeros síntomas de la crisis europea. Los créditos educativos constituyen la vía que ofrece el “modelo” chileno para que las familias sostengan las cuotas que van desde 800 hasta miles de dólares mensuales en las universidades, incluida la estatal Universidad de Chile, e incluso para sostener cuotas de educación secundaria. El “modelo” se completa con la beatificación de la enseñanza vinculada a criterios de mercado. Cientos de estudiantes emigraron a universidades argentinas, mejores por su acceso sin aranceles y por su calidad; miles están en las calles reclamando su acceso a la educación como un derecho humano. Piñera sólo atina a reprimir y profundizar el modelo educativo pinochetista. El otro camino, democrático y popular, está en la Ley de Educación Nacional argentina de 2006 y las políticas sociales de los gobiernos de Néstor y Cristina.

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rolandocorrales

El socialismo de estos Muchachos MURIO hace rato tira mas a Cominismo la imagen.

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dariosso

luchen antes de q se hundan...

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hectordylan
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