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El juez aceptó la apelación de Clarín

El juez aceptó la apelación de Clarín y el Estado evalúa un per saltum

Luego del fallo de Alfonso, el gobierno busca evitar que la Ley de Medios vuelva a ser suspendida. La idea es recurrir al máximo tribunal para que se expida sobre la cuestión de fondo. La Corte también debe resolver sobre la cautelar.




Luego de que el juez Horacio Alfonso decidiera aceptar la apelación presentada el lunes por el Grupo Clarín, el gobierno nacional apostará a interponer un recurso de per saltum para intentar llegar a la Corte Suprema y evitar así que la Ley de Medios vuelva a quedar suspendida, en medio de una madeja de presentaciones judiciales cruzadas. En paralelo, ayer, la Cámara Civil y Comercial tuvo que acceder a elevar al máximo tribunal el recurso extraordinario presentado por el Estado, en rechazo a la extensión de la medida cautelar dictada el pasado 6 de diciembre por los camaristas Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. Con estos movimientos, se terminará de configurar un escenario en el que la Corte deberá entender, por un lado, sobre la vigencia de las medidas cautelares que buscaron impedir la aplicación de la norma, y por el otro –de aceptar el recurso– también sobre la cuestión de fondo, que ya cuenta con un fallo de constitucionalidad favorable en primera instancia.
A todo o nada parece ser la estrategia judicial que ahora llevará adelante el gobierno para intentar evitar más dilaciones en torno de la aplicación de una ley votada por el Congreso hace más de tres años. Como anticipó Tiempo Argentino, Alfonso, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, había decidido conceder el recurso de apelación horas después de que fuera interpuesto por el multimedios, pero recién notificó ayer a las partes. El Estado no tenía previsto saltar la instancia de la Cámara Civil y Comercial, pero la resolución del magistrado dejó abierta la puerta para que pudiera interpretarse que dispuso la reinstauración de la medida cautelar dictada por los camaristas de la Sala I.
En sólo un párrafo, Alfonso dispuso aceptar la apelación del Grupo Clarín contra la resolución en primera instancia, que el viernes último rechazara un planteo de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y además dispusiera el levantamiento de toda medida cautelar dictada. "Concédese libremente el recurso de apelación interpuesto contra los puntos 2) y 3) de la parte resolutiva de la sentencia dictada en autos, debiendo elevarse" a la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial "en la forma de estilo", afirmó. Con este formulismo, la interpretación inmediata fue que el juez otorgó el pase a sus superiores con efecto "suspensivo", tanto de su rechazo al planteo de inconstitucionalidad del holding, como del punto 3 de su fallo que daba de baja la medida cautelar dictada el 6 de diciembre, con lo que en los hechos, la ponía nuevamente en vigencia.
A esto se sumó la decisión del fiscal Gerardo Di Masi de impulsar la investigación contra varios integrantes de la Cámara Civil y Comercial, que según el gobierno habrían sido parte de una maniobra conjunta con cinco de los miembros opositores del Consejo de la Magistratura para impedir la designación de jueces titulares para cubrir las vacantes de ese fuero, y en simultáneo nombrar de manera irregular a los subrogantes. El vértice sería el camarista y consejero Ricardo Recondo (ver aparte).
Todo este panorama apuntalaría el argumento del Estado para utilizar el per saltum, a raíz de la situación de "gravedad institucional" que envolvió a una ley que –recuso de apelación mediante y tras más de tres años de haber sido frenada por una cautelar– sólo tuvo plena vigencia durante 24 horas. A su vez, según pudo saber este diario, el recurso iría acompañado de un pedido de "celeridad" a los supremos para definir de una vez por todas la cuestión de fondo, algo que la misma Corte le había exigido tanto a Alfonso como a la Cámara.
ESCENARIOS. La Corte ya intervino en materia de cautelares en tres oportunidades anteriores dentro de esta misma causa. La última fue en rechazo de un per saltum heterodoxo que el gobierno intentó ante la decisión de los camaristas de apurar una extensión de la cautelar antes del 7D. Allí recomendó la vía del recurso extraordinario, que finalmente ayer sin más remedio fue elevado por la Cámara, pero con efecto devolutivo, con lo que mantuvo vigente la cautelar. Ahora la Corte deberá echar luz acerca de si la concesión de una extensión por parte de la Cámara no fue un "alzamiento" –como dejó sentado el juez Eugenio Zaffaroni– contra un pronunciamiento previo del tribunal, que había ordenado el cese de medidas de este tipo. En esta decisión se juega la posibilidad de la AFSCA para avanzar de oficio en el proceso de adecuación de Clarín. Si lo declarara abstracto porque ya hubo sentencia en primera instancia, también haría caer cualquier posibilidad de que haya una cautelar que impida continuar con los procesos administrativos de hecho. En tanto que si rechazara el per saltum, el expediente volvería a la Cámara para que esta se expida siguiendo el curso normal.
Con este horizonte que planteará el gobierno, la presión sobre la declaración de constitucionalidad y la aplicación de la Ley de Medios en sí, descansará más temprano que tarde en cabeza del máximo tribunal, destino final de la compleja trama judicial que comienza a desanudarse. «

La corte despidió el año con periodistas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, encabezó ayer el brindis de fin de año del máximo tribunal junto a periodistas y empresarios de medios, y allí explicitó: "Queremos que haya un sano debate plural sobre las decisiones judiciales."
"Para nosotros es de gran importancia que el pueblo conozca las decisiones judiciales y pueda entender los argumentos. Los jueces mejorarán si las sentencias son sometidas a la crítica, obviamente a la crítica honesta. Que discutan y opinen es fundamental en una sociedad democrática", expresó.
El titular del máximo tribunal señaló, además, que "la relación de la Corte y de todo el Poder Judicial con el periodismo es una relación institucional, firme y duradera". De la reunión, que tuvo una importancia inédita por la cantidad y peso de las figuras periodísticas que esta vez accedieron al convite, participaron los ministros anfitriones Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. No estuvieron Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi, en general reticentes a este tipo de eventos. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Oval del Palacio de Tribunales.

"Versión mentirosa"

El director de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales de la AFSCA Daniel Larrache desmintió la versión del Grupo Clarín acerca de un supuesto desmantelamiento o afectación en el servicio de la empresa proveedora de Internet Fibertel. "Es absolutamente falso que la aplicación de la Ley de Medios vaya a desguazar Fibertel o afectar el servicio de cualquier otra empresa de Internet", marcó el funcionario. "La Ley 26.522 regula los servicios de comunicación audiovisual, televisión abierta, televisión por suscripción y radio, y nada tiene que ver con los servicios de Internet. Esa es una versión mentirosa y malintencionada, lanzada por el Grupo Clarín con el objetivo de confundir y atemorizar a los usuarios", aclaró Larrache.
Precisamente ayer, Larrache y el presidente del organismo Martín Sabbatella se reunieron en Suipacha 765 con Ariel Graizer, titular de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y conversaron sobre los alcances de la Ley de Medios y el desarrollo de las telecomunicaciones e Internet. Sobre los dichos del Grupo, Larrache insistió: "Con tal de conservar su posición dominante, le mienten a la sociedad y le dicen que si se aplica la ley antimonopólica, se va a afectar el servicio de Fibertel", opinó.
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