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El candidato que mejor mide para estas elecciones es Cristina Kirchner. Es la que mantiene la iniciativa política con medidas y acciones concretas. A pesar de una situación económica complicada, la oposición no ha podido instalar un solo tema de su agenda desde hace varias semanas. Pero la Presidenta ya no puede renovar. Las encuestas muestran que es la política con mejor imagen, pero los posibles candidatos del Frente para la Victoria, incluyendo a Daniel Scioli, no tienen los mismos resultados y el kirchnerismo tendrá que esforzarse si quiere ganar.

La semana que pasó hubo comicios presidenciales en Brasil, mañana serán en Bolivia y los próximos días habrá en Uruguay, además de la segunda vuelta en Brasil. De los gobiernos populares que rompieron con décadas de hegemonía neoliberal en América latina, los únicos que tienen perspectivas electorales relajadas son el de Rafael Correa en Ecuador y el de Evo Morales en Bolivia. Las proyecciones ponen a ambos dirigentes a años luz de sus competidores. Para los demás, los comicios implican un desafío. Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez, el candidato del FpV en la Argentina y el chavista que se presente en 2017 en Venezuela están cabeza a cabeza con sus competidores de la derecha.

Los únicos dos que no tienen problemas, Evo y Correa, son los que reformaron las constituciones para permitir sus reelecciones. En todos los demás se pondrán en juego nuevas o viejas figuras que deberán revalidar títulos para dar comienzo a una nueva etapa de estos procesos de integración e inclusión que fueron fundados por quienes ya no son, o no pueden ser, sus candidatos.

Los fundadores de estos procesos capitalizaron sus logros. Pero no se produjo una acción transitiva absoluta hacia quienes los sucedan. No se trata solamente de la existencia o no de una organización o de un proyecto explícito que sostenga esas transiciones. Aun cuando esas organizaciones sean fuertes, como es el caso del PT en Brasil, los nuevos candidatos heredan sólo una parte del capital que acumularon sus antecesores. En Brasil, Dilma no es Lula. Ella recibe una porción de los votos que tuvo Lula y la otra parte está obligada a disputarla. Lo mismo sucede en Argentina, Venezuela y Uruguay. El presidente José Mujica terminará su gestión con el 60 por ciento de imagen positiva, pero Tabaré, que ya fue presidente, deberá disputar voto a voto en la segunda vuelta con los blancos. En Ecuador y Bolivia este fenómeno se manifiesta de otra forma, pero es más fuerte aún porque allí nadie podría imaginar siquiera quiénes serían los candidatos si no estuvieran Evo y Correa.

En el plano más amplio de las definiciones políticas, que es el electoral, la identificación personal aparece como más fuerte que las demás posibles: organización, partido, ideología, proyecto. Por lo menos es así cuando hay una renovación de las identidades políticas. El kirchnerismo, que inician Néstor y Cristina Kirchner, es una expresión renovada del peronismo y además suma otras corrientes que no son peronistas. El PT, que renovó la izquierda brasileña, fue fundado por Lula, y Dilma es la primera que trata de reemplazarlo como presidenta y candidata.

Estos procesos surgieron en un punto de inflexión a fines y principios del milenio pasado con el quiebre de los modelos neoliberales. Lula, Néstor y Cristina, Chávez, Correa o Evo iniciaron estos procesos de transformaciones populares en sus países. Cada uno frente a realidades diferentes y puntos de partida también diferentes. El PT y el Frente Amplio uruguayo habían perdido varias elecciones, pero fueron identificados a nivel masivo como opción de poder recién a partir de que fueron gobierno y asumieron los reclamos populares que habían sido relegados en las nuevas democracias.

Como ha sucedido históricamente, esas aperturas constituyeron nuevas identidades políticas (pese a que algunas de ellas venían de antes), pero muy centradas en los dirigentes que las iniciaron.

Con la misma sincronía con que empezaron, estos procesos entran ahora en una nueva etapa. Son todos movimientos que dejaron atrás los paradigmas de las dictaduras del proletariado o democracias populares y han asumido las reglas de juego de la democracia formal con elecciones libres. Ya han revalidado su legitimidad en las urnas más de una vez y la mayoría sorteó los atentados antidemocráticos de sus oposiciones derechistas, supuestamente “democráticas” y “republicanas”, que instrumentaron golpes de mercado, golpes judiciales, militares, policiales, parlamentarios y hasta intentos separatistas. En todos los casos sufren feroces campañas de difamación y mentiras por parte de los medios concentrados de comunicación.

Pero la etapa que se abre es todavía más difícil porque pasar del candidato fundador a un candidato normal pone en riesgo la permanencia en el gobierno. Y la permanencia en el gobierno es la que les otorgó una identidad. Ser opción de poder es muy diferente a la idea de contrapoder de la cual proviene la mayoría de estos movimientos. Está el temor subyacente de que si se pierde el gobierno, se pierde una identidad. Una opción de poder, cuando no está en el gobierno, lo disputa, y cuando lo gana, lo ejerce. El contrapoder no hace nada de eso y en un punto se convierte en funcional al poder establecido. Así sucede con las izquierdas sectarias y con las propuestas autogestionarias que se marginan de la sociedad y la política.

Participar en el juego democrático es asumir un compromiso que no asegura la permanencia eterna en el gobierno, pero que exige disputar el poder permanentemente de todas las formas posibles y usando toda la caja de herramientas políticas y económicas legales. La democracia exige una vocación de poder mayor aún de la que necesitan los partidarios de regímenes que se perpetúan por la fuerza. Porque en democracia el gobierno se puede perder y hay que buscar las formas democráticas de mantenerlo o de volver a ganarlo. La derecha trata de esconder ese valor, requerible para la participación democrática, detrás de una especie de juicio ético. Para ellos, una cosa es un idealista romántico –tan inofensivo y simpático– y otra es el que disputa poder. Lo primero se permite y lo demás es corrupción, igual que la política. Una política popular con vocación de poder es pecado mortal. El mensaje de la reacción conservadora siempre es contra la política y contra cualquier acción que muestre vocación de poder. Se puede ser todo lo anarquista o izquierdista que se quiera, pero sin hacer política ni disputar poder. Bajo ese paraguas tan conveniente, muchos de los comunicadores de la oposición se definen graciosamente como izquierdistas o progresistas con lo que son usados además para legitimar el falso democratismo de esos medios reaccionarios.

El riesgo está en confundir al poder con un fin en sí mismo, por eso, lo primero que aclaró Néstor Kirchner, fue que no iba a dejar sus principios afuera de la Casa Rosada.

Es una etapa difícil porque además de que los candidatos fundadores dan paso a candidatos normales, la transición se produce en una coyuntura de fuerte desaceleración de la economía. Esta situación alimenta el malestar de las capas medias que, a pesar de haber sido las más favorecidas por estos procesos, oscilan entre el respaldo y la oposición. La Argentina y Brasil han sido los dos países de la región donde más ha crecido la clase media en estos diez años. Comparada con 2003, la clase media argentina se duplicó. Sin embargo, de ella provienen los sectores más recalcitrantes y hasta violentos de la oposición. Las ciudades de Buenos Aires y San Pablo, que han sido muy beneficiadas por las políticas de sus gobiernos nacionales, en especial sus barriadas populares, constituyen baluartes derechistas emblemáticos.

Es una etapa donde juegan las múltiples variables de la democracia. Si los nuevos candidatos ganan, habrán superado esa transición. Si no lo hacen, la novedad será que habrá en el llano movimientos populares con vocación de poder, o sea opciones concretas para los intereses populares. El llano quiere decir además bloques legislativos nacionales, provinciales y municipales, intendentes y gobernadores y otra gran cantidad de resortes institucionales. Ese entramado amortiguará la reacción conservadora cuando quiera avanzar sobre los logros que se alcanzaron en estos años. Es difícil, por ejemplo, que Brasil, Uruguay o Argentina abandonen de la noche a la mañana al Mercosur y otros organismos de integración regional, como vienen anunciando desde la oposición en estos países. El desafío de los procesos populares en la región es tratar de consolidar lo que se avanzó, en un contexto económico difícil para la mayoría de los países y con una fuerte presión para la restauración conservadora. Los procesos electorales serán sólo uno de los obstáculos que deberán sortear porque estos procesos ya no se pueden decidir en una sola coyuntura.

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