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Firme ofensiva contra el cepo bancario buitre



Los bancos que “incumplen sus obligaciones” son el eje de la estrategia que busca sumar a los bonistas.

A la intimación al Bank of New York Mellon y a la sucursal local del Citibank, el Gobierno le sumó una comunicación legal que apunta a recordarles a los bonistas del canje su derecho a reclamar los fondos retenidos.

Con una batería de iniciativas legales desplegadas ayer, el equipo económico pretende garantizar a los acreedores el cobro de los fondos depositados por el país a fines de junio y la recepción de los próximos pagos el 30 de septiembre. Las intimaciones formales al Bank of New York Mellon (BoNY) y a la sucursal argentina del Citibank a las que accedió este diario, junto con un aviso legal destinado a los tenedores de bonos del canje publicado hoy, persiguen un doble objetivo: prevenir potenciales reclamos contra el país de los acreedores reestructurados que sumen tensiones financieras en el corto plazo y allanar el terreno para desplazar al agente de pago o promover un cambio de jurisdicción.

Desde el Ministerio de Economía indican ante cada consulta de Página/12 que ningún camino está definido. Todas las alternativas son complejas y tienen costos, reconocen. Tampoco descartan la emergencia de un arreglo entre los fondos buitre y terceras partes interesadas. Sin embargo, enfatizan la necesidad de tomar la iniciativa en el frente legal y promover que un mayor número de bonistas se involucren en el reclamo a los agentes de pago. Un grupo de fondos de inversión con bonos en euros regidos por la ley inglesa ya comenzaron a explorar esa vía.
Cumpla y pague

“No está en discusión que Argentina pagó los montos correspondientes en tiempo y forma como establece el contrato al depositar los fondos en una cuenta del fiduciario. En otras palabras, Argentina pagó”, enfatiza la nota de intimación enviada al BoNY. El texto que deberá ser distribuido por el banco entre los bonistas del canje afirma que “la República está resuelta a continuar pagando los vencimientos de sus bonos del canje y reclamarle al juez Thomas Griesa la remoción de los impedimentos que actualmente parecen interferir con la correcta administración de los pagos realizados por el país”. Pero la misiva enviada por la cartera a cargo de Axel Kicillof da un paso más. Advierte que la entidad financiera será responsabilizada en la Justicia “por cualquier perjuicio que sufra el país como resultado de sus actos y omisiones” y agrega que le reclamará una indemnización.

Entre los planteos que realiza el área legal del Palacio de Hacienda se destaca el señalamiento sobre el pasivo cumplimiento de las órdenes de Griesa que bloquearon el curso normal de los 539 millones de dólares depositados por el país el 26 de junio. “La conducta del BoNY genera importantes dudas sobre el desempeño de sus obligaciones como fiduciario. El banco puso sus intereses y los de los demandantes por sobre aquellos de los bonistas del canje, violando sus obligaciones contractuales. De hecho, el BoNY ha estado más preocupado por la visión del juez Griesa sobre el banco en lugar de buscar los pasos a seguir para asegurar que los fondos en su poder en nombre de los bonistas lleguen a sus dueños”, sostiene la carta escrita en inglés.

La intimación afirma que el banco incumplió con el contrato, ya que no sólo retiene una propiedad de los acreedores, sino que no procedió a buscar mecanismos para remediar inmediatamente esa irregularidad en instancias legales superiores. Además, la intimación recuerda que, durante el extenso recorrido de la causa por las diferentes instancias de la Justicia de Estados Unidos, el BoNY presentó un escrito donde argumentaba que la Corte del Distrito Sur de Nueva York no tenía jurisdicción para atar al BoNY a sus órdenes. Un argumento que, aunque no fue descartado por la Cámara de Apelaciones, no volvió a ser esgrimido por los representantes legales del banco.
48 horas al Citibank

Los cuestionamientos a la sucursal argentina del Citibank, a cargo del pago de los vencimientos de interés de los bonos en dólares regidos por ley local, son todavía más contundentes. Economía recuerda lo evidente: “La entidad registrada, constituida y autorizada para operar en Argentina conforme la Ley de Entidades Financieras” tiene como función “el pago de los intereses de los bonos argentinos del canje sujetos a ley y jurisdicción argentina efectuados en nuestro país”. En este sentido, la intimación advierte que solicitar instrucciones a Griesa sobre cómo proceder es innecesario.

Hasta ahora, el magistrado sólo habilitó la transferencia de los fondos “por única vez”. Por eso, se intimó al Citibank “para que en el término de 48 horas informe a la Secretaría de Finanzas la actitud que adoptará en relación a la distribución de los próximos pagos”. El vencimiento siguiente llegará el 30 de septiembre y corresponde a los bonos Par.
Despabilar bonistas

“Le recordamos a los bonistas, que existen varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición en virtud del Trust Indenture, para el caso que el Agente Fiduciario incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que la República Argentina ha realizado a su favor”, explica el aviso legal que hoy publicaron diferentes diarios locales y extranjeros. El texto apunta directamente al artículo del contrato donde se estipulan las condiciones para remover al BoNY y las potenciales modificaciones a las condiciones financieras del convenio que rige el funcionamiento de los bonos. “El presente aviso no deberá interpretarse o entenderse como asesoramiento legal por parte de la República Argentina”, advierte Economía.

Griesa, el bloqueador serial

En respuesta a un pedido del agente de pagos, el magistrado de Nueva York ratificó el congelamiento de los fondos depositados por la Argentina el 26 de junio en favor de bonistas que participaron de la reestructuración de la deuda.

El juez Thomas Griesa ratificó ayer su orden al Bank of New York Mellon (BoNY) de mantener retenidos los fondos que depositó Argentina el 26 de junio pasado para cubrir un vencimiento de deuda. La aclaración del magistrado fue en respuesta a un escrito presentado ayer mismo por el BoNY, donde solicitó un amparo legal frente al avance judicial que preparan bonistas europeos contra ese ente fiduciario por incumplimiento de su deber de trasferir el dinero (ver página 11). “No podrá realizar ni permitir ninguna transferencia de los fondos a menos que eso le sea ordenado”, sostuvo el juez de Manhattan al banco, a quien le quitó toda responsabilidad legal ante las decisiones que tome su tribunal.

El gobierno argentino depositó fondos equivalentes a más de mil millones de dólares en concepto de intereses de bonos Discount, producto de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Este dinero fue trabado por el juez Griesa de inmediato, aunque fue liberando paulatinamente series correspondientes a legislación argentina a cargo del Citibank, JP Morgan, Euroclear y Clearstream, tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, todavía mantiene congelados 539 millones de dólares de las emisiones con legislación estadounidense y europea, con el objetivo de forzar al país a sentarse a negociar con los fondos buitre. Tanto Argentina como los tenedores de los bonos canjeados ya advirtieron que se reservan la posibilidad de recurrir a los tribunales en Estados Unidos o el extranjero para denunciar al banco.

Esta situación ameritó un duro cruce entre tenedores de bonos argentinos nominados en moneda y bajo legislación del Viejo Continente y las autoridades del BoNY por el acceso de los fondos depositados por el Estado el 26 de junio. Los denominados Euro Bondholders solicitaron a Griesa que ordene la liberalización de los fondos con legislación europea sobre los que su tribunal no tiene competencia. También apuntaron contra el BoNY por incumplimiento de su función de agente fiduciario y advirtieron que la Corte distrital de Manhattan no está en condiciones de exonerar al banco de responsabilidad ante reclamos en tribunales extranjeros. Ante la posibilidad de verse acorralado por una inminente ola de demandas, el BoNY pidió auxilio a Griesa, colocándose al amparo de esa jurisdicción.

La respuesta a esa carta fue inmediata: “El BoNY debe retener los fondos en sus cuentas en el Banco Central de la República Argentina esperando una nueva orden de este tribunal, y no debe hacer o permitir ninguna transferencia, salvo que sea ordenada por esta Corte”, sostiene la orden de Griesa. Sin respuesta a los cuestionamientos por haberse excedido en la jurisdicción de su orden, reiteró el congelamiento. Durante la jornada, el Gobierno difundió una nota a los tenedores reestructurados, en la que remarca “el derecho absoluto e incondicional de los bonistas al cobro de los montos depositados, siendo ese patrimonio propiedad exclusiva de los bonistas”.

Al igual que los bonistas que no pudieron cobrar el servicio de deuda de junio último, el Gobierno accionará contra el BoNY –y el Citibank Argentina– por incumplimiento de las obligaciones del fideicomiso, lo que motivó también el pedido de respaldo del BoNY a Griesa. “Argentina no dará pasos para interferir en la retención de los fondos. El BoNY no tiene responsabilidad bajo el contrato que gobierna los bonos canjeados u otra persona o entidad por obedecer la orden”, agrega al escrito de Griesa, que busca inmunizar con su omnipotencia a la entidad. El magistrado intenta sostener así la presión sobre las autoridades argentinas para que se sienten a negociar con los fondos buitre, mientras al mismo tiempo busca amparar al BoNY de probables juicios.

Un banco sin culpas

“Simplemente el Bank of New York Mellon no debe ser responsable por haber retenido el pago del 26 de junio, en cumplimiento de los requerimientos judiciales”, se defendió ayer el ente fiduciario en una nota enviada al juez neoyorquino Thomas Griesa. La carta, firmada por el abogado Eric Schaffer, responde a la misiva de los tenedores de deuda argentina bajo jurisdicción europea, quienes anticiparon que accionarán contra el BoNY si no se liberan los fondos depositados por el Estado argentino para el pago del vencimiento del bono Discount. El escrito de Schaffer mantiene una posición de fidelidad con la ley de su país.

“Es indudable que la obediencia a las órdenes judiciales es una política pública importante. Una orden judicial emitida por un tribunal debe ser obedecida hasta que el requerimiento sea retirado. Todas las partes y las no partes interesadas (en el caso) están de acuerdo con que la retención del dinero del BoNY en sus cuentas respeta totalmente los requerimientos del tribunal y mantiene el statu quo”, sostiene la carta enviada al magistrado del circuito de Manhattan. El BoNY mantiene, por orden de Griesa, congelados en sus cuentas en el Banco Central argentino el equivalente a 539 millones de dólares que son propiedad de los tenedores de deuda argentina tanto con legislación estadounidense como europea. Ante esto, los bonistas europeos reclamaron la falta de autoridad de Griesa con respecto a la serie europea.

El BoNY asegura que “el tribunal (de Estados Unidos) tiene la autoridad para emitir la orden propuesta y debería hacer ejercicio de su poder por el beneficio de la no parte del Bank of New York Mellon, que está comprometida con los requerimientos de esta corte y actuó en consonancia con ellos”, agrega Schaffer, quien califica de “amenazas” la presentación de los denominados Euro Bondholders.

“El tribunal no debe recompensar a los tenedores de bonos en euros por amenazar con presentar demandas en tribunales en el extranjero con el propósito expreso de deshacer las acciones de cesación de este tribunal”, señala el texto del banco fiduciario, que fue intimado por el gobierno argentino para que cumpla con el contrato del fideicomiso y distribuya los fondos a los bonistas.

“Carece de autoridad”

“El Bank of New York está invitando a esta Corte a dictar una orden de la que carece de autoridad para emitir”, afirma la misiva enviada esta semana por los tenedores europeos de deuda argentina al juez neoyorquino Thomas Griesa. El magistrado mantiene bloqueado para esos bonistas el acceso a los fondos depositados por el Estado nacional el 26 de junio en concepto de vencimientos del bono Discount. “Este tribunal simplemente carece de total autoridad para fallar sobre demandas no especificadas y que están regidas por ley extranjera”, agrega la carta redactada por el abogado Christopher J. Clark. El letrado, que representa a estos bonistas con deuda argentina emitida bajo la ley de Reino Unido, adelantó que sus patrocinados “presentarán una apelación contra el tribunal del segundo circuito de Estados Unidos, inmediatamente”.

Los denominados Euro Bondholders advirtieron a Griesa que su tribunal carece de competencia para mantener el bloqueo de los fondos en el BoNY. La misiva sostiene que la orden del juez afecta a “partes no implicadas en este litigio –entre la Argentina y un grupo de fondos buitre”–, y reitera que “son casos fuera de su jurisdicción”. La orden de Griesa mantiene bloqueados todavía 539 millones de dólares en las cuentas del BoNY. “El BoNY no ha señalado nunca a ninguna autoridad de que otorgaría a ese tribunal el poder de presuntamente exonerarlo de responsabilidad de reclamos que todavía no se han hecho en su contra, y que ni siquiera se rigen por leyes estadounidenses”, dijeron los bonistas en la carta a Griesa.

Bajo ese argumento, los bonistas europeos solicitaron que se deniegue la invitación del BoNY de emitir “una opinión consultiva inadecuada que viole el debido proceso y que quedaría sin efecto en los Estados Unidos o en jurisdicciones extranjeras”. Por tal motivo, solicitaron a Griesa que ordene al ente fiduciario la transferencia de los fondos a los bonistas, debido a que son “terceras partes inocentes en este litigio y poseen un indiscutible derecho de recibir los pagos”. “A menos que al tribunal (distrital) ordene al BoNY transferir los pagos del 26 de junio a los tenedores de bonos en euros y a otros bonistas, el banco estará expuesto a responsabilidad en cortes extranjeras”, amenaza la carta. Griesa, sin embargo, ratificó ayer que el BoNY debe mantener los fondos inmovilizados.

La opción privada

En los pasillos de instituciones financieras corre la información de que un conjunto de bancos internacionales, liderados por el JP Morgan Chase, el Citibank y el HSBC, negocia con los fondos buitre destrabar los pagos a los bonistas del canje, según consignó ayer la agencia Reuters. De esa forma, los bancos podrían proteger el valor de sus activos, ya que tienen títulos de deuda argentina. Según la agencia, el acuerdo se podría concretar la próxima semana. Hace diez días los bancos de capital nacional encabezados por el Macro intentaron mediar, pero fracasaron. No sólo los mismos fondos buitre descalificaron esa oferta, sino que el Gobierno advirtió que el acercamiento encubría dos irregularidades. Por un lado, el Banco Macro y el Galicia tienen fuerte participación de la Anses en su paquete accionario, de modo que algún juez podría interpretar que era el Estado el que, en forma solapada, estaba negociando, incumpliendo la cláusula RUFO. Pero además, los bancos querían asegurar la operación con un fondo compuesto por los depósitos de los ahorristas argentinos.

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