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Flexibilizarán las condiciones de reclusión para presos





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Uruguay:

Flexibilizarán las condiciones de reclusión para unos 300 presos

Sistema carcelario. Presos con un saldo de pena de hasta diez años podrían ser alojados en chacras con condiciones de seguridad mínimas. Ejército seguirá a cargo de vigilar perímetros

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) elevará al Ejecutivo una propuesta para flexibilizar las condiciones de reclusión de presos que aún tengan por cumplir más de cinco años de pena. Se beneficiarían más de 300 reclusos.

Equipos técnicos del INR preparan un proyecto para que reclusos que aún deben cumplir más de cinco (incluso ocho o diez) años de prisión puedan ser recluidos en chacras de mínima seguridad.

La iniciativa prevé modificaciones al decreto ley de 1975, reglamentado en 1978, que establece las condiciones que deben cumplir los presos para acceder a condiciones de reclusión benévolas en los denominados "centros de confianza" o "chacras" penitenciarias que tienen medidas de seguridad mínimas. Legisladores del Frente Amplio mostraron disposición a votar las modificaciones.

La ley establece que solo pueden ser admitidos en dichos establecimientos quienes, además de superar evaluaciones personales, reúnan, como condición mínima indispensable, "media pena o probable media pena cumplida, según se trate de penados o procesados, respectivamente; saldo de pena no mayor de cinco años, ni menor de un año efectivo o presunto, según se trate de penados o procesados; y edad máxima cincuenta y cinco años".

El director del INR, Insp. Ppal. Luis Mendoza, dijo a El País que "un grupo de técnicos trabaja en la revisión de la ley que establece condiciones muy exigentes para que los reclusos puedan ser derivados a las chacras". Actualmente, a cargo del INR se encuentran las chacras de Libertad y Canelones, el año próximo se concretará el pasaje de las que se encuentran en varios departamentos del interior del país. Mendoza dijo que se trata de un régimen de reclusión "de confianza" que ha dado "muy buenos resultados".

"En las chacras no hay un perímetro de seguridad limitado y los reclusos realizan tareas agrícolas-ganaderas. En Libertad, por ejemplo, tienen habitaciones individuales donde pueden recibir a sus visitas. Los reclusos trabajan, estudian, tienen criaderos, cultivan la tierra. Es un muy buen sistema que se puede ampliar a otros presos", indicó Mendoza.

En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, planteó a la Comisión legislativa de Seguimiento del Sistema Carcelario que las condiciones exigidas en la ley vigente son muy rígidas e impiden que un importante número de presos, que calculó en el orden de 300, pueda acceder a condiciones más flexibles de reclusión.

"En la ley se establece que además de tener buena conducta intracarcelaria, la persona no debería tener un saldo de pena mayor a cinco años. Creo que este es un término muy limitado; en la práctica hay muchas personas que tienen un saldo pendiente un poco mayor -que puede ir hasta los ocho o diez años- y que, sin embargo, tienen las condiciones para estar en esos centros de confianza. Una primera cuestión que el Poder Ejecutivo debería revisar es este límite, este cerrojo por el cual una persona, por mejor conducta intracarcelaria que tenga, si tiene un saldo de pena mayor a cinco años, estaría imposibilitada de acceder a este régimen de confianza. Creo que habría que revisar este plazo y pensar, eventualmente, en un término de diez años", sostuvo.

También se plantea modificar el tope de 55 años fijado por la ley. "Algunos mayores de esa edad poseen una conducta intracarcelaria muy buena o excelente y, en principio, tendrían derecho a postularse para ingresar en estos centros de confianza. ¿Por qué excluir a priori, cuando hay personas que perfectamente pueden estar en estos centros de confianza?", dijo.

Actualmente hay unos 400 reclusos en las chacras y de cambiar las condiciones podrían pasar a ser 700. Garcé destacó que quienes van a las chacras o centros abiertos generalmente no reinciden porque están trabajando permanentemente.

El planteo de Garcé fue apoyado por los legisladores del Frente Amplio en la comisión. El senador Daniel Martínez (PS) se comunicó ayer con el ministro (interino) de Interior, Jorge Vázquez, para coordinar el trámite de proyectos de ley que requieren ser aprobados antes de fin de año.

Martínez dijo a El País que uno de los temas tratados fue el de flexibilizar las condiciones de reclusión. "Estuvimos viendo este tema a partir de ejemplos concretos. La vigente es una ley que ha sido bastante estricta y puede flexibilizarse en el marco de facilitar el proceso de recuperación de los internos. Todos valoramos que el trabajo sea la base de la recuperación", señaló Martínez.

Este tema será analizado con el ministro Eduardo Bonomi el próximo 29 de noviembre, cuando concurra a la última sesión del año de la Comisión de Seguimiento Carcelario.

Por otra parte, en próximas semanas el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que prorrogará la presencia del Ejército en la vigilancia de los perímetros carcelarios y la potestad de recurrir a unidades del Ministerio de Defensa en caso de configurarse una crisis carcelaria. El Ministerio de Defensa se encarga de la guardia perimetral desde 1997. Comenzó en el Comcar y luego fue extendiendo su presencia hacia Libertad, Canelones, Maldonado, Punta de Rieles y Rivera.

El Ejecutivo ya decidió que prorrogará la tarea que debía pasar este año a manos de la Policía. Garcé consideró "indispensable" extender por ley el plazo hasta 2015. El Ejecutivo no definió el plazo que fijará en el proyecto de ley.

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