Franco Casco: Desaparecer lejos de casa
Franco era un pibe de 20 años que laburaba de albañil en Florencio Varela y que a principios de octubre del 2014 viajó a Rosario a visitar a unos familiares. Esas mini vacaciones terminaron cuando se topó con la policía santafesina.
Por Magdalena Páez
[email protected]
El 6 de octubre a la noche Franco llamó desde Rosario a su madre, Elsa Godoy, para avisarle que estaba por ir a tomar el tren de regreso y que quería que fuera a buscarlo a Retiro. Una de sus hermanas fue a esperarlo pero Franco nunca llegó.
Su tía, quien vive en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario y había hospedado a Franco durante su estadía, se acercó a la Sub Comisaría 20ª para avisar de su desaparición pero le dijeron que tenía que esperar 48hs para que tomen su denuncia, una disposición que no existe en ningún protocolo formal.
Ante la falta de respuestas, sus padres viajaron a Rosario y comenzaron su búsqueda. Pegaron carteles con la cara de su hijo y un teléfono. Esos panfletos, al igual que Franco, desaparecieron. Finalmente recibieron el dato de que Franco había pasado por una comisaría antes de desaparecer. Pero no era cualquier comisaría…
La Séptima es una comisaría emblemática de Rosario ya que es la comisaría involucrada en el asesinato de Sandra Cabrera, la líder de la Asociación de Mujeres Meretrices que denunciaba una serie de delitos y apuntaba al aparato policial, es donde estaban también los negocios con la mafia narco, donde se acumulan mes a mes las denuncias por torturas y abusos policiales. Una comisaría en donde la policía no ha sido depurada y no ha cambiado.
Según la versión policial el martes 7 de octubre Franco estuvo detenido ahí entre las 13 y las 22hs y fue registrado como Franco Godoy ya que no tenía documentación ni pertenencias pese a que había salido de la casa de su tía con su documento, una mochila, el boleto del tren y dinero en efectivo.
Dicen que fue arrestado por desacato (resistencia a la autoridad) y que estaba borracho y drogado.
Dicen que fue revisado por una médica y que ésta afirmó que se encontraba “como perdido”, fuera de tiempo y espacio.
Dicen que Franco se fue caminando de la seccional.
El 14 de octubre el caso llegó a la Fiscalía y fue tomado por el fiscal Guillermo Apanowicz quien tuvo una participación lamentable durante la búsqueda, al negar sistemáticamente las irregularidades policiales. También fue lamentable lo del Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe, Ignacio Del Vecchio, quien no sólo afirmó hace apenas unos días que más de mil uniformados están siendo investigados en la provincia por posibles irregularidades y no apartó a nadie de la comisaría séptima después de lo de Casco sino que el 30 de octubre por la mañana difundía la versión de que tres testigos habían visto a Franco pidiendo ropa en una parroquia evangelista.
Ese mismo día, a 23 días de comenzada la búsqueda, alguien llamó al 911 para informar que había un cuerpo flotando en el río Paraná a la altura del Parque España, en pleno centro de Rosario. Era Franco.
EL ESTADO ES RESPONSABLE
Además de soportar las versiones en los medios de comunicación que quisieron culpar a Franco de su propia muerte calificándolo de drogadicto, violento y hasta de suicida, la familia tuvo que aguantar la desidia por parte de funcionarios municipales y provinciales que nunca, ni durante su búsqueda ni después, se acercaron para ofrecer ayuda o para comprometerse en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido. Como siempre, parece que el único compromiso que tiene el socialismo es con el encubrimiento del accionar de la policía. La policía que sustenta el narcotráfico, que protege a proxenetas y sus redes de trata, que asesina jóvenes laburantes y que supera los 300 casos de torturas y abusos en sus comisarías en el último año. El socialismo le da a esa policía el segundo mayor presupuesto de la provincia y una protección extremadamente repulsiva.
La causa, caratulada finalmente como “desaparición forzada de persona” llegó al fuero federal y es encabezada por el Juez Carlos Vera Barros.
La familia de Franco, la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de DDHH de la Nación formalizaron ya la solicitud para constituirse como querellantes y poder señalar responsables, juntar pruebas para esclarecer el caso y así, además de juzgar a los culpables, mostrarles a Hermes Binner y a Antonio Bonfatti que eso de ser torturado, asesinado y estar desaparecido casi un mes no es algo que pase en una provincia muy ‘normal’.
Por Magdalena Páez
[email protected]
El 6 de octubre a la noche Franco llamó desde Rosario a su madre, Elsa Godoy, para avisarle que estaba por ir a tomar el tren de regreso y que quería que fuera a buscarlo a Retiro. Una de sus hermanas fue a esperarlo pero Franco nunca llegó.
Su tía, quien vive en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario y había hospedado a Franco durante su estadía, se acercó a la Sub Comisaría 20ª para avisar de su desaparición pero le dijeron que tenía que esperar 48hs para que tomen su denuncia, una disposición que no existe en ningún protocolo formal.
Ante la falta de respuestas, sus padres viajaron a Rosario y comenzaron su búsqueda. Pegaron carteles con la cara de su hijo y un teléfono. Esos panfletos, al igual que Franco, desaparecieron. Finalmente recibieron el dato de que Franco había pasado por una comisaría antes de desaparecer. Pero no era cualquier comisaría…
La Séptima es una comisaría emblemática de Rosario ya que es la comisaría involucrada en el asesinato de Sandra Cabrera, la líder de la Asociación de Mujeres Meretrices que denunciaba una serie de delitos y apuntaba al aparato policial, es donde estaban también los negocios con la mafia narco, donde se acumulan mes a mes las denuncias por torturas y abusos policiales. Una comisaría en donde la policía no ha sido depurada y no ha cambiado.
Según la versión policial el martes 7 de octubre Franco estuvo detenido ahí entre las 13 y las 22hs y fue registrado como Franco Godoy ya que no tenía documentación ni pertenencias pese a que había salido de la casa de su tía con su documento, una mochila, el boleto del tren y dinero en efectivo.
Dicen que fue arrestado por desacato (resistencia a la autoridad) y que estaba borracho y drogado.
Dicen que fue revisado por una médica y que ésta afirmó que se encontraba “como perdido”, fuera de tiempo y espacio.
Dicen que Franco se fue caminando de la seccional.
El 14 de octubre el caso llegó a la Fiscalía y fue tomado por el fiscal Guillermo Apanowicz quien tuvo una participación lamentable durante la búsqueda, al negar sistemáticamente las irregularidades policiales. También fue lamentable lo del Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe, Ignacio Del Vecchio, quien no sólo afirmó hace apenas unos días que más de mil uniformados están siendo investigados en la provincia por posibles irregularidades y no apartó a nadie de la comisaría séptima después de lo de Casco sino que el 30 de octubre por la mañana difundía la versión de que tres testigos habían visto a Franco pidiendo ropa en una parroquia evangelista.
Ese mismo día, a 23 días de comenzada la búsqueda, alguien llamó al 911 para informar que había un cuerpo flotando en el río Paraná a la altura del Parque España, en pleno centro de Rosario. Era Franco.
EL ESTADO ES RESPONSABLE
Además de soportar las versiones en los medios de comunicación que quisieron culpar a Franco de su propia muerte calificándolo de drogadicto, violento y hasta de suicida, la familia tuvo que aguantar la desidia por parte de funcionarios municipales y provinciales que nunca, ni durante su búsqueda ni después, se acercaron para ofrecer ayuda o para comprometerse en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido. Como siempre, parece que el único compromiso que tiene el socialismo es con el encubrimiento del accionar de la policía. La policía que sustenta el narcotráfico, que protege a proxenetas y sus redes de trata, que asesina jóvenes laburantes y que supera los 300 casos de torturas y abusos en sus comisarías en el último año. El socialismo le da a esa policía el segundo mayor presupuesto de la provincia y una protección extremadamente repulsiva.
La causa, caratulada finalmente como “desaparición forzada de persona” llegó al fuero federal y es encabezada por el Juez Carlos Vera Barros.
La familia de Franco, la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de DDHH de la Nación formalizaron ya la solicitud para constituirse como querellantes y poder señalar responsables, juntar pruebas para esclarecer el caso y así, además de juzgar a los culpables, mostrarles a Hermes Binner y a Antonio Bonfatti que eso de ser torturado, asesinado y estar desaparecido casi un mes no es algo que pase en una provincia muy ‘normal’.
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