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Guerra Sucia en la Argentina (parteI)


Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones, represión ilegal, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la cual gobernó al país entre los años 1976 y 1983. La denominación alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. No obstante, la denominación como "guerra" es objetada por algunas organizaciones políticas y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido originariamente por la dictadura militar para justificar la represión indiscriminada. Una de las consideraciones tenidas en cuenta es la disparidad de víctimas de ambos lados, que hace inadecuada la definición de "guerra"; en su lugar, la moderna jurisprudencia argentina la ha definido como "genocidio".

Antecedentes de la Guerra Sucia
Antes de 1976, la violencia política en Argentina había ido escalando en un contexto internacional que la retroalimentaba (guerra fría, anticomunismo, movimientos de liberación nacional, foquismo, auge de la guerrilla).

De 1955 a 1966
Pocos meses antes del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en junio de 1955, aviadores militares de la Marina de Guerra bombardearon Plaza de Mayo causando más de 300 muertos. En 1956, ya producido el golpe militar, una sublevación peronista fue reprimida con el fusilamiento del General Juan José Valle y otros participantes, incluyendo un episodio de fusilamientos clandestinos en la localidad de José León Suárez (Buenos Aires).
En 1959 se produjo la Revolución Cubana, que tendría una fuerte influencia, sobre todo entre los jóvenes y a través de la figura del Che Guevara, en la promoción de la guerrilla urbana en América Latina, también llamada por entonces "la vía armada". Ese mismo año apareció la primera fuerza guerrillera a mediados de 1959 con el nombre de Uturuncos en la provincia de Tucumán.
El 14 de marzo de 1960 el presidente Arturo Frondizi ordena ejecutar el Plan CONINTES (Decreto 9880/58), militarizando las huelgas y la protesta social, deteniendo a cientos de opositores bajo jurisdicción militar y con sus derechos constitucionales restringidos.
En 1963 fue secuestrado y hecho desaparecer, el activista sindical Felipe Vallese, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM-CGT) a quien se considera generalmente el primer desaparecido de la historia argentina contemporánea, aunque algunos señalan que el primer desaparecido fue Juan Ingallinela, dirigente comunista asesinado por la policía santafecina en 1955.
Ese año el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) compuesto inicialmente por unos 12 guerrilleros y al mando del Comandante Segundo Jorge Masetti estableció una zona de operaciones en la provincia de Salta, por órdenes de Ernesto Che Guevara. En mayo de 1964 una patrulla de la Gendarmería descubre uno de sus campamentos, que terminará con la derrota del grupo.
En 1964 se produjo en Brasil el primero de una serie de golpes de estado de nuevo tipo que tenían como fin establecer dictaduras militares permanentes, categorizadas por el politólogo Guillermo O'Donnell como Estado burocrático-autoritario. El modelo se extendería a todo el Cono Sur, promovido desde la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en Panamá, bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en el marco de la Guerra Fría.

De 1966 a 1973
En 1966 se instaló la primera dictadura militar de tipo permanente en Argentina: la Revolución Argentina (1966-1973). Durante su curso la violencia política se dispararía. En las manifestaciones callejeras comenzaron a ser asesinados manifestantes al azar cuyos nombres (Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena, Adolfo Ramón Bello, Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina, etc.) fueron enarbolados bajo lemas como "la sangre derramada no será negociada". Comenzaron a sucederse una serie de asesinatos de líderes sindicales, militares, políticos y empresariales de primer nivel, de alto impacto en la opinión pública (Vandor, Aramburu, José Alonso, Sallustro, Juan Carlos Sánchez, Roberto Mario Uzal, Emilio Berisso). Estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres como Cordobazo, Rosariazo, Mendozazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Rocazo, Vivorazo. Se formaron las organizaciones guerrilleras Ejército de Liberación Nacional (ELN), FAR, FAP, Montoneros, ERP, que realizaron operaciones, copamientos, atentados y asesinatos de alto impacto. Entre 1971 y 1972 las organizaciones guerrilleras mataron a 95 policías y algunos militares.
El 22 de agosto de 1972 un grupo de guerrilleros detenidos fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew. Este hecho en particular fue luego considerado como la primera acción concreta del terrorismo de estado en la Argentina.

1973
En esas condiciones el gobierno militar decidió convocar a elecciones el 11 de marzo de 1973, donde ganó con el 50% de los votos el candidato presentado por el peronismo, Héctor Cámpora, ante la proscripción de Juan Domingo Perón. Pocos días después Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones libres, en la que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón, con el 62% de los votos. Menos de un año después, el 1 de julio de 1974, Perón falleció y debió asumir la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. En este período inmediatamente anterior al golpe militar de 1976, la violencia política agravó su escalada.
La organización guerrillera ERP permaneció militarmente activa luego de las elecciones de 1973, mientras que Montoneros informó que suspendía sus operaciones militares aceptando la amnistía propuesta por Cámpora. Pocos días antes de asumir el presidente Cámpora, fueron asesinados el Almirante Hermes Quijada por el ERP-22 de Agosto, y el dirigente sindical Dirk Henry Kloosterman, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA), por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 20 de junio de 1973, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, y ante una movilización de millones de personas jamás vista en la historia argentina, se produjo un enfrentamiento armado de enormes proporciones entre Montoneros y otros grupos de civiles armados, de tendencias peronistas antagónicas, en el cual murieron entre 13 y 25 personas y 365 heridos: el hecho es conocido como la Masacre de Ezeiza.
Durante todo 1973 se sucedieron atentados, secuestros y asesinatos. Entre ellos se destacó el sufrido el 25 de septiembre de 1973 que causó la muerte de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), realizado por Montoneros. Poco después, el 21 de noviembre de 1973 realizó su primer atentado la Triple A, una organización parapolicial de tendencia derechista, dirigida desde el gobierno por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega.
Simultáneamente Uruguay y Chile, dos países reconocidos por el respeto de la institucionalidad democrática, sobre todo el primero, sufrieron golpes de estado, conformando una situación subregional en el Cono Sur, donde Argentina aparecía como el único país en el que persistían las instituciones democráticas. Primero, el 27 de junio, se instaló una dictadura cívico-militar en Uruguay que permanecería en el poder hasta 1985. Luego, el 11 de septiembre de 1973 se produjo un sangriento golpe militar en Chile en el cual asumiría el poder el General Augusto Pinochet, quien se mantendría en el poder hasta 1990. Existieron conexiones estrechas entre las dictaduras militares establecidas en aquellos años en el Cono Sur, que se expresaron en el llamado Plan Cóndor y que en 1974 se manifestaron con el asesinato en Buenos Aires del ex Vicepresidente de Chile y ex Comandante en Jefe del Ejército chileno, General Carlos Prats, por haber sido colaborador del derrocado Presidente Salvador Allende.

1974
En enero de 1974 el ERP atacó la guarnición militar de Azul, muriendo el coronel Camilo Gay y su esposa. Ese año fueron también asesinados, entre otros, el dirigente sindical Rogelio Coria, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); el alto dirigente radical Arturo Mor Roig; el director del diario El Día de La Plata, David Kraiselburd; el dirigente sindical petrolero Carlos Pierini; el jefe de la Policía Federal Alberto Villar y su esposa; el Capitán Humberto Viola y su pequeña hija y, por organizaciones parapoliciales de derecha, el dirigente sindical y ex-gobernador justicialista de Córdoba, Atilio López; el abogado Silvio Frondizi; el sacerdote Carlos Mugica; el abogado Rodolfo Ortega Peña y decenas de militantes políticos de izquierda.
En agosto de 1974, el ERP atacó la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba) y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca en una acción en que murieron alrededor de 20 guerrilleros y tres miembros de las fuerzas de seguridad. El 6 de setiembre Montoneros pasó a la clandestinidad, y el 19 de setiembre conmovió al país con el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, dueños del poderoso grupo empresarial Bunge & Born que es considerado el secuestro y extorsión más grande de la historia, estimado en 60 millones de dólares. En 1974 murieron asesinadas 187 personas a causa de la violencia política.

1975
El año 1975 registró una extremadamente alta violencia política agravada por un serio vacío de poder. En ese año de 1975 las organizaciones armadas irregulares concretaron acciones de muy alto impacto. Montoneros incursionó por primera vez en el copamiento de una unidad militar, asaltando a la guarnacion militar de Formosa el 5 de octubre. Por su parte el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) trató de tomar el cuartel militar de Monte Chingolo (Provincia de Buenos Aires) el 23 de diciembre, y en el hecho perdieron la vida gran cantidad de sus combatientes.
En 1975 la cantidad de asesinatos de impacto público disminuyeron (John Patrick Egan, cónsul de los Estados Unidos en Córdoba; el General Jorge Cáceres Monié y su esposa), pero se multiplicó la cantidad total, alcanzando el punto más alto de las últimas dos décadas: 490 asesinatos, contra 187 que se habían registrado el año anterior. En 1984 la CONADEP documentó la intervención de la Triple A en 359 homicidios durante 1975.
Históricamente, el hecho más importante fue el llamado Operativo Independencia, autorizado por la presidenta María Estela Martínez de Perón en acuerdo de ministros, mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero en el que se ordenó al Ejército intervenir y "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" (art. 1). El uso del término "aniquilar" ha dado lugar a fuertes discusiones sobre el significado y alcance del mismo, en referencia directa al concepto de guerra sucia, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no sólo de sus estructuras.
Esa metodología fundada en la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, basadas en el aniquilamiento, sería extendida a todo el país mediante los Decretos 2770, 2771, y 2772 de octubre de 1975. El 28 de octubre mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión), se dispuso la zonificación militar del país en 5 zonas, divididas a su vez en subzonas y áreas, con sus correspondientes responsables militares.
La intervención militar en Tucumán estuvo motivada en el control alcanzado por el ERP en esa provincia, que alcanzó a un tercio de la misma, hecho que llevó a Mario Santucho -líder de la organización- a declarar una "zona liberada", para pedir apoyo y reconocimiento de los países socialistas como "ejército beligerante". Los enfrentamientos y acciones represivas en Tucumán, causaron la muerte de militares, guerrilleros y ciudadanos que no formaban parte de ninguno de los dos bandos. Entre los hechos bélicos de los insurgentes se destacan el derribamiento de un avión de transporte del Ejército, la emboscada en la que resulta muerto el capitán Héctor Cáceres, el ataque de la "Compañía Combate de San Lorenzo" del ERP al Batallón de Arsenales 121 de Rosario, el combate de Manchalá y la explosión de una bomba bajo un avión Hércules que salía de Tucumán en operación conjunta del ERP y Montoneros.
En la segunda mitad del año se producen otros enfrentamientos fuera de Tucumán, como un ataque al destructor misilistico ARA Santísima Trinidad y otro al Regimiento 29 de Infantería Montaña, en Formosa. En noviembre aviones A-4B Skyhawk de la Fuerza Aérea entran en acción con bombas napalm prohibidas por la Convención de Ginebra, en apoyo del Ejército.
El 23 de diciembre el Batallón urbano “José de San Martín” del ERP realizó con gran cantidad de combatientes un asalto al Batallón de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" del Ejército ubicado en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires y el 30 de diciembre hizo explotar una bomba adentro del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea.

1976: antes del 24 de marzo
Los primeros meses de 1976 se caracterizaron por la continuidad del alto nivel de violencia política, combinada con un casi completo vacío de poder y descontrol institucional. El 22 de marzo fue asesinado el dirigente sindical Atilio Santillán (FOTIA-CGT). En Tucumán el Ejército venció el 13 de febrero a la Fuerza de Monte del Ejército Montonero. El 23 de marzo el diario La Opinión de Buenos Aires tituló: "Argentina inerme ante la matanza". El 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, dando así inicio a un gobierno militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, caracterizado por implementar una política represiva en la línea del terrorismo de estado, luego conocida también como Guerra Sucia.

1976: después del 24 de marzo
El mismo 24 de marzo comenzaron los secuestros de personas y allanamientos sin orden judicial. Cientos de dirigentes gremiales y políticos fueron trasladados a prisión y puestos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Durante los días siguientes, otras centenas de delegados gremiales, estudiantes, obreros y militantes de los que se consideraba podían estar relacionados directa o indirectamente con la "subversión" fueron secuestrados por "grupos de tareas" de las fuerzas armadas y de seguridad. La mayoría de ellos aún integran la lista de "detenidos-desaparecidos". Luego de instalada la dictadura militar Montoneros realizó una serie de ataques con bombas, en una de las cuales resultó muerto el general Cesáreo Cardozo, al mando de la Policía Federal. Al año siguiente, el 18 de febrero de 1977, el ERP ejecutó un atentado fallido contra la cabeza de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que recibió el nombre de Operación Gaviota.
En ese período Montoneros contraatacó contra el régimen militar. El 2 de julio de 1976 detonaron una bomba en el comedor de la Superintendencia de Coordinación de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en momentos del almuerzo de los oficiales, causando la muerte de 23 policías y un civil, resultando también heridos 60 oficiales; en el lugar funcionaba un centro clandestino de detención. Como represalia, esa noche y los días subsiguientes fueron asesinados entre 46 y 76 detenidos-desaparecidos.
El 12 de setiembre Montoneros destruyó un bus policial en Rosario con un coche bomba, matando a nueve policías y dos civiles, e hiriendo gravemente a por lo menos 50, Durante el 8 de octubre fueron atacados con bombas las oficinas de las compañías Fiat, Mercedes Benz y Chevrolet. Finalmente el 16 de diciembre hicieron estallar otra bomba en sala de películas del Ministerio de Defensa, matando a por lo menos catorce personas e hiriendo a 30.

[bPolítica represiva de la dictadura[/b]
Estructura institucional
El 24 de marzo de 1976 asumió el poder, como "órgano supremo de la Nación", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier general Orlando Ramón Agosti. El primero a su vez, fue designado con el título de presidente con la mayor parte de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. "En ejercicio del poder constituyente" la junta estableció un Estatuto al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
El comunicado N.º 19 estableció:
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):
Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.
El estado de sitio, con la suspensión de las garantías constitucionales, ya había sido declarado durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, por Decreto 1368/1974. Pocos días después el gobierno militar sancionó la Ley 21.275 suspendiendo el derecho constitucional de opción a salir del país (Constitución Nacional, art 23).
La Junta Militar dictó leyes y órdenes discrecionales, entre ellas disponiendo detenciones o cesantías masivas, en las que no se consideraba la razón de los actos (Leyes 21.258, 21.260, 21.262, 21.274, etc). La ley 21.260 dictada el mismo 24 de marzo de 1976, por ejemplo, establecía:
Art. 1 "Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Congreso Nacional, organismos descentralizados de cualquier carácter, autárquicos, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. ...Estarán comprendidos en la presente disposición , aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades.

Estructura clandestina
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el gobierno militar explicó que era necesario vincular "el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión como medio para preservar la seguridad nacional".
Según el General Martín Balza, quien fuera jefe del Ejército entre 1991 y 1999:
La dictadura de 1976 concibió una actitud descentralizada para la ejecución. Actuaron como señores de la guerra. Como verdaderos señores feudales, instrumentando un plan sistemático para cometer crímenes de lesa humanidad.
El 6 de mayo de 1977, el General Alfredo Oscar Saint-Jean, gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires, declaró al periódico inglés The Guardian:
Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último, a los indiferentes y a los tibios.
En las órdenes secretas del 17 de diciembre de 1976 dictadas por el Jefe Estado Mayor del Ejército, General Roberto Viola, ya no se habla de aniquilar "el accionar" de los subversivos, sino de aniquilar a los individuos:
Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes o se procura preservarlos. Los tiradores especiales podrán ser empleados para batir cabecillas de turbas o muchedumbres
En el telegrama interno AT 183 de la embajada de Estados Unidos en Argentina del 14 de mayo de 1980 se relata:
Discutiendo el continuo apego a tácticas extrajudiciales contra Montoneros que son miembros de TEA y TEI (Nota: se refiere a Tropas Especiales de Agitación y Tropas Especiales de Infantería) Emboff preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún militar importante que `tenga el coraje` para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales `nadie` es responsable en los registros por las ejecuciones. Castro.
En otro documento oficial de los Estados Unidos, un "memorándum de conversación" titulado "Tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión" se detalla una charla realizada el 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, Willam Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un alto jefe militar cuyo alias era Jorge Contreras, en la que este último detalla largamente la política de represión "por izquierda", término que utiliza para referirse a la acción ilegal:
Contreras habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y que después de un `cuidadoso interrogatorio` se encontraba que no tenían ninguna conexión con la subversión. A muchos de éstos, afirmó Contreras, simplemente se los dejaba ir. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, cuando su liberación podía constituir un riesgo para `el sistema` –personal involucrado, ubicaciones, etc–. (Contreras enfatizó que él creía que estas ejecuciones fueron comunes dos y tres años atrás pero que se volvieron raras el año pasado). Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención: algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos, con el fin de reparar a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre.
Más adelante, el mismo documento, en un sub-título denominado "Organización y Estructura", dice:
Jorge Contreras es el Director del Grupo de Tareas 7 de la "Reunión Central" sección de la Unidad de Inteligencia del Ejército 601. Su grupo de tareas fue creado durante mayo, junto con el Grupo de Tareas 6, que sigue a los sindicatos y economía. El trabajo del Grupo de Tareas 7 es estudiar las actividades de los estudiantes, grupos políticos y organismos religiosos. Hasta hace unos meses el sistema de grupos de tareas creado en 1971-1972 contaba solo con cinco de esos grupos: Grupo de Tareas 1 encargado del ERP; Grupo de Tareas 2 estaba encargado de Montoneros; en esta ocasión Contreras no entró en los deberes de los Grupos de Tareas 3, 4, y 5
La directiva de operaciones represivas 504/77 establecía que la detención de los obreros sospechosos "se efectuará con el método que más convenga fuera de las fábricas y de manera velada".
En el diario La Nación del 3 de noviembre de 1977 se publicó el siguiente comunicado demostrativo de la situación en el país:
El Comando de la Zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo.

Procedimientos
Los procedimientos represivos que caracterizaron la guerra sucia en Argentina escandalizaron a la opinión pública mundial y causaron un gran desprestigio internacional de los militares argentinos.
En realidad se estableció un sistema descentralizado de represión, a cargo de las zonas y áreas militares, en el que cada jefe militar tenía carta blanca para ejecutar el plan represivo (Balza,2005).

Desaparición forzada
La desaparición forzada fue el régimen que caracterizó al Proceso de Reorganización Nacional. Más del 95% de los asesinatos y detenciones fueron intencionalmente ocultados.
En Argentina, durante la guerra sucia, la práctica habitual era detener ilegalmente y en secreto, a través de equipos militares especiales (GT: Grupos de Tareas), a los opositores y enviarlos a centros clandestinos de detención (CCD) donde inevitablemente eran torturados. Luego de un tiempo el prisionero o prisionera, o bien era asesinado, también en forma clandestina y sin guardar registros del momento y lugar, o bien era "blanqueado" y pasaba a una cárcel legal haciéndose pública su situación, o directamente liberado.
Un caso especial son los hijos de desaparecidos, hijos pequeños de los opositores secuestrados, respecto de los cuales se sabe que la mayoría no fueron asesinados, y fueron entregados clandestinamente a padres adoptivos, suprimiéndoles su identidad. La mayor parte de esos niños aún continúan desaparecidos; se estima su número en unos 500. Las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado hasta noviembre de 2009, 98 niños desaparecidos.
El propio ex General Jorge Rafael Videla argumentaba en un reportaje realizado por la periodista María Seoane:
No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo. ¿Dar a conocer dónde están los restos? Pero ¿qué es lo que podíamos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo?
Decía el General Videla en la televisión de Estados Unidos el 14 de septiembre de 1977:
Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esa realidad, sino en saber las razones por las cuales estas personas han desaparecido. Hay varias razones esenciales: han desaparecido por pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión las eliminó por considerarlas traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfrentamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible. Y acepto que puede haber desaparecidos por excesos cometidos durante la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las gobernamos nosotros. Y es de esta última de la que nos hacemos responsables: el gobierno ha puesto su mayor empeño para evitar que esos casos puedan repetirse.
Existe también una histórica declaración de Videla, transcripta por Clarín el 14 de diciembre de 1979:
¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
La táctica militar de hacer desaparecer a los opositores es un método represivo que se basa fundamentalmente en la producción de desconocimiento. Por esa razón, saber qué pasó, conocer, recuperar la memoria, y exigir la verdad, se han vuelto reclamos principales de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Una de las consignas que refleja esta preocupación era cantada en las marchas contra el gobierno militar: "¡¡Los desaparecidos, que digan donde están!!"
La desaparición forzada de personas y su impacto en la sociedad argentina fue reflejada en una exitosa canción de Charly García titulada "Dinosaurios", del año 1983.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
los cantores de radio pueden desaparecer,
los que están en los diarios pueden desaparecer,
la persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire,
los que están en la calle pueden desaparecer en la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
pero los dinosaurios van a desaparecer.


Centros clandestinos de detención (CCD)
Para implementar la táctica de desaparición forzada de personas el gobierno militar creó cientos de centros clandestinos de detención (CCD).
Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:
* Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
* Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento la Escuelita en Faimallá (Tucumán) y el Campito (Provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para reprimir la huelga declarada por el sindicato (UOM) en mayo de ese año.
En el año 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabilizó en 364 CCD. En 1977 la cantidad se redujo a 60. En 1978 había 45 y en 1979 7 CCD. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito (Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.
En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22.
Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; el Campito (Campo de Mayo) y el Vesubio en el Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires); y la Perla en Córdoba.
A pesar de sus diferencias los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.
Los Grupos de Tarea (GT) estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Allí eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:
* el asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida . En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido-desaparecido: "el traslado". Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.
* el blanqueo. Se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, haciendo uso de la opción a salir del país que establece la Constitución (art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
* la libertad.
* la continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.
También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato de los padres y/o madres biológicos.

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