La base de EEUU en Chile indigna a defensores de los derechos humanos
SouthCom : Control de la América Latina
Desde el siglo XIX, Estados Unidos considera Latinoamérica como su zona de influencia (Doctrina Monroe), pero no fue hasta 1903 que creó el SouthCom o “Comando Sur”, como se le denomina en ese continente. El objetivo, en aquel entonces, era apropiarse de la zona del ferrocarril que conectaba el Atlántico con el Pacífico para abrir allí un canal interoceánico. En detrimento de Colombia, Washington suscitó entonces un movimiento secesionista que dio lugar a la aparición de Panamá como país y envió sus tropas para «garantizar la seguridad del nuevo Estado».
Durante la guerra fría, el Comando Sur o SouthCom respaldó abiertamente las dictaduras militares de derecha y, más discretamente, dirigió incluso la represión contra las guerrillas marxistas, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Esta evolución dio lugar a una reforma estructural paulatina del SouthCom, que ahora trabaja en estrecha coordinación con numerosas agencias estadounidenses en vez de hacerlo únicamente bajo las órdenes del Departamento de Defensa.
Hoy se prevé un fortalecimiento del SouthCom, a medida que Estados Unidos vaya retirándose del Gran Medio Oriente, para concentrar sus esfuerzos en las zonas petrolíferas del Caribe. Para mostrar músculo ante Venezuela y Cuba, Washington reactivó la IV Flota en 2008, derrocó en 2009 el gobierno de Honduras que quiso cerrar la base estadounidense de escucha de Soto Cano y abrió 7 nuevas bases militares en Colombia, también en 2009.
La instalación en Chile de una base de entrenamiento militar financiada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE. UU., generó una gran preocupación en varias organizaciones defensoras de los derechos humanos del país latinoamericano.
Estos grupos consideran la puesta en marcha de la base, inaugurada el pasado mes de abril en la región de Valparaíso, como una nueva expresión del intervencionismo de Washington en la región, informa Prensa Latina.
“Esta es la política intervencionista del Gobierno estadounidense, que viene a hacer la política de la Escuela de Las Américas”, denuncia Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
"Sabemos que donde EE. UU. interviene con esta práctica militarista, invasora, hay que preocuparse", recalcó Lira, quien recordó el golpe militar en Chile en 1973, que, según apuntó, fue gestado y financiado por estadounidenses.
El movimiento social Comisión Ética contra la Tortura (CECT) destacó que la construcción, valorada en más de 500 millones de dólares, está destinada al entrenamiento de la Policía militarizada y cuerpos especiales de investigación. La ocupación de los carabineros, indica la CECT, es la prevención del delito, por lo que es “improcedente e ilegal que sus funciones reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil”.
En un comunicado, el movimiento social tacha de “traición a la patria” la subordinación a los dictámenes del Ejército norteamericano y agrega que la humanidad ha padecido sus acciones devastadoras las a lo largo de la historia.