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La falacia del desendeudamiento y sus consecuencias



12 de marzo de 2015 | Edición Impresa #1354 | Por Jorge Altamira

El gobierno no ignora en absoluto que falta a la verdad cuando reivindica haber obtenido el "desendeudamiento" de Argentina. La deuda pública es, en la actualidad, un 60% superior a su monto en 2001 -250 mil millones de dólares. Están excluidas del cálculo las deudas de las provincias y los municipios, y la contraída por el Banco Central. En términos de relación con el PBI se encuentra en un nivel aproximadamente igual a 2001 -un 60%-, esto a pesar de la quita establecida por la reestructuración de 2005. Los funcionarios tampoco ignoran que la incorporación del cupón del PBI en esa refinanciación redujo el porcentaje de quita a cero. En los cálculos oficiales se omite el peso del cupón, aprovechando su condición de instrumento derivado (del PBI), pero representa, a término, un monto superior a los 10 mil millones de dólares, en virtud de que ya se cancelaron 20 mil millones de dólares de un tope de 30 mil millones de dólares.

La falacia oficial consiste en reducir el endeudamiento del país a los compromisos en divisas con los acreedores internacionales. Excluye, por lo tanto, toda la deuda, igualmente en divisas, que se encuentra en poder de acreedores locales y de instituciones públicas, como la Anses, Pami, Banco Nación, Banco Central e incluso la Lotería -ni qué decir de la deuda en pesos. El endeudamiento local creció en una magnitud colosal debido, precisamente, a la transferencia de fondos de esas instituciones al Tesoro para posibilitar el pago de la deuda con los acreedores externos. Para el gobierno, la deuda de la administración nacional con otras instituciones del Estado sería una deuda de familia, que podría refinanciarse en forma indefinida. Se busca disimular, de este modo, la confiscación de fondos de trabajadores y contribuyentes para saldar la deuda con sujetos financieros del exterior. Al mismo tiempo, sirve para justificar la toma de nuevos empréstitos en los mercados internacionales.

Para los teóricos oficiales se trata de un almuerzo gratis, pues cancelaría una deuda con plata ajena. El gobierno diseñó un esquema de remuneraciones jubilatorias de modo de habilitar un excedente para el pago de la deuda. La Anses opera como una AFJP, aunque estatal; paga a los jubilados el remanente de un excedente financiero. Pero la deuda del Tesoro con la Anses (unos 33 mil millones de dólares) es impagable, o sea que una recesión aguda y una inflación elevada le quitarían la liquidez necesaria para cumplir con su compromiso previsional; el déficit del Tesoro, en 2015, está previsto en 300 mil millones de pesos. Igualmente impagables son los compromisos, por 70 mil millones de dólares, con el Banco Central, los cuales han creado una emisión equivalente de dinero sin respaldo. Este déficit explica que el gobierno deba financiarse hoy con la banca local (a través del BCRA) a tasas usurarias -del 25 al 30% anual. Esto ha creado una inflación creciente y una contracción relativa aguda del crédito bancario. Para pagar la deuda el gobierno ha quebrado su último recurso de financiamiento -la emisión de moneda. En este momento, la deuda del BCRA con los bancos locales es de 350 mil millones de pesos e intereses anuales de 80 mil millones de pesos.

El gobierno reitera el relato del ‘desendeudamiento' en el mismo momento en que Argentina enfrenta un nuevo endeudamiento debido al flujo negativo de divisas, provocado por la caída del valor de las exportaciones, las deudas a pagar en 2015 y por el fracaso del intento de realizar una emisión internacional de deuda. Como consecuencia del patrimonio negativo del BCRA, la monetización de un ingreso de capitales se haría a tasas elevadas, porque habría que absorber la emisión correspondiente. El mercado internacional registra una salida aguda de capitales de los países emergentes, lo cual agrava la crisis de financiamiento de Argentina.

El llamado ‘desendeudamiento' no ha resuelto el problema de la deuda nacional y ha desarrollado las condiciones de un colapso, que se manifiesta en las previsiones de una maxi devaluación del peso. Así planteada, la crisis capitalista la volverán a pagar los trabajadores. Con una ‘yapa', sin embargo, y es que, a nivel mundial, se han desatado devaluaciones ‘competitivas’ de monedas, que convierten a una salida devaluatoria en explosiva. La devaluación devolvería el ratio deuda/PBI al nivel de 2002, cerrando el círculo de la falacia.



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Una vez más, sobre el "desendeudamiento" K


Por Pablo Heller

Cristina volvió a batir el parche en su discurso frente al Congreso, sobre el desendeudamiento: la relación de la deuda argentina en relación con el PBI, volvió a decir, es una de las más bajas del mundo. Sin embargo, si fuera así, no se explica por qué el país sigue pagando tasas usurarias del 9 ó 10 por ciento.

La deuda oficial -que a mediados de 2005 era de unos 125.000 millones de dólares, luego del primer canje(1)- pasó a fines de de 2014 a casi 200.000 millones. Esto, a pesar de que la Argentina pagó, durante los mandatos K, 174.000 millones de dólares.

Confiscación

El desendeudamiento con los acreedores privados tiene como contrapartida el endeudamiento cada vez mayor del Estado. El 60% de las obligaciones del gobierno central son ahora "intra-Estado".

La Anses tiene el 62% de la plata de los jubilados metida en títulos públicos, el Banco Central (BCRA) ha sido vaciado porque las reservas internacionales se usaron para el pago de deuda externa (más de 30.000 millones de dólares) y para la salida masiva de capitales. El Banco Nación (BNA) tiene la mitad de su cartera de créditos prestada al Estado.

Todas estas obligaciones oficiales no tienen capacidad de repago. Que el gobierno descalifique la importancia de la deuda pública interna es la confesión de que no piensa pagarla.

¿A cuánto asciende la deuda no registrada

No está consignada la deuda necesaria para cubrir un arreglo con los holdouts, que hoy acumula oficialmente más de 11.700 millones de dólares pero, ciertamente, conllevará importes mucho mayores por intereses acumulados.

Asimismo, habría que sumarle la deuda necesaria para cubrir el pago de los laudos y los reclamos presentados ante el Ciadi, que sumarían hoy unos 24 casos y cuyo importe conjunto -se estima- puede estar entre los 8 y los 10.000 millones de dólares.

Por otra parte, la deuda consolidada de provincias asciende a unos 30.000 millones de dólares. En el cómputo habría que agregar deudas contingentes y no registradas, como las acumuladas con proveedores o por juicios de jubilados.

Ni hablar de los pagos por los cupones PBI, que calculan desde 2004 como año base. Los importes son acumulativos hasta llegar a los 30.000 millones de dólares, de los que ya se habría pagado la mitad y quedaría pendiente otro tanto.

No nos podemos olvidar de la deuda cuasi-fiscal, fuertemente creciente, del BCRA: las deudas por Lebac/Nobac suman el equivalente a 34.000 millones de dólares. Y supera ya el nivel de las reservas. Sólo en este rubro, medido al cambio oficial, casi 10.000 millones de dólares corresponden a intereses.

En el cómputo no está incluida la deuda pública indirecta -correspondiente a empresas del Estado, organismos nacionales y fondos fiduciarios- que constituye una verdadera "caja negra". Solamente YPF heredó un pasivo de la administración Eskenazi-Repsol de 9.000 millones de dólares. De conjunto, dicha deuda se estima no inferior a los 20.000 millones.

Conclusión

El país atraviesa una crisis severa de la deuda. A la hora de hacer comparaciones, los K toman como referencia el año 2001, el punto más alto de la crisis de la deuda. Si tomamos otros puntos de comparación, la relación deuda/PBI bajo la década K es superior, incluso, que durante los '90. El PBI, por otra parte, está medido a la paridad oficial. Bastaría cualquier devaluación, que es lo que tienen en la gatera los principales candidatos, para que rápidamente quede claro que de lo que se jactan los K no es más que un espejismo.

La oposición pasó por alto este punto porque su hoja de ruta consiste, precisamente, en un reendeudamiento del país, unido al levantamiento del cepo, la devaluación y un ajuste en regla.
Entre tanto, el falso desendeudamiento se paga con fondos de los jubilados, con la carestía, el atraso salarial y el impuesto al salario.

(1) El propio canje fue un fraude porque, a cambio de la vieja deuda absolutamente depreciada, sus poseedores -fondos buitres, en primer lugar- obtuvieron nuevos títulos con los cuales pudieron obtener rendimientos siderales para cualquier lugar del mundo, a lo cual se agregó el premio de los cupones PBI. Es decir, que el propio canje, lejos de un achique, representó un factor de revaluación de la deuda.



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