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La guerra politica

Cuando las guerras se van perdiendo en el terreno militar, nada más astuto, viejo y conocido que el recurso de batallarlas políticamente. Los escritorios de los jueces, las páginas de los periódicos y los parlamentos mismos han servido muchas veces de última trinchera para las fuerzas en fuga.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió una sentencia infame contra Colombia, en el caso de los contrabandistas muertos en Puerto Boyacá, a manos de autodefensas ilegales. En esa sentencia se comprometió el honor de nuestro Ejército y el honor, el patrimonio y la honra de soldados tan preclaros como el General Farouk Yanine Díaz. El Gobierno no supo defenderse en el proceso, la Cancillería no ha protestado por ese fallo absurdo y antijurídico, y nadie ha abierto la boca para defender a nuestras Fuerzas Militares y a Colombia.

En Santo Domingo, la Fiscalía cayó en la trampa de un vil montaje para probar que un combate aéreo contra guerrilleros en el campo fue un ataque canalla contra indefensos ciudadanos en el pueblo. Desatendió todas las evidencias, como videos, pruebas técnicas del carro bomba armado por las Farc para simular el bombardeo, testimonios concluyentes y condenó a tres de nuestros oficiales de la FAC. Fue menester que guerrilleros, que participaron en la acción y armaron la tramoya, recuperaran la verdad y dejaran al descubierto la iniquidad del fallo. Pero a callar mandan.



En Guaitarilla y Cajamarca, la Procuraduría está empeñada en convertir acciones militares infortunadas en crímenes de lesa humanidad. El Ministerio de Defensa calla y que cada oficial se defienda como Dios le ayude.

El atentado contra Wilson Borja fue obra de Carlos Castaño y sus sicarios. Pero era preciso convertirlo en un crimen de Estado. Una investigación inicua y unas sentencias deplorables tratan de convertir en asesino uno de nuestros militares más condecorados por méritos en acción de guerra. El país dejó solo al Mayor Maldonado, víctima de ese complot miserable, y lo llevó hasta la desesperación de una fuga estúpida. El Gobierno calla. El pueblo y los políticos también.

La Procuraduría, para justificar sus escasos éxitos ante el paramilitarismo, acusa y condena a los Infantes de Marina por la masacre de Chengue. Los oficiales habían sido absueltos por la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. No importa. La famosa ilicitud sustancial de Gómez Pavajeau se impone, a pesar de la prueba inconcusa de que nada hubieran podido hacer los Marinos por salvar a las víctimas. La guerra política se gana y el país calla.

La Procuraduría está empeñada en condenar a los altos oficiales que tenían algún mando en el doloroso caso de La Cacica , en las riberas del río Guatapurí. El Consejo de Estado, en sentencia de tutela en firme, los defiende del juicio sombrío que les preparaba el mismo Viceprocurador, y le ordena que concurra al Senado para pedir el nombramiento de un procurador ad-hoc. Gómez Pavajeau se niega y no pasa nada. El desacato es para otros. Y todos nosotros, en silencio.

El subteniente y los soldados que dieron de baja a tres guerrilleros del Eln, perseguidos por la Fiscalía y con órdenes de captura vigentes, han tenido un tratamiento despótico. Las pruebas se practican a espaldas de su abogado y la presión política de la izquierda en su contra, es implacable. Al subteniente lo dejamos en el abandono, para que sirva de alimento a los lobos.

Y ahora, para terminar, el Procurador fusila moralmente a un valeroso coronel, acusándolo de la tragedia de Bojayá, porque no estaba en Bojayá. Para cuidar miles de kilómetros cuadrados tenía menos de 500 hombres, con los que hacía prodigios de valor y milagros de eficacia. Pero no estaba en Bojayá, como no estaba ni podía estar en muchos otros sitios. El fallo nos costará más de cuarenta millones de dólares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no importa. Se trata de desprestigiar al Ejército para ganar la guerra política. Ojalá que antes de perderla, descubramos que sí existe.
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