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La justicia obliga al pro a reparar escuelas

La Justicia instó al gobierno porteño a realizar obras en escuelas de Almagro

La Justicia porteña respondió a la medida cautelar presentada por la comunidad educativa de la Escuela Superior Normal 7 de Almagro y ordenó realizar dentro de los 10 días hábiles una auditoría y las obras correspondientes en el edificio donde también funcionan el Comercial 8 y el 25, a fin de garantizar la integridad física de docentes y alumnos.

“Desde 2011 tenemos problemas estructurales que ponen en riesgo la integridad física de las casi tres mil personas que circulan a diario entre alumnos y docentes”, señaló Pablo Cesaroni, presidente de la Cooperadora del Normal 7, en diálogo con Agencia Télam.

“Existen problemas con la calefacción, la instalación eléctrica, las puertas, techos, ventiladores y ascensores, además de la falta de equipamiento que provocó que se tengan que suspender clases porque los alumnos no tenían mesas”, detalló.

Además, denunció que en a lo largo del tiempo “se cayeron 10 puertas, dos veces causaron lastimaduras en alumnos; también se vino abajo un ventilador que derivó en la internación de dos estudiantes; una persona de la cooperadora fue lastimada por el cierre abrupto de un ascensor, y así podríamos seguir enumerando diferentes hechos de estos cuatro años”.



En diciembre de 2014 la comunidad educativa de las tres escuelas fue recibida por Carlos Regazzoni, Subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño, quien se comprometió a realizar obras durante el verano y tener una nueva reunión en marzo de 2015. Pero las obras no se hicieron y por eso decidieron recurrir a la Justicia.

A principios de abril, la jueza Lidia Lago aceptó la medida cautelar presentada por algunos padres y ordenó al Gobierno porteño que “en el plazo de 10 días, proceda a realizar una auditoría para evaluar el estado del edificio y que (…) adopte todas las medidas indispensables para dotar al establecimiento (…) de condiciones edilicias seguras y adecuadas para el normal desenvolvimiento del dictado de clases, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa”.

En este contexto, miembros de la cooperadora, docentes, y alumnos determinaron que aguardarán el plazo estipulado por la Justicia y que, de no haber respuesta del Gobierno de la Ciudad, comenzarán a principios de mayo un plan de lucha con movilización.

“Sabemos que la situación en nuestras escuelas no son hechos aislados. Existen unas 150 escuelas con problemas edilicios serios en toda la ciudad, hay al menos 6.000 chicos todavía sin vacantes y esto tiene que ver con un abandono de la escuela pública muy claro de parte del macrismo”, aseveró Cesaroni, quien también es delegado de cooperadoras de la Comuna 5.

En el mismo sentido, el legislador por Nuevo Encuentro Edgardo Form describió que “desde 2007 el presupuesto para infraestructura edilicia en las escuelas descendió nueve puntos; nosotros entendemos que existe una decisión política de no contribuir con la educación pública, para nosotros esto es inadmisible porque la educación es un derecho humano y no un privilegio”.
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