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La "sociedad" entre la Presidenta y Lázaro Báez

La "sociedad" entre la Presidenta y Lázaro Báez

El tan sospechoso como abrupto enriquecimiento del empresario patagónico alimenta las sospechas de que podría tratarse de un testaferro.



transcurso de sólo un día bastó para que el Gobierno tuviera que reacomodar su relato en defensa de los estrechos lazos comerciales entre la Presidenta y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez. Nada garantiza que la versión actual sea la última, pero por lo menos ésta se aproxima más a lo ya revelado por una documentada investigación publicada por LA NACION en diciembre del año pasado.

El titular de la AFIP sostuvo que Cristina Kirchner no es socia del empresario, pero al día siguiente tuvo que aclarar que si bien no son socios "técnicamente", los dos mantienen "vínculos comerciales". "Técnicamente no hay sociedad constituida", agregó.

En efecto, son numerosísimos, serios, graves y concordantes los vínculos comerciales entre la Presidenta y este oscuro empresario de la construcción que se convirtió en magnate durante los gobiernos de los Kirchner, y que empezó a crecer en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.

De ahí que existan sólidos y antiguos vínculos hoteleros, financieros, comerciales y personales entre la Presidenta, su hijo y Báez. La sociedad a la que nos referimos quizá no lo sea en lo técnico, pero puede denominársela así por lo habitual y lo estrecho de aquellos lazos económicos.

A ello se suma la activa y muchas veces ilegal protección que Báez y sus empresas reciben de los organismos de control estatales e incluso de parte de nuestra Justicia, siempre lenta cuando se trata de presuntos casos de corrupción que comprometen a los gobernantes de turno o a sus allegados.

Otro punto en común entre este grotesco personaje y los Kirchner es la dificultad para justificar su exponencial enriquecimiento. Basta recordar las dudas e inconsistencias que jalonaron las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y el cierre abrupto e irregular por parte del juez federal Norberto Oyarbide de una causa en la que investigaba a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. La falta total de transparencia ha sido una constante en los negocios de los Kirchner y Báez. De ahí las fundadas sospechas acerca de si la reforma del Código Procesal Penal no esconde también mecanismos que en la práctica contribuirán al fracaso de las investigaciones de futuros casos de corrupción.

Estos son solo algunos de los vínculos comerciales hasta hoy conocidos:

*Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, Santa Cruz. Curiosamente, esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner. En diciembre pasado, luego de que este diario lo publicó, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, lo confirmó y tuvo el caradurismo de hablar de un "negocio entre privados".

*Desde hace años, la Presidenta y el citado pseudoempresario comparten como copropietarios en El Calafate un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados.

*Báez edificó un complejo de diez departamentos en la calle Mitre, de Río Gallegos, mediante un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner. Así lo informó el ex presidente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

*Hay dos grupos de departamentos de Báez en la capital santacruceña, uno de ellos en un terreno de los Kirchner. El empresario alquiló -a valores superiores a los del mercado- esos departamentos para que se alojaran varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente.

*Báez adquirió a los Kirchner por lo menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron en poder de la empresa de Báez, Austral Construcciones. La firma constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de los Kirchner en el centro de Río Gallegos.

*Este diario publicó que Austral Construcciones, de Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos.




Como prácticamente no hay una semana sin que aparezcan otros datos que comprometen aún más a Báez, se supo también que Ernesto Clarens, financista de Báez, controlaría una cuenta en un banco suizo que se habría usado para recibir giros de "clientes no determinados".

Es fácil advertir en esta somera enunciación que si bien no ha aparecido aún una sociedad "técnica" entre Báez y la Presidenta, existe, sí, una suerte de sociedad de hecho que podría explicar otros misterios, como la firme, constante y descarada protección que el empresario recibió y recibe de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta unidad, cuya función debería ser la lucha contra el lavado de dinero, durante dos años y medio omitió denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez reportadas por "actividades sospechosas", pese a que registraban serias anomalías societarias. Se trata de la ya mencionada Austral Construcciones SA y la petrolera Epsur. Para colmo, el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó públicamente respecto de Báez, como si fuera su abogado defensor, que "no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito".



Por su parte, los fiscales kirchneristas Carlos Gonella y Omar Orsi están acusados en una causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, por no haber acusado en su momento a Báez de lavado de dinero. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que envíe la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo relativa a la investigación sobre Báez en aquel país por presunto lavado de 22 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, la Cancillería se ha caracterizado por trabar estos pedidos de colaboración.

Ante estos datos, no es de extrañar que la justicia uruguaya investigue al empresario con mucho más empeño que su par argentina y que los llamados fondos buitre iniciaran una investigación internacional para averiguar hasta dónde llegan, en realidad, los vínculos comerciales entre el empresario y la primera mandataria. La diputada Elisa Carrió, con argumentos muy atendibles, sostuvo que esos vínculos consistirían en que Báez es testaferro de los Kirchner. Los fondos buitre parecen compartir esas sospechas y procuran probarlas. En esa tarea ponen mucho más empeño que la justicia argentina.

Hay algo que está fuera de toda duda: las sospechas no se basan en que un hombre de origen humilde como Báez se haya enriquecido, pues sobran casos similares. Las sospechas se basan en que lo haya hecho tan rápido y a partir exclusivamente de negocios con el Estado desde que Néstor Kirchner alcanzó la gobernación de Santa Cruz en adelante. También resulta llamativa la variedad de rubros que eligió para sus inversiones: la actividad petrolera, los medios de difusión, la actividad inmobiliaria, el campo y la construcción, actividad ésta que ejerce casi en forma monopólica en Santa Cruz.

El tema Báez constituye un grave problema para un gobierno en retirada, mucho más que el de Amado Boudou. Es de esperar que la Justicia avance en sus investigaciones y que en el futuro no se vea obligada a pedirles información a los fondos buitre.

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