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La Unión Europea debe dejar de ser cómplice por omisión de I

La Unión Europea debe dejar de ser cómplice por omisión de Israel



La posibilidad de sanciones europeas a Israel no se vislumbra en el horizonte inmediato, por lo que, como un primer paso, habrá que concentrarse en la promoción de un reconocimiento general de Palestina como Estado de pleno derecho.

Es difícil concebir una inversión económica más desastrosa en términos de rentabilidad política que la de la Unión Europea en Palestina. Los miles de millones (más del 50% de la ayuda internacional) que la UE lleva gastados en ayudas de todo tipo a la población de Cisjordania y Gaza, incluyendo la construcción y reconstrucción de infraestructuras básicas reducidas una y otra vez a escombros en las operaciones militares israelíes, no se traducen en una capacidad de presión efectiva sobre el Estado judío que favorezca una solución definitiva. Antes al contrario, el contencioso se envenena cada vez más y cede a una dinámica de hechos consumados por parte del Estado judío que aleja toda esperanza de paz. La conclusión es que la UE, por su pasividad e inoperancia, es en la práctica cómplice por omisión de las tropelías de Israel.

Ahora mismo, la cadena de incidentes derivados del anuncio por el Gobierno de Netanyahu de nuevos proyectos de edificación en Jerusalén Oriental, y del intento de extremistas religiosos israelíes de alterar el status de la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo para los judíos) está llevando a una escalada de violencia que, de no detenerse, podría conducir a una tercera Intifada. De ser así, y dando por supuesto que, como en ocasiones anteriores, el desproporcionado balance final de víctimas sería una vez más prueba de que las balas pueden más que las piedras, cabe contar con que la opinión pública internacional, si acaso con la excepción de la de Estados Unidos, volverá a clamar en el desierto, condenando la intransigencia y la brutalidad del Estado judío.

Lo más probable es que se trate de gritos inútiles, cuyo eco se irá apagando, como se extingue la indignada reacción a la ofensiva que, el pasado verano, dejó Gaza reducida a escombros y se cobró 2.200 vidas de palestinos, en su gran mayoría civiles inocentes. Ya empieza a llegar el dinero europeo, ayudando a una costosa reconstrucción que llevará años y que es probable que no concluya antes de que las bombas israelíes vuelvan a caer sobre la franja, por el motivo o el pretexto que sea, que no faltarán.

¿Qué hace Europa para liquidar esta dinámica siniestra, aparte de rasgarse las vestiduras y pagar la cuenta? Sólo algún gesto de dudosa eficacia práctica. Como el de la nueva Alta Representante para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini, que muestra su intención de que, para el término de su mandato, en 2019, Palestina sea un Estado de pleno derecho, reconocido internacionalmente (ya lo está por 134 de los 193 países de la ONU), mucho más allá de su admisión en 2012 por la Asamblea General de la ONU como “Estado observador no miembro”.

Bien está que Mogherini dé un paso al frente que evidencia la inoperancia de su predecesora, la británica Catherine Ashton, pero seamos serios: con eso no basta. Primero, porque sus palabras no reflejan una política europea común, que ni siquiera se vio en la ONU cuando el propósito era mucho más modesto. Segundo, porque para ser útil, para forzar la voluntad de los dirigentes israelíes, la iniciativa debería contar con el respaldo de Estados Unidos, que no moverá un dedo que pueda disgustar a su gran aliado geoestratégico en Oriente Próximo. Y tercero, porque, para que se tradujese en un compromiso de paz estable y duradero, ese reconocimiento diplomático debería darse también entre los dos bandos en liza, ser el resultado de una negociación entre Israel y Palestina que, por ahora, está mucho más cerca de lo utópico que de lo probable. Por una razón muy simple: porque a Israel no le interesa alcanzar lo que el resto del mundo —a excepción de EE UU— considera una solución justa que se ajuste a la legalidad internacional.

Por decirlo sin tapujos: la UE sólo tiene una forma de ser relevante, de dejar de ser un cero a la izquierda a la hora de buscar una salida negociada al conflicto, de superar su carácter de sombra borrosa del único actor exterior hoy por hoy importante, Estados Unidos. Esa vía es la misma que emplea ya para aliviar la situación de la castigada población palestina: la económica. Sólo que en esta ocasión se debería utilizar como arma de presión, en forma de amenaza creíble de sanciones y restricciones comerciales de fuerte impacto sobre Israel. Porque a Netanyahu y sus aliados de Gobierno las palabras de Mogherini les entran hoy por un oído y les salen por otro, amparados en la garantía militar y económica que les llega desde EEUU, donde no hay presidente que se atreva a plantar cara al lobby judío.

Eso no significa que las sanciones económicas, sumadas a las políticas tendentes a convertir al Estado judío en un apestado internacional, no podrían influir en su Gobierno al causar un fuerte impacto en una población orgullosa de ser un oasis de democracia en un desierto de dictaduras árabes. Eso sí, con una doble vara de medir que lo mismo permite condenar por violación a un presidente que robar territorio ajeno, asesinar a dirigentes palestinos o condenar a la miseria a los hacinados habitantes de Gaza.

Cabe dudar de que Israel ceda y haga por las malas lo que rechaza por las buenas, pero merece la pena explorar esa vía, aunque sólo sea porque está muy claro que la actual no lleva a ningún sitio. En ese contexto, el arma de las sanciones económicas y políticas debería complementarse con la enérgica acción diplomática en una doble vertiente: la promoción del estancado proceso negociador dejando meridianamente claro que Europa, en su conjunto, está dispuesta a utilizar todo su potencial para respaldar la solución de los dos estados y la vuelta, en lo esencial, a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, incluyendo la devolución de Jerusalén Oriental; y la decisión conjunta de los Veintiocho, más allá de las de naciones individuales y plasmada en una resolución del Consejo Europeo, de reconocer a Palestina como un Estado de pleno derecho, aunque eso no garantice de forma inmediata el objetivo último expresado por Mogherini: que ese Estado sea una realidad sobre el terreno.

La posibilidad de sanciones europeas a Israel no se vislumbra en el horizonte inmediato, por lo que, como un primer paso, habrá que concentrarse en la promoción de un reconocimiento general de Palestina como Estado de pleno derecho. Hay ya ocho países que han adoptado esta decisión: Chipre, Malta, Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Bulgaria y Suecia, aunque solo este último lo ha hecho —hace unas semanas— siendo ya miembro de la UE. Resulta llamativo, por cierto, que Italia, el país de Mogherini, no figure en esta lista. Además, los parlamentos de varios estados más han instado a hacer otro tanto, incluyendo a uno tan relevante como el del Reino Unido, que rara vez se desmarca en política exterior de su estratégico aliado norteamericano.

Son votaciones consultivas, que no necesariamente tendrán en cuenta sus gobiernos, aunque éstos quedarán en evidencia si no lo hacen. La última iniciativa, este mismo miércoles, ha sido la de la Asamblea Nacional francesa, que revisa el texto en el que, en vista de la “insostenible situación”, invitará al Ejecutivo de François Hollande al reconocimiento de Palestina para “contribuir a alcanzar una solución definitiva del conflicto”. No hay que ser adivino para pronosticar que, a medida que estos casos aislados marquen tendencia, España se subirá también al carro.

Europa debe redefinir su inoperante política de equilibrista. Es verdad que cualquier intento de analizar y proceder con objetividad respecto a un contencioso tan enquistado y teñido de sangre como éste exige mantener una cierta equidistancia, es decir, apreciar lo que de razonable tengan las posturas de las dos partes. Así, obviando las circunstancias históricas que dieron origen al Estado de Israel, habría que partir de la base de que éste tiene derecho a existir con suficientes garantías de seguridad. A fin de cuentas, eso es lo que oficialmente han venido defendiendo todos sus gobiernos desde 1948, cualquiera que fuese su tendencia política, e incluyendo al actual. Difícilmente se podrá alcanzar la paz si los palestinos (incluidos los de Hamás que controlan Gaza) no aceptan reconocer al Estado judío, por mucho que piensen que es una excrecencia cancerígena en una tierra que les pertenece por derecho propio.

Si ése fuese el único obstáculo, el camino hacia un acuerdo negociado estaría más despejado, ya que existiría base suficiente para negociar. Pero hay más, mucho más. Por eso, es casi inevitable tomar partido. Por comprensible que resulte la preocupación por la seguridad de las zonas de Israel bajo el alcance de los cohetes que Hamás lanza desde Gaza, o el deseo de contar con unas fronteras seguras y defendibles, eso no justifica ni el estrangulamiento económico de la franja, ni la ocupación militar de Cisjordania, ni el muro de la vergüenza que se adentra en ella, ni el imparable expolio de territorio que la agujerea, bantustaniza, y se extiende también por Jerusalén Este, ni la práctica situación de apartheid, ni el frecuente, desproporcionado y brutal uso de la fuerza, que más que al ojo por ojo responde al principio de ciento por uno.

Por todo ello, la UE no puede seguir siendo neutral. Porque es una falsa neutralidad que favorece el injusto statu quo, es decir, a Israel.
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