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Los cambios que quedaron en pie


Si bien la Corte Suprema rechazó los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establecían un cambio en su composición y la elección por voto popular de sus miembros en las PASO, no significa que el resto de los artículos de la ley sancionada por el Congreso el 8 de mayo hayan quedado sin efecto. Por el contrario, y hasta que no haya una sentencia firme que así lo indique, el resto de las modificaciones introducidas en el texto de reforma se encuentran vigentes.

Por caso, el nuevo régimen de concursos para juez contempla la posibilidad de realizar compulsas previas a la generación de vacantes y exige que se respete la terna de tres candidatos para cada puesto a cubrir, algo que no se cumplía en los concursos múltiples. Ya no podrán participar del proceso de selección quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la dictadura cívico-militar. Los concursos que se prolongaron por años, tendrán la limitación de estar completos en 90 días hábiles. Las sanciones que pueda promover el Consejo para los magistrados por mal desempeño incluirán ahora a los jueces jubilados, condición utilizada en ocasiones como subterfugio para evitar medidas disciplinarias. Los procesos abiertos desde que se denuncia a un juez hasta que se define su situación no podrán exceder los tres años, un plazo mucho menor al de los trámites actuales. El Consejo promoverá de aquí en más quiénes serán los jueces subrogantes, algo que había dado lugar a procedimientos irregulares y arbitrarios como los que se investigan en la causa por la Ley de Medios e involucran a parte de la Cámara Civil y Comercial. Se exigirá informe de licencias, inasistencias y cumplimiento de horario, además de respeto por sus empleados, todas conductas hoy sometidas al libre albedrío de los jueces.

Todavía queda pendiente que recorran el espinel judicial los artículos 3, 5, 6, 7 y 8, algunos de los cuales se presume que serán arrastrados por la inconstitucionalidad de la integración propuesta por el gobierno y atados al régimen de representación que ya no tendrá. El mismo camino podría tener el artículo que establece la "mayoría absoluta" para la toma de decisiones (mitad más uno de los integrantes del Consejo), que, sin el cambio en su composición, no entrará en vigor. La sentencia de la Corte termina por validar la reforma plasmada en 2006 que dio origen al Consejo actual, cuya constitucionalidad también fue objetada judicialmente por falta de "equilibrio". El expediente dormía en la Corte sin una definición desde entonces.

Pese a todo, ninguna presentación judicial objetó las "amplias facultades" de administración de los fondos del Poder Judicial delegadas en cabeza de la Corte entre los artículos 17º a 27º de la ley. Ningún magistrado de las múltiples jurisdicciones donde se presentaron acciones de amparo vio necesidad de impugnar de oficio ese tramo de la norma. Tampoco la Corte hizo pesar el rol de máxima autoridad en materia de "control de constitucionalidad" que le asigna la Carta Magna para una interpretación gramatical del artículo 114, inciso 3 que establece para el Consejo la función de "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". Esto hubiera implicado que resigne la flamante potestad para reajustar partidas presupuestarias, negociar salarios, disponer del personal y realizar nombramientos, que la modificación votada por el Congreso le otorgó con fuerza de ley.
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