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Los enjuagues de Grassi



El menemismo fabricaba pobres de la mano de la política económica de Domingo Cavallo a principios de los años ’90. Mientras tanto, una fundación ideada por un cura albergaba a las más débiles de las víctimas de esa política: los chicos de las familias expulsadas del sistema, las sin trabajo, las sin techo. El predio donde comenzó a contruir ese emporio del asistencialismo le fue donado por el mismo gestor de ese programa de exclusión, a expensas de lo que era el Instituto Forestal Nacional, que fue desapropiado de un predio de 65 hectáreas. El dinero para comenzar la construcción, también.

Ante la convocatoria del sacerdote Julio César Grassi, a la sazón joven y carismático, estrellas del universo político, empresarial y de la farándula hacían llover donaciones a la fundación que adoptó el nombre de resonancias bíblicas Felices los Niños.

Nada faltaba allí adentro. Era una suerte de ciudad del niño necesitado. Una institución elefantiásica. Pabellones dormitorio, comedores, escuelas, panadería, huerta… Tenía sucursales que crecían como hongos en todo el país. El número de chicos “amparados” se multiplicaba exponencialmente y la recaudación también. Pero Felices los Niños era un paraíso falso que reveló un costado diabólico cuando, en 2002, un programa de televisión reveló que el cura era un abusador sexual de menores.

La descomunal reacción mediática de protección al sacerdote fue contrarrestada por el accionar lento pero efectivo de la Justicia, que lo procesó y lo condenó a pesar de los esfuerzos de algunos de los estudios jurídicos más prestigiosos y costosos del país. Luis Moreno Ocampo, Julio Virgolini, Marcelo Sancinetti, Jorge Sandro y muchos otros trabajaron en su defensa. De dónde salía la plata, no quedaba claro. Los letrados lograron, con diversas chicanas, que Grassi permaneciera en libertad hasta que la Suprema Corte Bonaerense confirmó la pena de quince años de prisión por abuso sexual y corrupción. El culpable fue a prisión, en setiembre del año pasado, once años después de iniciada la causa. Las víctimas, en cambio, tuvieron incluso dificultades para conseguir quienes las representaran. Las persiguieron, las hostigaron, sufrieron todo tipo de presiones y privaciones. Eran chicos pobres, en situación de calle, aquellos que el religioso decía defender. Y dos de ellos ni siquiera tuvieron la reparación que buscaban, la de una condena.

Ni bien el proceso judicial empezó a avanzar, el cura se atrincheró en una quinta vecina al predio, y sus voceros recorrieron los medios denunciando delirantes complots en su contra de distintas y contradictorias autorías que incluían un jefe guerrillero ya fallecido, una diva de la televisión que había tenido un entredicho con él, ex empleados, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, propietarios de multimedios y periodistas. Según la coyuntura, variaba su relato, buscando amparos y quejándose amargamente del ahogo de la fundación, de la falta de recursos.

Sin embargo, la denuncia reciente, nada menos que del director de hogares nombrado por el mismo cura, Juan Manuel Casolati, demuestra que la mercadería y los fondos eran desviados para el cura en su provecho. Un aceitado mecanismo de pirateo para su beneficio. Desde la Unidad 41 de Campana, donde gracias a negociaciones con el Servicio Penitenciario gozaba de privilegios que ningún detenido tiene (televisión satelital, computadora individual, Internet, varios teléfonos celulares, manejo de miles de pesos en efectivo, oficina privada), operaba dejando a los chicos en situación de extrema vulnerabilidad y pagando sus ventajas con lo que les quitaba de la boca. Orín de rata, basurales a cielo abierto, comida vencida o en mal estado, cables expuestos, techos con goteras, pisos inundados, falta de calefacción y deterioro era lo que padecían.

¿Quiénes son los responsables? Casolati, en la denuncia judicial, desgrana los nombres de todos los miembros del consejo de administración de la fundación y de un grupo de empleados leales al cura, algunos de los cuales están a su lado desde los inicios de la fundación hace más de veinte años. El denunciante, además secretario de ejecución penal, los acusa de integrar una asociación ilícita.

La decadencia de la fundación era evidente para quien quisiera verla, y peligrosa para los chicos. Al otro lado de la calle Gorriti, en Hurlingham, la mirada del obispo de Morón, monseñor Eichhorn, era, sin embargo, piadosa con el cura y se permitía dudar de su culpabilidad. La presencia de los organismos responsables de supervisar el funcionamiento fue insuficiente o nula según la etapa. Entretanto, millones de pesos, producto de la solidaridad, eran recaudados por un sistema de telemarketing con operadoras mal pagas pero eficientes, y probablemente malversados.

Grassi ya había desviado fondos de la fundación usando cheques para pagar la casa que ocupaba, y esperaba la aceptación de una probation en su caso. Es la misma casa donde ocultaba de miradas fiscalizadoras y acopiaba mercaderías.

Nadie sabe si con la reciente intervención por parte de la provincia, esta historia nefasta haya terminado. El sacerdote más famoso de la Argentina siempre depara sorpresas. La Justicia continúa investigando sus enjuagues y podría haber más sorpresas, acaso una nueva pena de prisión.

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