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Mendoza y el castigo kirchnerista a Impsa

Tarde comenzaron los funcionarios a buscar soluciones concretas para la empresa Impsa. Desde hace más de un año, la mala situación por la que atraviesa la empresa es de dominio público, hasta referentes del sector aseguraban -antes de que se produjera la cesación de pagos en la que entró el Grupo- que la firma se iba de Mendoza. Extraño resulta que los problemas no hayan llegado entonces a oídos de ningún funcionario.



Impsa comenzó a tener problemas serios con el Gobierno nacional en el 2010 cuando denunció que se había preadjudicado la central hidroeléctrica Chiuido I de Neuquén a las firmas que habían presentado el mayor costo de construcción, la tarifa más cara y un financiamiento que no respondía a lo solicitado en el pliego. ¿A qué empresas se les preadjudicó la obra? Obviamente a las de empresarios kirchneristas: Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, y CPC, de Cristóbal López, por 1.560 millones de dólares.

Las denuncias de Pescarmona aparecieron en distintos diarios. ¿Qué pasó entonces? Con el paso del tiempo los funcionarios nacionales dejaron de hacer gestiones ante los gobiernos de Venezuela y Brasil para que Impsa cobrara las obras realizadas en esos países. También le frenaron pagos a la empresa, recién ayer acordaron pagarle $ 42 millones que le deben desde el 2010 -año de las denuncias- por obras realizadas en el dique Embalse Río Tercero. Eso terminó en que la empresa arrastrara 3 años con problemas de cobro en Brasil y 2 en Venezuela.

El resultado es el que está a la vista en los últimos meses. Primero se anunció que la firma tenía problemas para el pago de obligaciones negociables. Después, en agosto, la justicia brasileña le decretó la quiebra a la empresa Wind Power Energy de Impsa por no haberle pagado U$S 4,7 millones a las firmas Libra Terminal Valongo y Libra Terminais, luego Impsa acordó un plan de pagos con las empresas y se levantó la quiebra. Pero, el atraso en los cobros de Impsa se mantenía, así fue que anunció la imposibilidad de poder pagar $ 9,5 millones de Obligaciones Negociables que vencieron el jueves pasado.

Ya con la sangre llegando al río, los funcionarios nacionales en las últimas semanas comenzaron a recibir en sus despachos al titular del grupo, Enrique Pescarmona, a quien venían ninguneando desde hacía bastante tiempo. Ayer el Gobierno nacional, a través del ministro de Trabajo, Jorge Tomada, comenzó a dar señales claras de querer asistir a la empresa mendocina al comprometerse a realizar gestiones para que la firma pueda cobrar algo de los U$S 1.000 de deuda que acumula entre las obras realizadas en Brasil y Venezuela. El gobierno nacional también tendrá en cuenta a Impsa para realizar trabajos en Yacyretá y probablemente en YPF.

Sabemos que en Mendoza hay 1.000 puestos de trabajo en juego, más una cantidad de pymes industriales que dependen de Pescarmona debido a que la empresa las capacitó y profesionalizó sus actividades lo que también generó que se ataran a la suerte de Impsa. Así las cosas, si la empresa no tiene trabajo o no cobra, también sufren las firmas chicas que dependen de la Impsa.

Además, están en problemas los 2.000 proveedores locales que tiene la empresa en la provincia con los cuales también viene acumulando deuda. Sin dudas, un espantoso momento deben estar pasando los trabajadores de Impsa, así como los que trabajan en las pymes y empresas que le proveen materiales y le prestan servicios.

La administración Pérez ya vivió lo que significa la partida de una empresa importante de la provincia cuando la minera brasileña Vale decidió paralizar su proyecto Potasio Río Colorado a principios del 2013. El mandatario no logró ni impedir la ida ni reactivar el proyecto. El caso Vale no es un buen recuerdo ni para el gobierno local y, ahora, tampoco lo es para los trabajadores de Impsa.

El clima de negocios en la provincia no es el mejor. Distintas cámaras, entidades empresariales y gremiales, desde Aderpe y Asinmet, pasando por la Cámara de la Construcción, la CGT, el CEM, la UCIM, la FEM y hasta Valos, emitieron un comunicado en conjunto en el que señalan, entre otras cosas, que “resulta indispensable la defensa y el esfuerzo destinado a apoyar a una empresa mendocina como Impsa, contribuyendo con ello a mantener una matriz productiva mendocina diversificada, una fuente de generación de productos exportables con alto valor agregado y la conservación de gran cantidad de puestos de trabajo altamente calificados”.

Si bien las negociaciones para que Impsa reciba pagos atrasados de Brasil y Venezuela las llevará adelante el Gobierno nacional, la administración local deberá estar muy atenta a su evolución. A la gestión Pérez no le queda margen para equivocarse. Si cae Impsa o se despide mucho personal, el golpe también arrastrará a los funcionarios mendocinos y, simbólicamente, el impacto en el imaginario colectivo será similar al de la caída del Banco Mendoza a fines de los '90, hecho que también tuvo a Pescarmona entre sus protagonistas.


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