Fracasa la implementacion de la reforma en telecomunicaciones: provocó desinversión en lugar de inversión.
En el peor de los mundos: regulación para desinvertir
¿Regulación fallida?
Cuando existe asimetría en la distribución de bienes y servicios comunicacionales, la rectoría económica del Estado interviene para garantizar que dichos servicios lleguen a la mayoría de la población, sin importar su condición social, económica o ubicación geográfica, pues se trata de derechos fundamentales.
El artículo sexto de la reforma constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
Bajo ese principio constitucional, era de esperarse que la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones garantizara las inversiones público-privadas que hicieran posible dicho derecho. Sin embargo, a casi dos años de que iniciara la discusión y posterior aprobación de la reforma constitucional, el sector de las telecomunicaciones se encuentra en el peor de los escenarios: en lugar de que la regulación creara certidumbre y motivara la inversión (incluida la extranjera en redes fijas, que tanto se buscó), ha ocasionado todo lo contrario en un primer momento, que los principales actores de la industria, los llamados agentes económicos preponderantes, desinviertan de sus redes.
Mientras tanto, los demás actores están buscando las opciones de negocio que les permita consolidar sus operaciones, en un sector de fuertes inversiones de capital e intensiva innovación tecnológica y de modelos de negocio.
Se observó desde los indicios de la reforma en materia de telecomunicaciones que el Estado buscó que la competencia fuera el mecanismo efectivo de mercado que resolviera todas las ineficiencias en precios, calidad y cobertura. Sin embargo, en un país con una desigualdad socioeconómica persistente, la competencia no es suficiente para cumplir con los objetivos de inclusión digital universal planteados en la Constitución.
Como se observa en la gráfica sobre inversión anual en telecomunicaciones, la Licitación 21 (2010) generó un clima de inversión para el despliegue de redes móviles avanzadas, pero dicha inversión disminuyó en los años de la reforma (2013) y de la ley secundaria (2014). El nuevo escenario regulatorio no ha detonado las inversiones que el sector y el país necesitan, si se considera que las telecomunicaciones impactan de manera transversal en el resto de las actividades económicas.
Si bien de once países relevantes de América Latina México es el segundo país que más invierte en telecomunicaciones después de Brasil, en realidad sólo destina 0.43 por ciento del PIB a las telecomunicaciones (la tercera más baja de la región sólo por encima de Venezuela y Uruguay). Es decir, México apenas destina en inversión de telecomunicaciones 44 dólares por habitante, cuando Chile destina 143 dólares. Según la OCDE, la inversión en telecomunicaciones per cápita de México era de 45.6 dólares en 2011.
Es cierto que para fomentar el crecimiento del sector era necesaria una reforma al régimen legal de las telecomunicaciones que permitiera al país adaptarse a los nuevos paradigmas del mercado y beneficiara al consumidor. Sin embargo, también se requería de una acción decidida del gobierno que fomentara la inversión privada en nuevas tecnologías y para ampliar la cobertura. Más allá de sobre regular y desincorporar a los operadores incumbentes, desde la perspectiva de la competencia, la ley debió complementarse con una política industrial desde la óptica del servicio público que permitiera llevar las telecomunicaciones a las comunidades sin servicio, aprovechando y potenciando las capacidades (en escala, inversión y experiencia) de los operadores privados.
México es un país afectado por la desigualdad económica y social, posee una orografía complicada para la instalación de infraestructura y una población dispersa en cientos de asentamientos rurales. Incluso en países avanzados de Europa y Estados Unidos, la competencia no es suficiente para compensar las ineficiencias de los mercados y para llevar los servicios de telecomunicaciones a toda la población. Países en América Latina han optado por obligar a los operadores a invertir y a expandirse a nuevos mercados como parte de su modelo de negocio.
Aunque se planteó la Estrategia Digital Nacional (EDN) como política pública para lograr la inclusión digital universal, no propuso objetivos concretos, medibles y comprobables, además de basarse en indicadores vagos que no se materializan en objetivos concretos y resultados a mediano plazo. Si bien hoy algunos estudiantes de quinto y sexto de primaria cuentan con una tableta para formarse, sin el apoyo pedagógico, la alfabetización digital y sin herramientas tecnológicas complementarias que permitan a estudiantes y profesores aprovechar su potencial, esta medida reportará resultados limitados, por mencionar un ejemplo.
Así, la desincorporación de activos de América Móvil y la desintegración del consorcio Televisa-TV Azteca en Iusacell, pueden considerarse como efectos inmediatos de una ley que castiga a las empresas por su tamaño y que no las estimula a seguir invirtiendo y expandiéndose a nuevos mercados y tecnologías. Como lo ha señalado Mediatelecom Policy & Law, ante la amenaza de ser castigados por crecer, los operadores optarán por mantener su mercado tradicional. La decisión de Televisa es un ejemplo claro.
Escenarios de incertidumbre y desinversión
Al día de hoy (a reserva de futuros efectos) el escenario es el siguiente, motivado por una sobre regulación que desincentiva la inversión y no estimula la convergencia.
1. América Móvil, en lugar de invertir en redes de nueva generación y en servicios convergentes de voz, audio y video, desincorporará activos para quedar por debajo del umbral de 50 por ciento de mercado que establece la ley. El problema radica en que buscará mantenerse por debajo del nivel establecido para no ser declarado preponderante y removerá un fuerte incentivo de competencia al resto de los operadores.
2. Maxcom, Axtel, Alestra y otros operadores pequeños telefónicos y de televisión de paga confiaban en la regulación asimétrica y en medidas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones, pero este mismo operador decidió desincorporar activos y diversas medidas regulatorias como la tarifa cero de interconexión o la compartición de infraestructura ya no se aplicarán y los competidores no recibirán transferencias por tarifas de interconexión superiores a 11 mil millones de pesos al año. Se incrementa el riesgo de invertir en nuevas redes y generar nuevos mercados en áreas sin cobertura. Se esperará a que el gobierno asuma el mayor riesgo de inversión.
3. Televisa opta por vender su participación de 50 por ciento en Grupo Iusacell por 717 millones de dólares, y admite una pérdida de 320 millones de dólares. Por el momento, Televisa se aleja del mercado móvil, el de mayor crecimiento a nivel mundial, aunque se enfocará en la televisión de paga mediante concentraciones con otras empresas, con el riesgo de ser declarado agente con poder sustancial de mercado.
4. La medida que ordena la desaparición de la larga distancia nacional a partir de 2015 afecta a todos los operadores, pero más a aquellos que enfrentan complicaciones para alcanzar escalas, creando un boquete en sus finanzas. Algunas empresas surgieron en el mercado de larga distancia, pero súbitamente la legislación les arrebata ingresos por concepto de roaming, en una clara medida populista que necesariamente habrá de compensarse con el encarecimiento de otros servicios.
5. Nextel, aunque posee un ARPU considerable, su consorcio controlador en Estados Unidos, NII Holdings, aplicó voluntariamente al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para proteger momentáneamente a la compañía de sus acreedores. Si bien Nextel de México no enfrenta un proceso de quiebra, la falta de fondos de su matriz pueden limitar el acceso a capital fresco para continuar expandiendo su infraestructura. La operación de Nextel México contribuye con 39 por ciento de los ingresos de NII Holdings. Al igual que Iusacell, su activo valioso es el espectro, aunque la tecnología de su red (WCDMA) y su escasa gama de smartphones le han restado competitividad en el mercado. Nextel México debiera reconocer su precaria situación, pues es claro que sus alternativas están en vender la operación.
6. Telefónica corre el riesgo de rezagarse ante la entrada de un nuevo operador que adquiera los activos de América Móvil, pero es la única empresa que ha visualizado su consolidación con otros operadores, motivada por su experiencia en España y Europa. Lo cierto es que Telefónica sólo tiene la opción de adquirir cuota de mercado mediante otro operador, ante las limitaciones de un crecimiento orgánico por nuevas conexiones. Adicionalmente, la compañía se ha retrasado en la implementación de una oferta convergente que incremente su presencia en el sector. Telefónica ya tiene un operador fijo y tiene la licencia para ofrecer servicios de TV de paga, pero nuevamente el riesgo de la inversión podría estar limitando su nivel de acción en el mercado.
7. El Estado mexicano tendrá que suplir y subsidiar la falta de inversión privada mediante el despliegue de una amplia red troncal de fibra óptica y la instalación de una red inalámbrica compartida mayorista en la banda de 700 MHz. La cobertura social y el acceso universal quedarán en manos del Estado, pues la reforma y la legislación sólo crearon competencia en los mercados rentables de las grandes urbes. El problema se centra en que el gobierno ingresa nuevamente como un potencial competidor en el sector de las telecomunicaciones, además de desempeñarse como regulador. La creación de un nuevo monopolio sobre un bloque considerable del espectro desaprovecha la experiencia, infraestructura y capital del sector privado, retrasando la puesta en marcha de la nueva red. En contraste con la política mexicana, Chile ya licitó la banda de 700 MHz con claras obligaciones de cobertura, y los operadores están en proceso de inversión y despliegue. Brasil ya se encamina hacia el mismo proceso licitatorio.
Conclusiones
Como se observa en las gráficas y el actual escenario económico, ni la reforma a las telecomunicaciones ni la promulgación de la legislación secundaria generaron por sí solas inversión en el sector. Por el contrario, el efecto inmediato (independientemente de futuras reconfiguraciones del mercado) de la entrada en vigor de la nueva regulación fue que los principales operadores han optado por desinvertir e incluso desprenderse de sus operaciones.
La entrada de nuevos actores como los Operadores Móviles Virtuales y los inversionistas extranjeros interesados en los activos de América Móvil y la venta de empresas, no necesariamente garantizarán las inversiones que el sector requiere, y se limitarán a la reconfiguración del mercado.
Sólo el despliegue de redes de nueva generación, la liberación de espectro radioeléctrico, la convergencia y la innovación podrán atraer –en un clima de certidumbre jurídica, políticas públicas, estímulo a los negocios y un ecosistema digital– las inversiones que permitan hacer de las telecomunicaciones un verdadero factor de desarrollo humano y crecimiento económico.
Los bajos niveles de penetración en prácticamente todos los segmentos, desde telefonía móvil hasta banda ancha fija, representan un potencial crecimiento para nuevos operadores, pero requieren de los incentivos correctos que garanticen su sustentabilidad económica.
Por eso, concluimos lo siguiente:
1. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no detonó las inversiones en el sector sino que desató movimientos especulativos y de desinversión entre los principales operadores de redes.
2. La falta de inversión privada deja desatendidas las zonas rurales del país, afectando el derecho de acceso a las TIC y a los servicios públicos de telecomunicaciones.
3. Para igualarnos a Chile, como señala la Estrategia Digital Nacional, existe un potencial de crecimiento para todos los operadores hacia 2018 de 68 millones de líneas móviles 2.6 millones de accesos fijos. Hay mercado para todos si se implementan las políticas públicas y la regulación correctas.
4. Hay un abandono de la cobertura universal, retrasando el desarrollo regional y la productividad, demorando el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y a las oportunidades de inclusión digital y acceso a la educación, la salud y el empleo.
5. Sólo la inversión pública atenderá los mercados que todavía no tienen cobertura ni conectividad, en lugar de sacar ventajas competitivas de las redes existentes, la experiencia de los operadores y el mercado.
6. La legislación secundaria sólo generó un estrés competitivo en los mercados rentables, con una sobre oferta de servicios y operadores tradicionales y móviles virtuales.
7. Se requieren políticas de liberación de espectro para que vuelvan a detonarse las inversiones y se permita el crecimiento orgánico de los operadores para enfrentar la futura demanda de datos y accesos de alta capacidad.
8- El retraso en la convergencia detiene las inversiones y el despegue de nuevos modelos de negocios basados en la economía digital.
9. Es necesario agilizar los procesos de otorgamiento de concesión única para promover la convergencia tecnológica y de servicios, basada en la innovación.
- La constitución política de México establece el derecho al acceso a las telecomunicaciones
- México es uno de los paises en donde menos se invierte en telecomunicaciones (resultando en servicios caros, malos e inaccesibles)
- 2 años llevó reformar para marcar las reglas para garantizar el derecho constitucional
- Se cree que la competencia resolverá el problema. Se quiere atraer inversion extranjera
- Se omitió la desigualdad socioeconómica que imposibilita encontrar competencia dentro del mismo país, y el estado de la economia externa (pues se necesitan inversiones externas)
- Los monopolios de telecom desinvierten para safarse de sus obligaciones, no llegan inversiones, el resultado: desinversion.
- Pequeños operadores no ven oportunidades y tambien desinvierten
- Transnacionales enfrentan problemas en su matriz
- La Estrategia Digital Nacional prácticamente es "un show" con objetivos vagos y sin proyecto alguno
- Los beneficios prometidos para 2015 como la larga distancia gratuita, necesariamente obligaran al operador a incorporar otras tarifas
- El Estado tendrá que gastar (que es lo que se quería evitar). Asumiendo el riesgo de las inversiones que no llegan y/o subsidiando los servicios.
En el peor de los mundos: regulación para desinvertir
¿Regulación fallida?
Cuando existe asimetría en la distribución de bienes y servicios comunicacionales, la rectoría económica del Estado interviene para garantizar que dichos servicios lleguen a la mayoría de la población, sin importar su condición social, económica o ubicación geográfica, pues se trata de derechos fundamentales.
El artículo sexto de la reforma constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
Bajo ese principio constitucional, era de esperarse que la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones garantizara las inversiones público-privadas que hicieran posible dicho derecho. Sin embargo, a casi dos años de que iniciara la discusión y posterior aprobación de la reforma constitucional, el sector de las telecomunicaciones se encuentra en el peor de los escenarios: en lugar de que la regulación creara certidumbre y motivara la inversión (incluida la extranjera en redes fijas, que tanto se buscó), ha ocasionado todo lo contrario en un primer momento, que los principales actores de la industria, los llamados agentes económicos preponderantes, desinviertan de sus redes.
Mientras tanto, los demás actores están buscando las opciones de negocio que les permita consolidar sus operaciones, en un sector de fuertes inversiones de capital e intensiva innovación tecnológica y de modelos de negocio.
Se observó desde los indicios de la reforma en materia de telecomunicaciones que el Estado buscó que la competencia fuera el mecanismo efectivo de mercado que resolviera todas las ineficiencias en precios, calidad y cobertura. Sin embargo, en un país con una desigualdad socioeconómica persistente, la competencia no es suficiente para cumplir con los objetivos de inclusión digital universal planteados en la Constitución.
Como se observa en la gráfica sobre inversión anual en telecomunicaciones, la Licitación 21 (2010) generó un clima de inversión para el despliegue de redes móviles avanzadas, pero dicha inversión disminuyó en los años de la reforma (2013) y de la ley secundaria (2014). El nuevo escenario regulatorio no ha detonado las inversiones que el sector y el país necesitan, si se considera que las telecomunicaciones impactan de manera transversal en el resto de las actividades económicas.
Si bien de once países relevantes de América Latina México es el segundo país que más invierte en telecomunicaciones después de Brasil, en realidad sólo destina 0.43 por ciento del PIB a las telecomunicaciones (la tercera más baja de la región sólo por encima de Venezuela y Uruguay). Es decir, México apenas destina en inversión de telecomunicaciones 44 dólares por habitante, cuando Chile destina 143 dólares. Según la OCDE, la inversión en telecomunicaciones per cápita de México era de 45.6 dólares en 2011.
Es cierto que para fomentar el crecimiento del sector era necesaria una reforma al régimen legal de las telecomunicaciones que permitiera al país adaptarse a los nuevos paradigmas del mercado y beneficiara al consumidor. Sin embargo, también se requería de una acción decidida del gobierno que fomentara la inversión privada en nuevas tecnologías y para ampliar la cobertura. Más allá de sobre regular y desincorporar a los operadores incumbentes, desde la perspectiva de la competencia, la ley debió complementarse con una política industrial desde la óptica del servicio público que permitiera llevar las telecomunicaciones a las comunidades sin servicio, aprovechando y potenciando las capacidades (en escala, inversión y experiencia) de los operadores privados.
México es un país afectado por la desigualdad económica y social, posee una orografía complicada para la instalación de infraestructura y una población dispersa en cientos de asentamientos rurales. Incluso en países avanzados de Europa y Estados Unidos, la competencia no es suficiente para compensar las ineficiencias de los mercados y para llevar los servicios de telecomunicaciones a toda la población. Países en América Latina han optado por obligar a los operadores a invertir y a expandirse a nuevos mercados como parte de su modelo de negocio.
Aunque se planteó la Estrategia Digital Nacional (EDN) como política pública para lograr la inclusión digital universal, no propuso objetivos concretos, medibles y comprobables, además de basarse en indicadores vagos que no se materializan en objetivos concretos y resultados a mediano plazo. Si bien hoy algunos estudiantes de quinto y sexto de primaria cuentan con una tableta para formarse, sin el apoyo pedagógico, la alfabetización digital y sin herramientas tecnológicas complementarias que permitan a estudiantes y profesores aprovechar su potencial, esta medida reportará resultados limitados, por mencionar un ejemplo.
Así, la desincorporación de activos de América Móvil y la desintegración del consorcio Televisa-TV Azteca en Iusacell, pueden considerarse como efectos inmediatos de una ley que castiga a las empresas por su tamaño y que no las estimula a seguir invirtiendo y expandiéndose a nuevos mercados y tecnologías. Como lo ha señalado Mediatelecom Policy & Law, ante la amenaza de ser castigados por crecer, los operadores optarán por mantener su mercado tradicional. La decisión de Televisa es un ejemplo claro.
Escenarios de incertidumbre y desinversión
Al día de hoy (a reserva de futuros efectos) el escenario es el siguiente, motivado por una sobre regulación que desincentiva la inversión y no estimula la convergencia.
1. América Móvil, en lugar de invertir en redes de nueva generación y en servicios convergentes de voz, audio y video, desincorporará activos para quedar por debajo del umbral de 50 por ciento de mercado que establece la ley. El problema radica en que buscará mantenerse por debajo del nivel establecido para no ser declarado preponderante y removerá un fuerte incentivo de competencia al resto de los operadores.
2. Maxcom, Axtel, Alestra y otros operadores pequeños telefónicos y de televisión de paga confiaban en la regulación asimétrica y en medidas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones, pero este mismo operador decidió desincorporar activos y diversas medidas regulatorias como la tarifa cero de interconexión o la compartición de infraestructura ya no se aplicarán y los competidores no recibirán transferencias por tarifas de interconexión superiores a 11 mil millones de pesos al año. Se incrementa el riesgo de invertir en nuevas redes y generar nuevos mercados en áreas sin cobertura. Se esperará a que el gobierno asuma el mayor riesgo de inversión.
3. Televisa opta por vender su participación de 50 por ciento en Grupo Iusacell por 717 millones de dólares, y admite una pérdida de 320 millones de dólares. Por el momento, Televisa se aleja del mercado móvil, el de mayor crecimiento a nivel mundial, aunque se enfocará en la televisión de paga mediante concentraciones con otras empresas, con el riesgo de ser declarado agente con poder sustancial de mercado.
4. La medida que ordena la desaparición de la larga distancia nacional a partir de 2015 afecta a todos los operadores, pero más a aquellos que enfrentan complicaciones para alcanzar escalas, creando un boquete en sus finanzas. Algunas empresas surgieron en el mercado de larga distancia, pero súbitamente la legislación les arrebata ingresos por concepto de roaming, en una clara medida populista que necesariamente habrá de compensarse con el encarecimiento de otros servicios.
5. Nextel, aunque posee un ARPU considerable, su consorcio controlador en Estados Unidos, NII Holdings, aplicó voluntariamente al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para proteger momentáneamente a la compañía de sus acreedores. Si bien Nextel de México no enfrenta un proceso de quiebra, la falta de fondos de su matriz pueden limitar el acceso a capital fresco para continuar expandiendo su infraestructura. La operación de Nextel México contribuye con 39 por ciento de los ingresos de NII Holdings. Al igual que Iusacell, su activo valioso es el espectro, aunque la tecnología de su red (WCDMA) y su escasa gama de smartphones le han restado competitividad en el mercado. Nextel México debiera reconocer su precaria situación, pues es claro que sus alternativas están en vender la operación.
6. Telefónica corre el riesgo de rezagarse ante la entrada de un nuevo operador que adquiera los activos de América Móvil, pero es la única empresa que ha visualizado su consolidación con otros operadores, motivada por su experiencia en España y Europa. Lo cierto es que Telefónica sólo tiene la opción de adquirir cuota de mercado mediante otro operador, ante las limitaciones de un crecimiento orgánico por nuevas conexiones. Adicionalmente, la compañía se ha retrasado en la implementación de una oferta convergente que incremente su presencia en el sector. Telefónica ya tiene un operador fijo y tiene la licencia para ofrecer servicios de TV de paga, pero nuevamente el riesgo de la inversión podría estar limitando su nivel de acción en el mercado.
7. El Estado mexicano tendrá que suplir y subsidiar la falta de inversión privada mediante el despliegue de una amplia red troncal de fibra óptica y la instalación de una red inalámbrica compartida mayorista en la banda de 700 MHz. La cobertura social y el acceso universal quedarán en manos del Estado, pues la reforma y la legislación sólo crearon competencia en los mercados rentables de las grandes urbes. El problema se centra en que el gobierno ingresa nuevamente como un potencial competidor en el sector de las telecomunicaciones, además de desempeñarse como regulador. La creación de un nuevo monopolio sobre un bloque considerable del espectro desaprovecha la experiencia, infraestructura y capital del sector privado, retrasando la puesta en marcha de la nueva red. En contraste con la política mexicana, Chile ya licitó la banda de 700 MHz con claras obligaciones de cobertura, y los operadores están en proceso de inversión y despliegue. Brasil ya se encamina hacia el mismo proceso licitatorio.
Conclusiones
Como se observa en las gráficas y el actual escenario económico, ni la reforma a las telecomunicaciones ni la promulgación de la legislación secundaria generaron por sí solas inversión en el sector. Por el contrario, el efecto inmediato (independientemente de futuras reconfiguraciones del mercado) de la entrada en vigor de la nueva regulación fue que los principales operadores han optado por desinvertir e incluso desprenderse de sus operaciones.
La entrada de nuevos actores como los Operadores Móviles Virtuales y los inversionistas extranjeros interesados en los activos de América Móvil y la venta de empresas, no necesariamente garantizarán las inversiones que el sector requiere, y se limitarán a la reconfiguración del mercado.
Sólo el despliegue de redes de nueva generación, la liberación de espectro radioeléctrico, la convergencia y la innovación podrán atraer –en un clima de certidumbre jurídica, políticas públicas, estímulo a los negocios y un ecosistema digital– las inversiones que permitan hacer de las telecomunicaciones un verdadero factor de desarrollo humano y crecimiento económico.
Los bajos niveles de penetración en prácticamente todos los segmentos, desde telefonía móvil hasta banda ancha fija, representan un potencial crecimiento para nuevos operadores, pero requieren de los incentivos correctos que garanticen su sustentabilidad económica.
Por eso, concluimos lo siguiente:
1. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no detonó las inversiones en el sector sino que desató movimientos especulativos y de desinversión entre los principales operadores de redes.
2. La falta de inversión privada deja desatendidas las zonas rurales del país, afectando el derecho de acceso a las TIC y a los servicios públicos de telecomunicaciones.
3. Para igualarnos a Chile, como señala la Estrategia Digital Nacional, existe un potencial de crecimiento para todos los operadores hacia 2018 de 68 millones de líneas móviles 2.6 millones de accesos fijos. Hay mercado para todos si se implementan las políticas públicas y la regulación correctas.
4. Hay un abandono de la cobertura universal, retrasando el desarrollo regional y la productividad, demorando el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y a las oportunidades de inclusión digital y acceso a la educación, la salud y el empleo.
5. Sólo la inversión pública atenderá los mercados que todavía no tienen cobertura ni conectividad, en lugar de sacar ventajas competitivas de las redes existentes, la experiencia de los operadores y el mercado.
6. La legislación secundaria sólo generó un estrés competitivo en los mercados rentables, con una sobre oferta de servicios y operadores tradicionales y móviles virtuales.
7. Se requieren políticas de liberación de espectro para que vuelvan a detonarse las inversiones y se permita el crecimiento orgánico de los operadores para enfrentar la futura demanda de datos y accesos de alta capacidad.
8- El retraso en la convergencia detiene las inversiones y el despegue de nuevos modelos de negocios basados en la economía digital.
9. Es necesario agilizar los procesos de otorgamiento de concesión única para promover la convergencia tecnológica y de servicios, basada en la innovación.