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Mirá porque el gobierno acusa de terrorista a una empresa




Donnelley Argentina es una imprenta que declaró la quiebra y echó a 400 empleados, que denuncian que el cierre es intencional. Los vínculos con Wall Street.

Esta es Donnelley Argentina



Es una imprenta que está en el kilómetro 36 de la Autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Garín. Tiene unos 400 empleados. En 1999, RR Donnelley & Sons Co (la empresa global, con base en Chicago, una de las 500 compañías más importantes del mundo), compró la Editorial Atlántida, incluyendo la planta de Garín. Desde entonces, se dedica a imprimir revistas como Para Tí, Paparazzi y Billiken, además de otros productos como catálogos.

El lunes, los trabajadores se llevaron una sorpresa



El lunes 11 de agosto, cuando llegaron a la imprenta, los empleados se enteraron de que la empresa había declarado la quiebra y que todos se quedaban sin trabajo. "Acabamos de enterarnos de que la empresa cerró, de forma absolutamente ilegal, ya que presentaron un pedido de quiebra que aún no fue otorgado por la justicia", dijo uno de los delegados de los trabajadores, Jorge Medina.

Y se armó quilombo



Los empleados cortaron la Panamericana ramal Escobar para protestar. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, lo que obliga a suspender el cierre y el paro durante 15 días para negociar. Pero la empresa "no está muy dispuesta a negociar" y no hay buena expectativa" sobre la reapertura de la planta.

A algunos el cierre les resultó un poco sospechoso



"Esto es una decisión política que la compañía tomó a nivel mundial, de cerrar su operación en la Argentina. Hizo una previsión para pagar todas sus deudas, incluidos más de 8 millones de dólares en indemnizaciones al personal", denunció Juan Carlos Sacco, presidente de la Federación de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA). Además, dijo que el sector gráfico "no está en crisis", y que los 400 empleados de Donnelley representan "un caso particular" entre los 70.000 trabajadores gráficos del país. Otro de los delegados de la imprenta, René Córdoba, explicó que Donnelley tuvo "ganancias por 218 millones de dólares a nivel mundial en 2013" y ahora "presentaron un preventivo de crisis para poder despedir masivamente".

Y al Gobierno también



"La empresa Donnelley ha tenido la particularidad de haber tomado una decisión unilateral de cierre ungida por su casa matriz, en Estados Unidos. La decisión es por lo menos rara, es unilateral y es intempestiva. Es de carácter político y no empresarial", afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Y el diputado provincial kirchnerista Miguel Funes dijo que la empresa quiere "condicionar al gobierno nacional" y promover la idea de que la quiebra se debe a "un problema económico" del país.


Es que la empresa tiene algunos amigos polémicos



En 2004 se vinculó a Sandy Weill y Fred Eckert, dos inversores de muy buena relación con nuestros amigos los "fondos buitre". De hecho, muchos hedge funds tienen inversiones en la empresa. Es cierto que las ganancias de Donnelley a nivel global cayeron un 6,2 por ciento el año pasado, pero aún así facturaron 2.900 millones de dólares.
Por eso llevaron el tema a la Justicia




La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentó ante la Justicia para pedir que se revoque la quiebra de Donnelley. También hizo una denuncia penal ante la Justicia Federal por el delito de "Alteración del Orden Económico y Financiero", previsto en el Código Penal. Ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el gobierno pedirá que se aplique la "Ley Antiterrorista".

¿Puede aplicarse la ley antiterrorista?



Eso depende de lo que interprete el juez federal Daniel Rafecas, que va a estar a cargo de la causa. La Ley Antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011, aumenta las penas para los delitos que tengan la "finalidad de aterrorizar a la población". En este caso, se podría argumentar que se viola el artículo 309 del Código Penal, que propone prisión de uno a cuatro años y multas para "el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente". Resta ver si el juez interpreta que la empresa no cumplió con esas normas.
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