Desde que la Corte Suprema norteamericana terminó de confirmar la sentencia del juez Thomas Griesa, el Gobierno siguió una línea coherente en relación con los acreedores que aceptaron los canjes de la deuda externa. Intentó pagarles las cuotas pactadas, objetivo sensato aunque muy difícil de cumplir por las trabas que impuso Griesa. No había hoja de ruta, el margen para obrar es limitado. La primera, la más directa, fue depositar en tiempo y forma la primera cuota que venció. Griesa atrancó el cobro, aunque sin atreverse a embargar. La cuestión se sigue litigando, muchos bancos extranjeros se oponen al criterio de Su Señoría sin atreverse a desafiarlo. Por eso, acudieron a la Cámara de Nueva York, en la que se celebrará una audiencia de resultado impredecible el mes que viene,
Repetir la maniobra para el pago de septiembre hubiera sido vano. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de la ley de pago soberano, que explora un nuevo método. Abarca más casos que no trataremos aquí. En lo que se refiere a los bonistas
hold in propone un cambio de sede para las cobranzas, desplazándolas a la Argentina o, eventualmente, a terceros países que elijan los acreedores. Si ponemos entre paréntesis la oratoria más fervorosa del oficialismo y las interpretaciones catastrofistas de la oposición, la conducta del Gobierno fue coherente más que épica o descolgada. Trata de honrar las deudas, explora alternativas.
El nuevo proyecto es legal, por donde se lo mire. Los pactos con los bonistas incluyen reglas pétreas, intocables con otras modificables de común acuerdo. Es el caso de la sede de pago. No es inconstitucional, ni siquiera para los economistas del establishment o para los opositores. No fuerza a los acreedores, no les impone nada de modo compulsivo. Puestos a simplificar algo bien intrincado: les abre otra ventanilla de pago, que pueden aceptar o rehusar.
Como no se trata de un gesto moral sino de una medida económica, prima la “ética de la responsabilidad”. Si la ley se aprueba y se resuelve su trabajosa implementación, deberá pasar la prueba ácida de la eficacia. Servirá si mejora la posición del Estado y si permite a una fracción de los acreedores (imposible que sean todos) juntarse con sus acreencias (para más información, ver nota de páginas 2 y 3).
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiso ser el primer adversario en oponerse de plano al proyecto. Respondió con velocidad y sin argumentar, a su manera. Los radicales también adelantaron el rechazo, aunque hay un par de correligionarios sueltos que insinúan diferenciarse. El diputado Sergio Massa insinuó una tercera posición, seguramente para distinguirse dentro de “la opo”. Anunció que el Frente Renovador (FR) propondrá un proyecto propio, que buscará consenso en el espectro opositor y aun con el oficialismo. Si no se consigue, irá con su idea propia y no votará la propuesta kirchnerista. Todo indica que ése es el desenlace más posible, aunque por ahora no se conoce más. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna argumenta con discurso propio que no le ahorra improperios al oficialismo pero que subraya que el fallo de Griesa es “incumplible”.
El Frente Amplio-Unen desconoce la armonía: los acuerdos plenos lo apunan. Con respecto al “pago soberano” las divergencias son relativamente escasas. Un par de radicales y Libres del Sur cuestionan. El senador Fernando Solanas explora una “tercera posición” que conserve su pertenencia a la coalición con un discurso progresista, nac & pop: le va quedando poca mecha para tanta originalidad.
El proyecto entra por el Senado, la cámara más cómoda para el kirchnerismo: allí bastarían los votos propios y los de los aliados cotidianos. En Diputados, la cuenta es más estrecha. En estos días han surgido dudas que no alcanzan a disipar el optimismo de la voluntad kirchnerista. Estiman llegar a buen puerto con mayoría apretadita, acaso mejorada por un puñado de diputados de procedencias surtidas.
Río Negro, revuelto...: en la arena política y en la pista de ShowMatch se vienen acuñando novedades que habrá que observar cuando los diputados enrolados en el Frente para la Victoria (FpV) pulsen el botón para votar. Manes del federalismo: hay que prestar atención al conurbano bonaerense y a Río Negro. El lomense Martín Insaurralde avanza en la escena mediática mientras zigzaguea en la política. Deshoja la margarita, coquetea con varios sectores, no termina de definirse. Tal vez su futuro cercano sea regresar al municipio: goza de licencia, el actual intendente Santiago Carasatorre es demasiado afín al kirchnerismo para su gusto (participó del acto del Movimiento Evita que se menciona líneas abajo). Para colmo, la cámara no es divertida ni le da brillo a “Martín”. Es difícil adivinar los designios de un divo de la farándula. Más simple es advertir que el kirchnerismo paga con usura el pecado original de haberlo colocado como cabeza de lista, rango para el que no calificaba de antemano.
Viajemos con premura a Río Negro donde estalló el conflicto que incubaron primorosamente el gobernador Alberto Weretilneck y el principal referente del FpV en la provincia, el senador Miguel Pichetto. Weretilneck fue elegido vicegobernador en 2011, acompañando en la fórmula a Carlos Soria. El asesinato de éste a manos de su mujer, un cisne negro digno de la serie Scandal, lo recolocó apenas después de asumir. Weretilneck no es peronista, revista en el Frente Grande, los ex admiradores de Oscar Alende bromean diciendo que es el primer gobernador del Partido Intransigente. Llegó por una carambola de la historia.
En aquel momento, compañeros rionegrinos insinuaron a la Presidenta promover una acefalía y nuevas elecciones u otro recambio. Cristina es bastante más institucionalista que lo que pinta la vulgata: mandó seguir las reglas de sucesión. No dejaba de saber que podría haber riesgos en el futuro, los asumió.
Una recomendable columna de Claudio Scaletta publicada anteayer en este diario reseña la trayectoria de Weretilneck, su mala gestión, su nula lealtad. La gota que derramó el vaso fue un convenio con la empresa brasileña Petrobras que cambiaba presente por futuro. Según Scaletta, “sus críticos sostienen que el contrato no garantiza las inversiones prometidas y condona alrededor de 80 millones de pesos en Ingresos Brutos adeudados. En contrapartida ingresaría un Bono Fijo de más de 90 millones de dólares que se destinarían a sostener el año y medio que resta de gestión provincial. Un salvavidas efímero para una cesión de derechos de largo plazo”. Pichetto obstruyó la aprobación del proyecto, el gobernador anunció que rompía con el FpV y se sumaba al FR. La jugada, comentan baqueanos de la provincia, tiene magra prospectiva local: el FR carece de peso propio, el gobernador tampoco acumula tanto. Su destino casi inexorable es confluir con el radicalismo, que gobernó ininterrumpidamente Río Negro desde 1983 hasta 2011. El peronismo sólo pudo relevarlo entonces y acumula muchas crisis para una fuerza que irrumpe para quedarse.
El vicegobernador Carlos Peralta murió hace poco, Weretilneck consiguió designar anteayer a su sucesor, el presidente de la Legislatura, relevando a un hombre fiel a Pichetto por uno propio, merced al apoyo de los boinas blancas.
El cisma provincial concierne también a dos diputados nacionales oriundos del Frente Grande: Herman Avoscán y Luis María Bardeggia. Hasta hoy, ambos “jugaron” para el FpV. Ahora hay versiones acerca de un salto a la vereda de enfrente. Los operadores parlamentarios del kirchnerismo creen que se conservará su adhesión. Habrá que ver, a la hora de la hora. Aun sin ellos (o sin uno, tal vez), calculan con el ábaco en la mano los compañeros kirchneristas, se podría hacer ley el proyecto presidencial.
Taiana en carrera: el Movimiento Evita lanzó un precandidato presidenciable propio, Jorge Taiana. Lo hizo con un contorno no explorado aún por sus competidores internos: un acto multitudinario en Ferro. Llenaron la cancha base y militantes propios, más los que aportó el intendente matancero Fernando Espinoza. Este aspira a la gobernación, no se encolumna con ninguna línea interna pero se deja ver y trata de probar capacidad de convocatoria.
“El Evita” comprobó la suya. Colmó Ferro, según todas las crónicas. Su referente es un dirigente de trayectoria y nivel político inusuales. Fue canciller del kirchnerismo, se lo despidió con malos modos. No reaccionó con rencor ni renegó de su pertenencia. Tuvo paciencia y buscó reacomodarse sin “convertirse” ni ofrecerse a otros postores. En su discurso Taiana subrayó que es necesario “consolidar” el proyecto tanto como “profundizarlo”. Le gusta decir que el kirchnerismo escribió un primer tomo de su historia, que convalida y exalta. Pero que es necesario escribir el segundo que abarca entre otras tareas una reforma impositiva, una agencia nacional que unifique el comando de los programas sociales.
Falta un año para las primarias. Todo son aprontes y da la impresión de que muchos precandidatos del kirchnerismo deberán unificar personería más adelante si desean competir con chances con Daniel Scioli, el postulante cuestionado por muchos aunque con mayor intención de voto, por ahora.
Recuerdos del pasado: hace unos años, el seudónimo del diputado Eduardo Lorenzo se transformó en verbo. El neologismo “borocotizar” describía la mala fe, la carencia de lealtad, el reproche a quienes se pasaban de bando. Se exageraba de más, por ahí.
La globalización, la explosión de las redes sociales, vaya a saber qué... ese mundo cambió. El transfuguismo, los cambios de camiseta están en el orden del día. Nadie se priva de conjugar “borocotizar” en primera persona del singular o del plural. Las operaciones políticas son parte de la actividad, hay tantas más cuestiones para indignarse... conviene no ser tremendista. De cualquier modo, la liviandad de las pertenencias, el individualismo de demasiados dirigentes de alto rango son una señal decadente de la etapa. Por suerte, no es todo el cuadro de situación pero lo afea.
Deportar no es un deporte
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, pidió deportaciones expeditivas para los extranjeros que vienen a la Argentina “sólo para delinquir”. Lo hizo en declaraciones radiales, que luego enriqueció o matizó ante otros medios. Es imposible contar con todas, también es difícil detallar los relativos vaivenes de su discurso, en especial cuando debate y grita. Berni es un funcionario nacional que se presta a la discusión cara a cara, lo que no es tan usual y debe ser bienvenido. Su estilo, despectivo y dado a la interrupción constante, deteriora algo el avance.
Pero volvamos al tema central, que levantó mucha repercusión. Es un tema que facilita la simplificación, así lo presentaron varios medios y comunicadores. Hubo incluso consultas de sitios on line (que no son encuestas, por carecer de básicos requisitos técnicos) preguntando a secas si se debe deportar a los delincuentes extranjeros. El “sí” en medios de derecha congregó multitudes.
Los ministros Ricardo Casal (sciolista) y Guillermo Montenegro (macrista), dos cuadros de la derecha nativa, bancaron la moción que tratamos. Es una pista sobre su sesgo ideológico. Dime con quién andas...
Como ya se dirá, la Ley de Migraciones 25.871 admite casos de retiro de los permisos de residencia y la salida del país de ciudadanos extranjeros con condena firme. Hasta ahí no habría ninguna novedad ni problema. Aparecen cuando Berni y sus aliados procuran igualar condena firme con detención policial, con “entradas”, con procesamiento y aún con encarcelamiento. Es sabido y remanido que para nuestro derecho sólo es culpable quien fue sancionado por el Poder Judicial.
Lo que Berni pidió, en el primer caso concreto, es una expulsión express basada en la primera información pasada por las fuerzas de seguridad. La mirada de águila de los uniformados, empero, no equivale a un debido proceso legal. Los que a veces tienen el gatillo fácil son (con más ligereza y amplitud) proclives al arresto fácil, a la discriminación, a la condena inapelable de volea. Ese es el punto en cuestión, que no se puede admitir.
Por cierto, son atendibles los pedidos de celeridad a los tribunales, a condición de no arrogarse sus facultades o delegarlas en las fuerzas de seguridad.
La Ley 25.871 fue dictada en 2004 y reglamentada en 2010, es de pura hechura kirchnerista. Su eje vertebral es la migración concebida como derecho humano. Es una norma de calidad, humanista, coherente con la mejor tradición nacional, expresada incipientemente en el Preámbulo de la Constitución nacional. Ni qué decir que el tránsito cotidiano y la acogida a gentes de a pie provenientes de países limítrofes o cercanos entronca con el mensaje político-regional de la década. La lógica de la Unasur y la integración, tan a menudo ensalzada por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La ley es tan coherente cuan superadora.
Eso no obsta a que se prevean supuestos de cancelación de la residencia. Se habilitan procedimientos de expulsión contra quienes: “a) hayan obtenido documentación de modo fraudulento, b) hayan sido condenados a prisión por más de 5 años por delitos dolosos o que sean reincidentes, c) hayan residido fuera de la Argentina por más de dos años, sujeto a excepciones, d) se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de residencia permanente, temporaria o transitoria, o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada por el Estado argentino y no se cumplieran las condiciones establecidas para la subvención, e) hayan participado en genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, crímenes contra la humanidad o actos similares, o que pertenezcan a organizaciones que puedan ser juzgadas por el tribunal penal internacional o por tribunales locales” (artículo 62).
La ley prevé que se ejecutará la expulsión del territorio nacional a los extranjeros que hayan recibido penas privativas de la libertad cuando hayan cumplido la mitad de la condena. Se extingue el resto de la pena. Regresan a su país de origen, sin permitirse su retorno.
El régimen está pensado en aras de resocialización y reinserción, objetivos primordiales de las condenas, que raramente se toman en cuenta en el cruel territorio de los hechos.
Para todos los trámites, las personas que ingresan a la Argentina tienen derecho al debido proceso ante los tribunales, a defensa profesional y a asistencia de las autoridades públicas si no están en condiciones de solventarla.
Berni se quejó de que pocos extranjeros son procesados o condenados. El porcentaje de extranjeros alojados en cárceles es tan sólo de un 6 por ciento sobre la población total. Eso desbarata la perversa idea de que la política migratoria pueda ser una herramienta de control del delito, que era política oficial en los ’90. Vale la pena evocarla remitiendo a una nota de esa etapa firmada por nuestro compañero Eduardo Videla, desdichadamente fallecido días atrás: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-01/99-01-21/pag03.htm
El porcentaje de condenas a quienes no son argentinos nativos, vis a vis con su total, supera en algo al de los nacionales.
El punto es estudiado a fondo en el libro El impacto de las migraciones en Argentina, presentado por la Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se elaboró a pedido de autoridades argentinas. Sobre este aspecto, informa y concluye: “comparativamente, los extranjeros son más frecuentemente condenados que los argentinos (...). Esta diferencia en la cantidad de personas condenadas no debe ser interpretada como un indicador de mayor criminalidad atribuida al contingente extranjero. Antes bien, debe ser considerada la hipótesis de cristalización de prácticas policiales y judiciales discriminatorias hacia los migrantes”.
La referencia al libro se agradece a Natalia Belmont, abogada especializada en la materia y referente del Movimiento 17 de Agosto, quien redondea: “Los dichos de Berni reflejan que no sólo las agencias del sistema penal no son ajenas a la xenofobia existente en la sociedad sino que además sus operadores las trasladan a sus prácticas concretas”.
Berni afirma que no es chauvinista ni discriminador. Claro que lo que define las conductas no es cómo las rotula su emisor. Sus propuestas, en trazos gruesos, buscan agitar a sectores de opinión pública manoduristas. Esas tendencias se excitan en momentos de dificultades económicas, recesión, merma en la creación de empleo. Las réplicas antisociales o regresivas distan de ser un fenómeno doméstico. Lampedusa, Ceuta, Melilla, las fronteras entre Estados Unidos y México, los resultados de las elecciones de la Unión Europea dan señales de época. Son preocupantes, deben suscitar rechazo, no imitación. Tampoco declaraciones imprudentes (sí que meditadas con fines proselitistas) que agiten los peores reflejos de sectores de la población.
La Argentina es un país hospitalario, los derechos de quienes migran son amplios medidos en términos internacionales. Enhorabuena y que sea por mucho tiempo. Para quienes delinquen están los tribunales y hay sanciones previstas si son condenados en procesos con todas las garantías.
Sobran cuestiones para mejorar en el servicio de Justicia, en su presteza. También mucho por revisar en la conducta de policías nacionales, provinciales o Gendarmería en su relación con el delito, temas ajenos al interés oratorio de Berni. Esos objetivos, todos, son acuciantes y necesarios.
Volver atrás con una ley pionera en materia de derechos humanos es, desde ya, una cuestión opinable. Hacerlo en contradicción con los mejores rumbos impuestos por el kirchnerismo es tan controvertible como lícito. Claro que si lo hace un funcionario nacional, eso amerita réplicas del “palo propio”. Por ahí, las exige.
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