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No es plata todo lo que reluce

Elecciones presidenciales: El crecimiento no ha recuperado el poder de compra de hace una década
No es plata todo lo que reluce


Jesús María Pérez

El primer viaje que hace un nuevo mandatario al asumir su cargo suele tener una significación especial pues pone de manifiesto, en alguna medida, su escala de prioridades al asumir el poder político. En el caso de Néstor Kirchner, cuando fue nombrado presidente de Argentina en 2003, el primer viaje que realizó fue a Brasil, a visitar a su colega Lula da Silva, en consonancia con el programa de corte socialdemócrata con el que había hecho la campaña electoral.

Cuando Cristina Kirchner fue proclamada candidata del partido justicialista para las elecciones del 28 de octubre de 2007, el pasado 19 de julio, cambió totalmente sus prioridades. Su primer, e inmediato, viaje fue a Palma de Mallorca a visitar al rey Juan Carlos en su palacio de Marivent, y al día siguiente tener un almuerzo con los empresarios españoles que más se beneficiaron de las privatizaciones del nemenismo como Repsol, Telefónica, Endesa, Iberia, Banco Santander o BBVA. Toda una señal política que advierte de cuál puede ser el programa que Cristina Kirchner pretende llevar adelante desde la presidencia argentina. De hecho los Kirchner fueron más que cómplices en el proceso privatizador al respaldarlo desde sus puestos de responsabilidad en la provincia de Santa Cruz y en el Congreso Nacional. En el primer viaje se perseguía resucitar, una vez más, el MERCOSUR. Con el de este año se reconoce la relación de dominio-dependencia respecto a los grandes monopolios que se han ido consolidando estos últimos años en la economía argentina.


La evolución de la sociedad argentina en los últimos 50 años ha sido muy convulsa en todos los terrenos (político, económico, social) y con una tendencia general a empeoramiento general de las condiciones de vida de la mayoría de su población, que el gran crecimiento económico experimentado en los últimos cuatro años sólo ha corregido en una pequeña parte.

En 1950, Argentina tenía un ingreso per capita que era más del doble del español. Su PIB era el 50% del español. Argentina se encontraba entre las 10 naciones más ricas del mundo y su potencial de crecimiento parecía no tener límites debido a los grandes recursos naturales de los que disponía. Sin embargo, cinco décadas después, al terminar 2006, su PIB es entre el 15 y el 20% del de España y sus índices sociales son más propios del llamado tercer mundo que del primero. Baste dar un ejemplo para comprobarlo. El índice nacional de pobreza entre la niñez y la adolescencia (0-13 años) supera el 40%, según el INDEC. Es decir, uno de cada cuatro niños argentinos vive en una familia pobre o indigente.


La crisis de 2001-02 fue terrible. El estallido social que provocó la llamada “crisis del corralito” (desaparición de los depósitos de decenas de miles de ahorradores por la fuga de capital) y que desembocó en la insurrección popular espontánea del 13 al 20 de diciembre de 2001 fue la punta del iceberg de una crisis económica y social muy profunda que se remontaba, al menos, a 1999.

En una sola semana (del 26 al 30 de noviembre de 2001) la fuga de capitales fue de 2.727 millones de dólares, descapitalizando los fondos bancarios. En ese momento se produjo una parálisis del circuito comercial y productivo. Cae en picado la producción y miles de empresas se van cerrando. La utilización de la capacidad productiva instalada no superaba el 50% y, en algunas ramas importantes de la producción, como automoción y construcción, era del 20%. El desempleo rompe todos los índices históricos; el 20% de paro –2.500.000 parados– y otro tanto de “subempleados”. La precarización alcanza a casi el 50% de los asalariados que recibían menos de 300 pesos al mes. Se llega a los 18 millones de pobres y 3 millones de niños vivían en la indigencia.

Esta situación es la que desembocó en la insurrección del 13 de diciembre y que acabó, primero, con el “super-Ministro” de Economía, Domingo Cavallo, y después, y por primera vez en la historia argentina, con un presidente elegido constitucionalmente, De la Rúa, y, en la semana siguiente, con otros cuatro presidentes. Uno de ellos, el efímero presidente Rodríguez Saa, se vio obligado a declarar el cese del pago de la deuda externa argentina que había llegado a la asfixiante cifra de 150.000 millones de dólares. A pesar de ello, Argentina vive en 2002 la mayor recesión económica de su historia con una caída del 10,7% de su PIB y el desempleo llegando al 21,5% de la población activa en el mes de mayo.

El 54% de la población se encuentra por debajo del límite de la pobreza, y la mitad de esa población (el 27%) del total, por debajo de la línea de indigencia.



Crecimiento del PIB


1999 - 3,5%
2000 - 0,5%
2001 - 4,8%
2002 - 10,7%
2003 - 9%
2004 -9%
2005 -9%
2006 - 8,5%
2007 - 7,7%


En abril de 2003 es elegido presidente Néstor Kirchner. La elección es facilitada por la retirada de Menem en la segunda vuelta a pesar de que había sido el más votado en la primera. Las encuestas daban a Kirchner entre el 60 y el 70% en la segunda vuelta y Menem prefirió evitar la humillación. La Unión Cívica Radical, el partido principal de la burguesía argentina, prácticamente desaparece al quedarse en un 2,3% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Kirchner despertó expectativas de cambio y de mejora por su enfrentamiento con Menem desde el propio campo peronista. Y las cifras macroeconómicas parece que le respalden. Entre 2003 y 2006 la economía argentina ha crecido a tasas “chinas”, en torno al 9% anual, que en 2007 las previsiones recortan hasta el 7,7%. Pero es necesario preguntarse cómo se ha producido este auge de la economía, a costa de qué y quién se ha beneficiado más de este desarrollo.

Kirchner ha mantenido las principales medidas de los gobiernos anteriores desde Menem. Por un lado, la privatización de las empresas y las reducciones de los impuestos a la patronal. De hecho Kirchner ha agregado otras reducciones como la del 33% de la cotización patronal para las empresas de hasta 80 trabajadores. Kirchner defiende lo que denomina “modelo industrialista de inclusión social”. En otras palabras, que más vale un mal trabajo precario, que ninguno. Y alardea de que gracias a ese “modelo social” el desempleo ha bajado de los dos dígitos a uno. Por otro lado, se ha mantenido intacta toda la legislación laboral que ha profundizado la precariedad de los contratos a tiempo parcial, los temporales, de aprendiza o pasantías.

Gracias a esa política las empresas, según Ámbito Financiero del 22.5.06, las empresas incrementaron sus beneficios un 42% en 2004 y “solo” un 26,4% en 2005. Las 500 empresas más grandes de Argentina pasaron de tener 19.500 millones de pesos de beneficios en 2003 a 41.000 en 2005 (datos del Instituto Nacional de Estadística argentino). En dos años se han doblado los beneficios.


Pero, ¿qué ha pasado con los salarios?

Desde el pico de la crisis de diciembre de 2001 la inflación ha sido del 90%. El promedio de recuperación salarial desde la crisis fue del 86%, cuatro puntos por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo. Pero hay sectores muy importantes especialmente castigados. Los trabajadores de la economía sumergida, que son el 43% de la masa laboral, 4,7 millones de trabajadores, sólo han visto recuperado el 81,5% del poder de compra de finales del 2001. Los empleados públicos peor aún pues se han quedado en el 75,5%.

El ingreso promedio del conjunto de los trabajadores, incluyendo a los que trabajan por cuenta propia, están (a finales de 2006) un 9,2% por debajo de lo percibido en 1998. Una década después, y con cinco años de gran crecimiento económico, hay casi tres millones de hogares, ocho millones de personas, que según el Indec no cubren con sus ingresos la Canasta Básica Total (CBT), que, según el mismo organismo ascendía en diciembre de 2006 a 900 pesos. Hay que decir que todo eso es en base a índices oficiales pues la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) estima en 2.000 pesos los que necesita una familia tipo para cubrir las necesidades mensuales totales.

A finales de 2006 había 4,3 millones de personas que ganaba menos de 500 pesos, en su mayoría asalariados sin contrato, trabajadores por cuenta propia pobres, y beneficiarios de los planes sociales con contrato (1,2 millones de personas). A esto hay que añadir los miles de familias que tienen que sobrevivir con los planes de jefes y jefas de hogar con la ridícula cifra de 150 pesos mensuales y que afecta especialmente a los sectores indígenas. Así describía Rolando Núñez, director del Centro Mandela en la región de Chaco, la situación: “En Chaco hay entre 50.000 y 60.000 aborígenes. El 96% vive bajo el nivel de la indigencia y el otro 4% restante, bajo el de la pobreza. No hay un solo aborigen que pertenezca a la clase media” (El País. 2.9.07). Chaco, región al norte de la capital, cuenta con un millón de habitantes de los que la mitad se sitúa bajo el umbral de la pobreza.


¿Dónde han ido los beneficios del crecimiento económico?

Es evidente que el crecimiento y el aumento de la riqueza ha sido una realidad pero a costa de la sobreexplotación de los trabajadores. La industria ocupa a menos trabajadores que en 1998 pero produce un 40% más.

En este periodo ha habido un proceso de extranjerización de las empresas, de los beneficios y de las tierras. De las 500 empresas principales, 337 son extranjeras (dos tercios), y concentran el 78% del valor de la producción y el 93% de los beneficios de todas ellas.

S han vendido tierras (la mayoría a empresarios extranjeros) con una extensión similar a Gran Bretaña y están en venta otra cifra similar a toda Portugal. “De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones de hectáreas están en poder de 4.000 terratenientes”. Estos cambios están provocando un nuevo éxodo rural debido a los cambios de cultivo en función de las necesidades de las multinacionales y al cierre de miles de empresas en las zonas rurales durante la crisis. Esta concentración de la riqueza también está provocando el arrasamiento de los bosques así como la erosión y desertización de los suelos.

Argentina es un país productor de petróleo, pero eso no redunda en beneficio de la mayoría de su población. Por ley (tampoco cambiada por Kirchner) se permite que el 70% de las divisas generadas por las exportaciones de hidrocarburos se queden en el exterior.

La política del Gobierno Kirchner ha conseguido aumentar la desigualdad social y hacer mucho más injusto el reparto de la riqueza. Según, una vez más el Indec, el ingreso medio para los hogares más ricos es de 6.678 pesos y concentra el 32% de la riqueza. Este polo está formado por 700.000 familias, unos dos millones de personas. En el otro polo, la franja más pobre tiene un ingreso mensual de 337 pesos y sólo obtiene el 1,2% de la riqueza generada. Esta franja la forman 13 millones de personas entre trabajadores pobres e indigentes.



En esta situación no es de extrañar que hubiese una oleada de conflictos sindicales a finales de 2004 y principios de 2005 principalmente por aumentos salariales para compensar el efecto de la inflación. En algunos casos el éxito fue muy importante como en el de los trabajadores del metro que consiguieron un aumento del 44%.

También desde principios de 2007 ha habido un repunte en las luchas sindicales como las de los metalúrgicos de Bosh e Indiel frente a los despidos, o la de los trabajadores de Línea 60 por aumento salarial. Este año podría haber un repunte de las luchas pues los empresarios tienen que negociar los convenios con más de 150 sindicatos. De hecho el Gobierno de Kirchner les ha echado una mano a los primeros al manipular el índice de inflación previsto para este año. Ha sido un escándalo político la ocupación policial del organismo estadístico oficial –el Indec– para poder sacar adelante el índice de enero. El IPC fijado fue del 1,1% con lo que la inflación estimada para 2007 sería menor que la resultante en 2006 que fue del 9,8%, viniéndole como anillo al dedo a los empresarios en las negociaciones pendientes. Varios analistas han admitido que usando la cuestionada metodología oficial la cifra de enero estaría en torno al 2% (el doble de la reconocida). Un nuevo regalo de Kirchner a la patronal.

Hay una tendencia de las luchas hacia una mayor radicalización. Así se ha visto, por ejemplo, en la lucha de los pescadores en Puerto Deseado, donde las compañías pesqueras españolas tienen sus dependencias. Tras 15 días de huelgas y piquetes, con climas bajo cero, decidieron prender fuego a los depósitos de las empresas.

Parece que la mayoría de los conflictos que se vienen desarrollando van en contra de los acuerdos firmados por la burocracia sindical de ambas centrales (CGT y CTA). Así ocurrió sucesivamente con las luchas de los trabajadores docentes, los de FATE, con la fábrica textil Mafissa (La Plata), con los trabajadores del metro, con los telefónicos, con los del petróleo y ahora con los marineros del SOMU. Ante el peligro de que haya un desbordamiento más generalizado de los sindicatos en las luchas obreras, Cristina Kirchner, la más que probable vencedora de las elecciones presidenciales de octubre de 2007, ha lanzado la propuesta de un “Nuevo Pacto Social” que ha sido recibido con entusiasmo por los representantes del poder y los empresarios.

La idea es llegar a un “pacto social tripartito” (Estado, patronal y sindicatos), para establecer acuerdos sobre precios (que no se cumplirán) y sobre salarios (que se utilizarán para poner topes), así como nuevas medidas de “flexibilización” de los convenios y de la contratación laboral.

No es una política nueva, ya se ha puesto en práctica en Argentina en dos ocasiones en el pasado y ambas fracasaron. Una fue en la década de los 60, tras la vuelta de Perón, y que acabó con el golpe militar. Y la otra en los 70 que terminó en las sucesivas megadevaluaciones de los 80 y 90.

Ni siquiera en el tema de los derechos humanos ha sido capaz el Gobierno de Kirchner de llevar una política independiente de la clase dominante argentina. Tantos años después de la dictadura y sigue sin haber ni un solo militar condenado por las torturas, desapariciones, asesinatos o secuestros que protagonizaron. Se han reconocido oficialmente 488 Centros Clandestinos de Detención durante la dictadura pero sólo hay detenidos 230 represores, la mayoría esperando (y torpedeando) sus juicios tranquilamente en sus domicilios. A los 30.000 desaparecidos de la dictadura hay que añadir el primero de la democracia con el secuestro de un testigo en un juicio contra los genocidas, Julio López, para tratar de atemorizar a los demás testigos de los juicios pendientes.

Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos que podría acabar con el hambre de sus niños, con el desempleo y la precariedad extrema que padece la clase trabajadora, con la falta de perspectivas que sigue alimentando la emigración y con el resurgir de viejas enfermedades que se creían erradicadas debido a las pésimas condiciones de vida familiares y sociales. Pero no lo conseguirá de manos de su clase dominante burguesa que ha preferido, una vez más, seguir una política dependiente de las grandes empresas internacionales (incluidos los monopolios españoles) y defender los patéticos privilegios que sus amos les permiten tener con la condición de mantener “la ley y el orden” que necesitan para garantizar sus muy rentables negocios. Sólo la recuperación del protagonismo social y político de la clase trabajadora argentina, unida a los trabajadores de toda Latinoamérica, puede ofrecer un futuro digno a todo un continente.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=58195
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