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Patotas sindicales en Santa Cruz: ¿quién paga las balas?

El jueves 9 de abril, un trabajador de la UOCRA murió en las inmediaciones del Sindicato Petrolero. Siguen las versiones cruzadas. ¿Qué hay detrás de las muertes en conflictos sindicales en la Patagonia?



Por Lucho Aguilar

Esta semana, los ecos de los tiros y la muerte en Santa Cruz llegaron a todo el país. Un afiliado a la UOCRA perdió la vida, y otros resultaron heridos. Era, como dijimos desde La Izquierda Diario, la crónica de una muerte anunciada.

Las repercusiones no se hicieron esperar. El gobernador Peralta pidió a Claudio Vidal (Petroleros) y Cristian Salazar (UOCRA) “calma y reflexión, que no se profundicen los hechos, hay que bajar los tonos, no seguir movilizándose”. El sindicato petrolero sacó un comunicado donde acusó a Salazar de tener “las manos manchadas de sangre” y aseguró que “desde esta conducción gremial dejamos en claro que la ‘violencia’ y la ‘ilegalidad’ no son nuestra manera de proceder, porque entendemos que la democracia y el diálogo es el único camino que transitamos”. Salazar sentenció que “toda la responsabilidad de lo sucedido es de Vidal”.

¿Alguien puede esperar que “bajen los tonos” en el enfrentamiento entre estas bandas?

Son todos patoteros

Como informábamos en el día de ayer, algunos trabajadores petroleros no se sorprendían de la jornada fatal. “Fue la patota del sindicato, se les fue de las manos. Pero siempre salen impunes porque están con el gobierno”. Están acostumbrados a los métodos cada vez más autoritarios de la directiva, enrolada políticamente en el kirchnerismo.

Pero La Izquierda Diario pudo hablar también con activistas opositores del gremio de la construcción, que conocen de cerca los manejos de la UOCRA. “Todos sabemos que las patotas y las mafias atacan con impunidad. Nosotros venimos denunciando ataques ante la justicia, las autoridades y los medios. Por eso lamentamos que haya terminado en esta situación”. El que habla es Alejandro Lugo, coordinador del SITRAIC-Santa Cruz, una organización opositora a la UOCRA. El hombre sabe de lo que habla. “A mí me atacaron el 19 de enero. Nosotros venimos planteando dentro de las obras la pelea por mejoras salariales, de elementos de seguridad en la obra, porque queremos avanzar en los derechos de los trabajadores. Entonces ese día llegaron a la obra, a decir que era de la UOCRA. Fui yo porque eran afiliados nuestros y entonces cae la patota a los tiros. El que me disparó se fue a esconder a San Julián, y hace 25 días mató a una chiquita. Recién ahí lo detuvieron”.

Lugo tiene su visión de los hechos. “Todo arranca con un pedido de coimas en una obra de petroleros. La empresa termina despidiendo a los trabajadores. Ahí arranca el problema entre ellos, entre Petroleros y la UOCRA, cuyos secretarios generales son Vidal y Salazar. Pero lo que pasó el otro día no era un reclamo de desocupados solamente. También fueron a atacar al sindicato de Petroleros. Por eso participó un grupo armado que tiene Salazar en la zona. Fueron con armas de 9mm, 22 y escopetas, movilizaron en motos y dispararon a la sede de Petroleros. Hay 16 tiros en la sede”.

Pistoleros oficialistas

Mientras tanto, en Santa Cruz, la hipótesis de un conflicto laboral utilizado por la burocracia sindical para limar sus diferencias, crece con el correr de las horas. “El muchacho que falleció era desocupado – cuenta Lugo – y los heridos también. Pasa que muchos trabajadores de las obras no creen en ellos. Utilizan a los desocupados. Estaban cobrando una ayuda social de 2500 pesos, y ellos le sacaban 500 pesos. Y acá en el Sur no hacés nada con eso, un alquiler vale 5000 pesos. Y cuando ingresan a trabajar le cobran de la media quincena, un “peaje”, y cuando los echan les cobran parte de la liquidación para meterlos en otro trabajo. Y encima los utilizan como carne de cañón”.

Reinaldo Vargas sería una de las víctimas de las disputas entre las patotas sindicales en la tierra del oro negro. Entre los descuentos por afiliaciones y “cuotas solidarias”, las coimas y otras prebendas, las cúpulas defienden un jugoso botín. Para eso cuentan con el amparo del poder político. Según denuncia Lugo, “el aval político es por parte del gobernador y la Presidenta. Por eso estos actos son impunes”.

Fuerzas de choque

Hay una primer coincidencia. Los activistas petroleros dicen que las patotas que mataron a Vargas son las que persiguen y amenazan a los opositores en el gremio. Los referentes del SITRAIC confirman con su propio cuerpo que los “soldados” de Gerardo Martínez (y sus caudillos provinciales) están dispuestos a matar para defender sus privilegios.

Hay otra coincidencia. Todos repiten que esos grupos de lúmpenes también son usados contra conflictos que desafían a las empresas o al gobierno provincial. Las golpizas a trabajadores estatales, docentes y militantes de izquierda son la prueba.

Hay una tercera coincidencia. Según los relatos desde el Sur, las balas de los pistoleros de la UOCRA y Petroleros las paga el mismo amo: el que habita en la Casa Rosada.

Por eso, aunque parezca un hecho lejano, el accionar de estos grupos de choque debe ser seguido con atención por todo el activismo sindical y político: así va a actuar el peronismo y la burocracia cuando las luchas desafíen su poder.
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