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Por ésto hay argentinos que defienden a los buitres

Un fiscal define si pide la nulidad de la deuda externa contraída en la dictadura




Aunque restan por cumplir algunas etapas del proceso, Federico Delgado admitió que por primera vez están dadas las condiciones para “que los interesados avancen en la solicitud” contra las empresas privadas que se beneficiaron.

Por Nicolás Furfaro.

La investigación de los delitos económicos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar avanza con una firmeza inédita. En la última semana se sucedieron dos gestos del poder judicial que muestran la apertura de una nueva etapa: la posible imputación de funcionarios y empresarios por la estatización de la deuda externa privada, y la consideración de un pedido de nulidad de todos los actos de deuda realizados entre 1976 y 1982.

“Cuesta ser optimista cuando uno peleó por esto durante tantos años, pero parece que por primera vez todo empieza a funcionar”, le dijo a Tiempo Argentino el historiador Alejandro Olmos Gaona (homónimo de su padre, que comenzó a denunciar la ilegalidad de la deuda en los ’80).

Los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli presentaron un pedido de nulidad de los actos de deuda que tuvieron lugar en la dictadura y lograron por primera vez un gesto de aprobación por parte de un fiscal.

Olmos Gaona, encargado de redactar el recurso, le reveló a Tiempo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le notificó que el fiscal Federico Delgado dictaminó que la perspectiva planteada “es correcta y se inscribe en la lógica de lo dicho por el juez Jorge Ballesteros en el 2000”, haciendo referencia al fallo que declara la deuda “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
Martínez de Giorgi aseguró que tendrá en cuenta la iniciativa y que, pese a que como indicó el fiscal el estado procesal del sumario impide avanzar en ese sentido hasta tanto no se resuelva el fondo de la causa, están dadas las condiciones para que los interesados insistan en el pedido de nulidad.

“Es muy importante subrayar que por primera vez no se rechaza la iniciativa y se abre la puerta para avanzar con la expectativa de tener un resultado positivo”, aseguró Olmos Gaona.
ESTATIZACIÓN.
La investigación de las medidas que derivaron en la estatización de la deuda externa privada en 1982 volvió a los primeros planos durante la semana pasada cuando se difundió la posible imputación de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía y presidente del Banco Central durante la última dictadura cívico-militar.
Sin embargo, el peso del apellido opacó el impacto mediático del costado más novedoso e importante de la reactivación: la inclusión de los empresarios como actores fundamentales del procedimiento.

Ante la inminente prescripción de la acción penal, el juez Martínez de Giorgi atendió un pedido del fiscal Delgado y dio intervención a la Procuración General del Tesoro para que evalúe el inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos, sino también contra empresas como Cargill, Renault y Pérez Companc.

“Esto también puede alcanzar a nombres tan fuertes como Fiat, Loma Negra, Macri, Bridas, Techint y bancos como Chase y Bank of America. Los privados defraudaron al Estado y hoy actúan como si no hubiera pasado nada, por eso es fundamental comenzar a involucrarlos en estas causas”, destacó Olmos Gaona.

El dictamen, al que tuvo acceso este diario, explica que “las empresas privadas se endeudaron sabiendo que el Estado argentino saldría a respaldarlas y se haría cargo, de alguna manera, de los montos millonarios de sus deudas” y enfatiza que en repetidos casos aprovecharon esta ventaja para generar deudas fraudulentas.

Firmas como Pérez Companc, Eucalipctus SA y Trienal SA recibieron beneficios por deudas inexistentes, mientras que otras empresas como Cargill SAC y Renault Argentina SA llevaron adelante los llamados “autopréstamos”.

La investigación a la que hace referencia el fiscal en su dictamen indicó, por ejemplo, que en la operación en la que Renault Acceptance BV de Francia le prestó dinero a la sucursal argentina de la automotriz existieron “indicios graves, precisos y concordantes que hacían presumir la confusión de la calidad de deudor y acreedor en una misma persona”.

También existieron préstamos relacionados a proyectos de inversión no efectuados, como en el caso de Cementos NOA, y aportes de capital disfrazados de préstamos financieros, como sucedió en una operación de Selva Oil Inc Sucursal Argentina.

Otra de las modalidades ilegales fue la de sobrefacturación y abultamiento de deudas, operación en la que se anotó Cogasco SA.

Los ejemplos citados en el dictamen son sólo unos pocos de los cientos que los investigadores detectaron.
Olmos Gaona señaló con ironía que cuando hoy los empresarios exigen “seguridad jurídica” tienen razón, ya que si esta seguridad existiera, todos los titulares de las firmas que llevaron adelante estas operaciones delictivas estarían tras las rejas.

En esta línea, el dictamen de Delgado concluye que los hechos que conforman la plataforma fáctica podrían dar lugar a acciones por daños y perjuicios, “por cuanto causaron y siguen causando daño”.

Una familia muy conocida en la lista

Gabriela Cerruti, periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el partido de centroizquierda Nuevo Encuentro, narra con lujo de detalles en su libro El Pibe que el Grupo Macri no dejó pasar la ventaja que otorgaba la dictadura cívico-militar y, luego de mantener reuniones con el por entonces presidente del Banco Central de la República Argentina Domingo Cavallo (luego ministro de Economía de Carlos Menem y de la Alianza), licuó sus deudas.
“Entre la deuda financiera, producto de préstamos obtenidos en el exterior, y la deuda comercial, originada como consecuencia de importaciones, los Macri le endosaron al Estado algo más de 300 millones de dólares de la deuda de sus empresas”, señala Cerruti luego de explicar paso por paso los autopréstamos con los que las empresas de la familia del líder del PRO habrían defraudado al Estado argentino.


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