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Por la impositiva

El candidato del Herrerismo a la Intendencia de Maldonado, el hombre fuerte de Lacalle Pou, Rodrigo Blás, fue denunciado por la Dirección General Impositiva (DGI) junto a otras seis personas ante la justicia especializada en crimen organizado.



La oficina estatal elevó la denuncia por considerar que el influyente político y empresario nacionalista incurrió en un delito de defraudación tributaria, mediante la subescrituración de terrenos en un fraccionamiento de Maldonado. La evasión alcanza los 6,7 millones de pesos. Además de Blás, están implicados su esposa, otro edil blanco y tres escribanos.

Mientras en plena campaña hacia las elecciones internas el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, postulaba una gestión que apuntara a “derribar muros”, a no excluir entre “buenos y malos”, a defender a la clase media y a quienes sienten la “sana indignación silenciosa porque se levantan todos los días a laburar, pagan sus impuestos y están en el límite”, su abanderado en Maldonado, Rodrigo Blás –líder de la agrupación Unión y Cambio (UC) y candidato a intendente por el Herrerismo–, participaba de una maniobra de defraudación fiscal que, según el cálculo de la Dirección General Impositiva (Dgi), supera los 6 millones y medio de pesos. Ni los llamados a reducir la evasión, aliviar la presión fiscal y “hacer de la gestión la nueva ideología” –el gran caballito de batalla de Lacalle Pou en esta campaña– contenidos en el programa de gobierno y el discurso del líder opositor emergente parecen haber permeado la vieja política de Maldonado. Pero como el alumno que supera al maestro, fue Blás quien lanzó las declaraciones más tajantes, en noviembre de 2013: “El contribuyente tiene el derecho sagrado de ver cómo sus impuestos se devuelven en obras para él y para la comunidad”. Con esas palabras coronaba su prematuro acto de proclamación a la que quizás sea la más codiciada de las intendencias del interior del país. En esa oportunidad, el edil de 45 años también abogaba por “un urgente cambio a favor del contribuyente de Maldonado, principal olvidado en los últimos diez años del gobierno municipal frenteamplista”.

Lo que el edil Blás jamás esperó fue que una denuncia del procurador Gastón Villamayor –a quien un grupo de vecinos planteó su preocupación por una eventual estafa en la venta de terrenos del Valle di Saronno, ubicado en el barrio Lausana de Maldonado– desatara, en febrero de este año, una investigación de la Dgi que finalizaría en setiembre con la formulación de una denuncia penal en la justicia del crimen organizado. Un mes después de aquella denuncia, los dirigentes de UC José Hualde, Luis Borsari, Enrique Fernández y Nelson Rodríguez firmaron un comunicado de desagravio a su líder. Evitando dar nombres de empresas o personas involucradas, atribuyeron la denuncia de Villamayor ante la Dgi a una campaña de desprestigio contra varios dirigentes blancos del país.

Así, remarcaron que Blás es “un intermediario” que “no tiene control alguno sobre los asuntos tributarios de los propietarios cuyos inmuebles comercializa”, y declararon “su más profundo desagrado con esta forma de hacer política donde la mentira, la difamación y la calumnia parecen ser la única forma de contrarrestar acciones políticas”. Habrá sido un desliz, tal vez un error de cálculo: las pruebas recabadas más tarde por los inspectores de la Dgi en Maldonado no sólo refrendaron los hechos denunciados en febrero (véase Brecha, 7-III-14), sino que además aportaron más documentación y numerosos testimonios para que el juzgado determine si el líder de UC incurrió en un delito de “defraudación tributaria”, como sugiere el escrito elevado por el director de Rentas, Joaquín Serra, en la denuncia que radicó en nombre de la Dgi en setiembre pasado.

El extenso documento remitido al juzgado y al que Brecha accedió a través de fuentes judiciales relata cómo el propio Blás, su esposa, Laura Lista, el edil Darwin Correa y los escribanos Adriana de León, José Luis Robatto y Janeth Gutiérrez maniobraron, mediante engaños, para ahorrar buena parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos.

Así actuaron de acuerdo a 17 de los 23 testimonios recabados por la Dgi, que en total accedió a 62 escrituras de los 108 predios correspondientes al Valle di Saronno, según consta en la denuncia. Los testimonios ofrecidos a los inspectores de Rentas son similares a los recogidos en marzo por Brecha entre varios compradores. Y dan cuenta de cómo este grupo –cuyos miembros actuaban aleatoriamente– incitaba a la ilegalidad con el objeto de ahorrarse, aproximadamente, el 40 por ciento de los impuestos que Javipark SA (la propietaria de los terrenos) debía pagar por concepto de impuesto a la renta de la actividad empresarial (Irae), impuesto a los no residentes e impuesto al patrimonio en el acto de la compraventa. Las declaraciones también aportan un ilustrativo dato con respecto al grado de conciencia de los vendedores sobre sus actos y su ánimo de obstaculizar la investigación. Es el caso de una de las clientas del negocio, que ya había sido interrogada por los inspectores pero que pocos días después cambió su declaración para confesar que había mentido “por miedo”. La mujer explicó que el escribano Robatto, de Blás Propiedades, la había llamado para advertirle que sería interrogada y que se “evitaría problemas” si negaba ante las autoridades de la Dgi la subescrituración del terreno.

TRANSACCIONES. De la denuncia también se desprende que, además de la subescrituración de los padrones –pactando en las escrituras un precio inferior al que cobraban–, el incumplimiento en la entrega de terrenos con servicios (luz, agua y saneamiento) expuso a Javipark SA a demandas de los clientes. De ahí que, con el ánimo de eliminar riesgos, Blás y sus escribanos hicieron acuerdos extrajudiciales en los cuales pagaron diversas sumas: de mil a 5 mil dólares, hasta condonar la deuda de un terreno por la diferencia entre el monto real y el de subescrituración. Eso se concretó bajo un compromiso de “confidencialidad”, donde la multa por incumplimiento ascendía a unos 10 mil dólares. Sin el concurso de los escribanos que autorizaban las escrituras, las maniobras habrían sido “prácticamente imposibles”, concluyeron los investigadores, según el documento al que accedió Brecha. Para que los clientes no contrataran escribanos propios, Blás Propiedades ofrecía los servicios de los suyos, incluyendo un monto para gastos y honorarios en el precio del terreno. Quien llevara su negocio a otro profesional pagaría dos veces el monto original. El edil Correa y la esposa de Blás, en tanto, aparecen como encargados de “explicar” a los clientes que el procedimiento era “normal” y no revestía importancia. Un hecho que, a juicio de la Dgi, constituyó un engaño para favorecer la defraudación.

Otro de los denunciados es el director de Javipark SA, el argentino Óscar Andorno, quien informó que el paquete accionario de la empresa pertenece a la panameña Sansol Corp. Indagado por la Dgi, Andorno declaró que desconocía las maniobras de subescrituración que realizaban su apoderado y equipo. Sólo reconoció la existencia de acuerdos extrajudiciales “con cada uno” de quienes amenazaron con demandar a Javipark SA “por incumplir con los servicios acordados” en el contrato de compraventa. No obstante, al menos uno de los compradores indagados afirmó que Andorno había participado junto a Blás, Correa y el escribano Robatto en una reunión donde escrituró por un precio inferior al valor real del terreno. Sobre todo esto indagará el fiscal del crimen organizado, Juan Gómez, quien conoce a cada uno de los protagonistas porque durante años fue fiscal de Maldonado e incluso intervino en denuncias que involucraron a dirigentes nacionalistas. Según supo Brecha, el fiscal del juzgado especializado de segundo turno ya tomó contacto con el expediente y solicitó las primeras diligencias. En general los casos de denuncias por presunta defraudación fiscal comienzan por la citación de los funcionarios de la Dgi, y los plazos para esa indagatoria oscilan entre los 30 y 40 días posteriores al ingreso del expediente. La investigación tomará varios meses y es seguro que finalizará en 2015, por lo cual podría no ser Gómez quien resuelva. El fiscal (que tuvo entre manos el sonado caso de Pluna) asumió en crimen organizado por el plazo de dos años –que vencieron el 10 de mayo pasado– y ya está pensando en tomar otros rumbos judiciales.

A principios de este mes Blás comenzó a advertir a sus seguidores que, en plena campaña “por la positiva” hacia octubre y mayo, recibiría ataques injuriosos a los que tendría que hacer frente –a imagen y semejanza del candidato del PN– con su silencio. Vaticinó el advenimiento de los “cascotes de la infamia y la calumnia”, al decir del edil Alejandro Lussich, también empleado de su inmobiliaria, durante una exposición en la Junta Departamental. “Algo van a inventar” en Maldonado, pero “el Partido Nacional no va a devolver esos cascotes. Vamos a tomar cada una de esas piedras, cada uno de esos cascotes, para construir el templo de la verdad, y con esa verdad es que vamos a ir a la contienda electoral, donde estamos seguros de que vamos a ganar, en octubre y en mayo”, enfatizó Lussich, el 1 de setiembre en el plenario del cuerpo. Poco más de una semana después de que la Dgi presentara la denuncia ante la justicia del crimen organizado, durante un encuentro en la Sociedad Criolla Los Coronillas, de San Carlos, Blás retomó la metáfora de la lapidación. “Pueden tirar piedras tranquilos, los que estamos acá sabemos claramente que al final de nuestras vidas tiren las piedras que nos tiren vamos a tener el caminar sereno de aquel que ha recorrido su vida con orgullo, con rectitud, con honor, y con el único objetivo de llegar al fin de sus días igual que llegaron nuestros viejos, sabiendo haber cumplido”. El camino, por ese entonces, ya se le hacía cuesta arriba.
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