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proyecto espacial con china?


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Al principio hubo homogeneidad. Tanto en las reuniones de asesores como en la de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Frente para la Victoria (FPV) en su conjunto le dio el visto bueno a un acuerdo con China para instalar una base espacial en Neuquén. Y si bien todo estaba previsto para que una semana después la iniciativa se tratara y se aprobara en el recinto, nunca se sometió a votación.

"Parece que empezó a haber ruido interno, pero se nos escapan los detalles, porque son muy herméticos", contó a Infobae una fuente parlamentaria de la oposición que participó del debate. "A nivel pasillo pensábamos que se iba a tratar antes de fin de año, pero ya estamos cerca, las sesiones se acaban y parece que lo van a patear. No está claro el motivo, pero sabemos que hay sectores del FPV a los que no les cierra", abundó.

La oposición planteó numerosas críticas de forma y de fondo. De movida, por el escueto tratamiento en una sola comisión. Ahí surge la primera contradicción: en la reunión, el secretario general de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Félix Menicocci, aseguró que tanto desde inteligencia militar como en el Ministerio de Defensa manifestaron su apoyo al proyecto, pero la comisión de Defensa no fue convocada para tratarlo.

Esa crítica se entrecruza con otra de las más fuertes: la incertidumbre de si el personal que trabajará en las 200 hectáreas cedidas para el proyecto será civil o militar. Según observó el senador Fernando "Pino" Solanas expresamente en su momento, la empresa china CLTC –a cargo de la obra– depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China.

Pese a esa suspicacia, la Conae y la Embajada de China aseguran que la base tendrá fines civiles: "Es un proyecto de avistaje lunar con fines pacíficos", sentenció Menicocci. Pero la oposición ha advertido que los acuerdos (con dos anexos reservados hasta último momento) no dicen nada al respecto, a diferencia de otros pactos, como las iniciativas de la Agencia Especial Europea en la localidad mendocina de Malargüe, que en los contratos manifiestan taxativamente sus fines absolutamente civiles.

Otro aspecto íntimamente relacionado tiene que ver con el impacto geopolítico de un proyecto de estas dimensiones, sobre todo de cara a la Unasur. Incluso podría generar un conflicto con Chile, puesto que la base se montará a pocos kilómetros de la frontera.

En una síntesis de ambos cuestionamientos, el ex vicecanciller Roberto García Moritán explicó: "La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global, incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes. Estas circunstancias, entre otras, pondrían a la Argentina en teoría en un complejo mapa de riesgos hipotéticos. No se trata de temas menores ya que la presencia de una estación estratégica de estas características, por sus efectos, hace a la defensa nacional y a orientaciones de política exterior".

Por su parte, el ex diputado Miguel Ángel Toma evaluó: "Estamos entrando en un conflicto muy serio, porque esta cesión es por 50 años y queda claro que en los próximos 50 años va a haber una confrontación global, entre China como potencia emergente y desafiante, con lo que es hoy Occidente representado por Europa y Estados Unidos".

No obstante, esa crítica de la oposición es un punto a favor dentro de la lógica de un sector del FPV. En la sesión de comisión, el senador Marcelo Fuentes consideró explícitamente que el acuerdo brinda cierto equilibrio que beneficia al país y que mostraría una señal de soberanía.

Por otra parte, un aspecto tan clave como controvertido es el comercial. Los acuerdos contemplan una exención impositiva de 50 años para la empresa CLTC, que estima que la estación estará en funcionamiento en 2016. A cambio hay una inversión de 300 millones de dólares. Pero según advirtió la oposición, las dos empresas encargadas de la construcción son del gigante asiático.

"El laburo de las empresas nacionales va a ser muy nimio, porque el capital grueso lo van a reinvertir en empresas chinas", explicó una fuente consultada por este medio.

Ese es otro aspecto cuestionado, la falta de reciprocidad del pacto: no hay transferencia de tecnología, capacitación a profesionales argentinos o algo que sirva como contraprestación.

En ese sentido, Solanas apuntó que el beneficio para el país será "mínimo". Sucede que Argentina podrá acceder a sólo un 10% del tiempo disponible para el desarrollo de sus proyectos en la base. "Son sólo 2 horas y 40 minutos por día de uso de la antena de los chinos", protestó el senador de Proyecto Sur.

Quizás la clave esté en que el acuerdo con China fue más amplio: incluyó, por caso, los swap por hasta 11 mil millones de dólares –de los que ya se giraron el equivalente en yuanes a 800 millones de la moneda estadounidense– y la construcción de dos represas.

Así las cosas, el megaproyecto especial avanza aunque sólo cuenta con un dictamen de comisión de su favor. Todavía no fue autorizado por el Congreso ni de la Legislatura de Neuquén. Y esa discusión quedaría para el año próximo.
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