JODIERON TANTO AL PRINCIPIO Y AHORA NO QUIEREN LA UNIDAD SINDICAL, ¿POR QUÉ SERÁ?.
El Gobierno no quiere oír hablar de unidad sindical y frena la reforma laboral
Por: Ricardo Ríos [email protected]
El kirchnerismo recalculó todos sus movimientos para no meterse en más problemas de los que ya tiene en su último año de gestión. Fue el ministro Tomada quien cambió el libreto y salió a decir poco menos que el nuevo Código de Trabajo fue todo un malentendido
Hace sólo un par de meses el Gobierno hablaba de la conveniencia de "sistematizar" todas las normas de trabajo existentes en una compilación; amén de incorporar a ese nuevo código laboral un puñado de innovaciones sobre licencias, inspección del trabajo y distribución de utilidades de las empresas entre sus trabajadores.
Sin embargo, la cruda realidad fagocitó ese ánimo reformista, del que Cristina hizo gala el año pasado, cuando a las atropelladas y sin preguntarle a nadie si le parecía bien, impuso cambios en los códigos Civil y Comercial, Penal y Procesal Penal.
Esta semana, con más pena que gloria, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, cambió el libreto y salió a decir poco menos que todo fue un gran malentendido, que la administración K no tenía ese tema entre sus prioridades. Complacido de que así sea, el sindicalismo entiende en cambio que el kirchnerismo recalculó todos sus movimientos para no meterse en más problemas de los que ya tiene en su último año de gestión. Parece cierto.
No se necesita la ayuda de un GPS para saber que el tránsito del Gobierno, en la recta final, quedó definitivamente complicado tras la enigmática muerte del fiscal Alberto Nisman. A eso hay que sumarle además los avatares propios de un año tan político como el actual, que verá emerger al sucesor de la doctora Kirchner.
En cualquier caso, el Gobierno parece decidido a no dar ningún paso que pueda estimular la unidad sindical; de la que no quiere oír ni hablar hasta que por lo menos terminen las PASO. La discusión de un código de trabajo, por inocua que resultara, era muy probable que incentivara los reagrupamientos que Cristina rechaza. Así lo indica la propia naturaleza corporativa del sindicalismo peronista.
Bastante ya tiene en materia laboral el oficialismo con la apetencia de los gremios por emparejarle la desigual carrera a la inflación en la próxima ronda paritaria. También se torna cada día un poco más persistente la presión sindical por un cambio integral del régimen de Ganancias.
El que no se resigna a dar por muerta la idea de una reforma laboral, que los empresarios resistieron de movida, es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, quien desde la playa donde habitualmente pasa los veranos gastó su celular, convocando a expertos en el tema para sumarse a la discusión de un proyecto.
Se ignora si hay un problema de comunicación con Tomada o se trata de una sorda lucha de egos entre los dos ex abogados de la CGT, quienes se recelan históricamente. Tampoco podría descartarse del todo que fuera una estrategia del Gobierno seguir sacándole punta al tema mientras lo retira momentáneamente de circulación, a la espera de mejor ocasión, si la hubiere.
En un llamado muy reciente a un referente del sindicalismo combativo, Recalde fue informado que para conocer una opinión formal del sector, debía ante todo convocar formalmente a la discusión a las autoridades de la central que lidera Pablo Micheli. Prometió hacerlo.
Si eso llegara a ocurrir, el ex asesor legal de Hugo Moyano, escuchará que la CTA sólo se sentará a discutir una reforma laboral si esta incluyera cambios en materia de accidentes de trabajo, de negociaciones colectivas y muy en especial en materia de libertad sindical.
Precisamente el Gobierno viene de ser apercibido por el comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, por su nula predisposición a corregir las desigualdades en el tratamiento que reciben en la Argentina los gremios con simple inscripción gremial respecto de aquellos que tienen la personería. La misma mala nota, hay que decirlo, obtuvieron todas las administraciones que precedieron a los Kirchner, desde 1983 para acá.
El apercibimiento al gobierno de Cristina quedó asentado en "pie de página 5"; un formulismo de la OIT que anticipa que el caso argentino será tratado en la conferencia anual de este año, en junio. Eso ocurrió por primera vez en 1998, durante la era Menem. Como sea, ahora hay un dato político que podría favorecer al Gobierno.
El actual director general de la OIT es Guy Ryder, para quien resultó determinante el apoyo que en su momento obtuvo del kirchnerismo –vía Carlos Tomada—, que logró convencer a casi todos los países del cono sur que se inclinaran por la candidatura del sindicalista británico.
La cosa no termina ahí. Siguiendo la fórmula de que un favor se paga con otro, Ryder apoyaría la consagración de la viceministra argentina de Trabajo, Noemí Rial, como próxima directora de Normas del Trabajo, el segundo puesto más encumbrado de esa organización. Sería en reemplazo de la suizo-dominicana Cleopatra Doumbia Henry, que también en el mes de junio deja su cargo en OIT para convertirse en rectora de la Universidad Mundial Marítima.
"Si al final la nombran a Rial, va a ser muy difícil que se trate el tema de la libertad sindical en la Argentina; lo van a diluir", vaticinó ante Infobae un especialista sobre cómo se cocinan las cosas en Suiza.
El tema que a todos preocupa por igual tiene que ver con la actualización de los salarios. Ayer arrancó la problemática paritaria docente, a instancias del gobierno nacional. En cuanto a las organizaciones que ya firmaron acuerdos, la característica saliente es que la mayoría (ferroviarios, colectiveros, etcétera) han acordado hasta acá aumentos a cuenta de lo que pacten definitivamente hacia mediados de año.
"Nadie quiere correr el riesgo de sellar acuerdos antes de tiempo, para convertirse en la paritaria testigo", dicen voceros sindicales, poniendo de ejemplo a la UOM de Antonio Caló, que el año pasado firmó un incremento que quedó muy por debajo de la inflación y de lo que posteriormente firmaron otros gremios.
La semana que viene presenta un interrogante que nada tiene que ver con las particularidades del mundo del trabajo: determinar el grado de incidencia que pueda tener la participación de las centrales de Moyano y Barrionuevo en la marcha de silencio que se hará el miércoles en homenaje al fiscal Nisman.
El Gobierno no quiere oír hablar de unidad sindical y frena la reforma laboral
Por: Ricardo Ríos [email protected]
El kirchnerismo recalculó todos sus movimientos para no meterse en más problemas de los que ya tiene en su último año de gestión. Fue el ministro Tomada quien cambió el libreto y salió a decir poco menos que el nuevo Código de Trabajo fue todo un malentendido
Hace sólo un par de meses el Gobierno hablaba de la conveniencia de "sistematizar" todas las normas de trabajo existentes en una compilación; amén de incorporar a ese nuevo código laboral un puñado de innovaciones sobre licencias, inspección del trabajo y distribución de utilidades de las empresas entre sus trabajadores.
Sin embargo, la cruda realidad fagocitó ese ánimo reformista, del que Cristina hizo gala el año pasado, cuando a las atropelladas y sin preguntarle a nadie si le parecía bien, impuso cambios en los códigos Civil y Comercial, Penal y Procesal Penal.
Esta semana, con más pena que gloria, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, cambió el libreto y salió a decir poco menos que todo fue un gran malentendido, que la administración K no tenía ese tema entre sus prioridades. Complacido de que así sea, el sindicalismo entiende en cambio que el kirchnerismo recalculó todos sus movimientos para no meterse en más problemas de los que ya tiene en su último año de gestión. Parece cierto.
No se necesita la ayuda de un GPS para saber que el tránsito del Gobierno, en la recta final, quedó definitivamente complicado tras la enigmática muerte del fiscal Alberto Nisman. A eso hay que sumarle además los avatares propios de un año tan político como el actual, que verá emerger al sucesor de la doctora Kirchner.
En cualquier caso, el Gobierno parece decidido a no dar ningún paso que pueda estimular la unidad sindical; de la que no quiere oír ni hablar hasta que por lo menos terminen las PASO. La discusión de un código de trabajo, por inocua que resultara, era muy probable que incentivara los reagrupamientos que Cristina rechaza. Así lo indica la propia naturaleza corporativa del sindicalismo peronista.
Bastante ya tiene en materia laboral el oficialismo con la apetencia de los gremios por emparejarle la desigual carrera a la inflación en la próxima ronda paritaria. También se torna cada día un poco más persistente la presión sindical por un cambio integral del régimen de Ganancias.
El que no se resigna a dar por muerta la idea de una reforma laboral, que los empresarios resistieron de movida, es el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, quien desde la playa donde habitualmente pasa los veranos gastó su celular, convocando a expertos en el tema para sumarse a la discusión de un proyecto.
Se ignora si hay un problema de comunicación con Tomada o se trata de una sorda lucha de egos entre los dos ex abogados de la CGT, quienes se recelan históricamente. Tampoco podría descartarse del todo que fuera una estrategia del Gobierno seguir sacándole punta al tema mientras lo retira momentáneamente de circulación, a la espera de mejor ocasión, si la hubiere.
En un llamado muy reciente a un referente del sindicalismo combativo, Recalde fue informado que para conocer una opinión formal del sector, debía ante todo convocar formalmente a la discusión a las autoridades de la central que lidera Pablo Micheli. Prometió hacerlo.
Si eso llegara a ocurrir, el ex asesor legal de Hugo Moyano, escuchará que la CTA sólo se sentará a discutir una reforma laboral si esta incluyera cambios en materia de accidentes de trabajo, de negociaciones colectivas y muy en especial en materia de libertad sindical.
Precisamente el Gobierno viene de ser apercibido por el comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, por su nula predisposición a corregir las desigualdades en el tratamiento que reciben en la Argentina los gremios con simple inscripción gremial respecto de aquellos que tienen la personería. La misma mala nota, hay que decirlo, obtuvieron todas las administraciones que precedieron a los Kirchner, desde 1983 para acá.
El apercibimiento al gobierno de Cristina quedó asentado en "pie de página 5"; un formulismo de la OIT que anticipa que el caso argentino será tratado en la conferencia anual de este año, en junio. Eso ocurrió por primera vez en 1998, durante la era Menem. Como sea, ahora hay un dato político que podría favorecer al Gobierno.
El actual director general de la OIT es Guy Ryder, para quien resultó determinante el apoyo que en su momento obtuvo del kirchnerismo –vía Carlos Tomada—, que logró convencer a casi todos los países del cono sur que se inclinaran por la candidatura del sindicalista británico.
La cosa no termina ahí. Siguiendo la fórmula de que un favor se paga con otro, Ryder apoyaría la consagración de la viceministra argentina de Trabajo, Noemí Rial, como próxima directora de Normas del Trabajo, el segundo puesto más encumbrado de esa organización. Sería en reemplazo de la suizo-dominicana Cleopatra Doumbia Henry, que también en el mes de junio deja su cargo en OIT para convertirse en rectora de la Universidad Mundial Marítima.
"Si al final la nombran a Rial, va a ser muy difícil que se trate el tema de la libertad sindical en la Argentina; lo van a diluir", vaticinó ante Infobae un especialista sobre cómo se cocinan las cosas en Suiza.
El tema que a todos preocupa por igual tiene que ver con la actualización de los salarios. Ayer arrancó la problemática paritaria docente, a instancias del gobierno nacional. En cuanto a las organizaciones que ya firmaron acuerdos, la característica saliente es que la mayoría (ferroviarios, colectiveros, etcétera) han acordado hasta acá aumentos a cuenta de lo que pacten definitivamente hacia mediados de año.
"Nadie quiere correr el riesgo de sellar acuerdos antes de tiempo, para convertirse en la paritaria testigo", dicen voceros sindicales, poniendo de ejemplo a la UOM de Antonio Caló, que el año pasado firmó un incremento que quedó muy por debajo de la inflación y de lo que posteriormente firmaron otros gremios.
La semana que viene presenta un interrogante que nada tiene que ver con las particularidades del mundo del trabajo: determinar el grado de incidencia que pueda tener la participación de las centrales de Moyano y Barrionuevo en la marcha de silencio que se hará el miércoles en homenaje al fiscal Nisman.