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Transparencia del Gobierno de Macri....

Transparencia


Si una de las mayores ambiciones del gobierno de Cambiemos giraba en torno a gestionar con "transparencia", la designación de Alonso al frente de la OA ha demostrado, hasta ahora, todo lo contrario.




Antes de asumir, cuentan en el entorno de la funcionaria, "Alonso tenía instrucciones de investigarlos a todos, de meter presos a los corruptos del anterior gobierno y, si había alguno ahora, que cayera también". La máxima presidencial jamás se cumplió en lo que va del primer semestre y la jefa de la OA pasa sus días rodeada de cuestionamientos por las justificaciones que hace sobre funcionarios que enfrentan incompatibilidades manifiestas.

Ayer la jefa del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, una activa integrante de la Fundación Libertad, tuvo que romper el secretismo que embarga a la gestión de Cambiemos sobre el patriomonio de su gabinete. La senadora dijo que no tienen "ninguna duda" de que el gobierno de Mauricio Macri "no avalará ninguna situación que roce la ilegalidad".

El mensaje no es genérico, sino que está orientado a deslindar responsabilidades sobre el avance de la investigación penal contra Aranguren. Aunque Rodriguez Machado no demoró en abrir el paraguas, también desmintió que fuera a realizar una presentación ante la OA. Si bien hará consultas sobre el caso, dijo, ratificó su confianza en Aranguren. "La Oficina Anticorrupción es la que está investigando y yo confío en que este gobierno no va a hacer nada que roce lo ilegal, no tengo ninguna duda sobre esto", sostuvo la mujer que encabeza la Red Federal de la Fundación Libertad, que hace más de un mes, agasajó al presidente Macri junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Hasta ahora la OA recibió denuncias sobre 22 funcionarios, según reveló días atrás el diario La Nación, pero el organismo no detectó incompatibilidades y sólo realizó advertencias a 5 de los denunciados, entre ellos el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, socio de la consultora APL y ex ejecutivo de JP Morgan y presidente y vice de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y su vice María Talerico, relacionados a entidades bancarias. En rigor, por encima de las advertencias que giró Alonso, la lista de funcionarios vinculados a empresas no termina en ellos. La relación con el JP Morgan no es exclusiva de Prat Gay y en su propio ministerio hay al menos otros dos funcionarios que pasaron por el banco: Luis Caputo y Vladimir Werning.

Caputo es un ex JP Morgan y Deutsche Bank. Asumió en diciembre como secretario de Finanzas y se hizo cargo de la negociación de la deuda con los Fondos Buitre. Justamente esas dos entidades componen el pool de bancos contratados para la megaemisión de deuda externa por US$ 15.000 millones y su rol en esas operaciones le dió ganancias millonarias. Además de haber trabajado en Wall Street, Caputo tiene otro vínculo más profundo con Prat Gay: sus acciones por 2,7 millones de pesos en la consultora APL economía, creada por el ministro y su vice, Pedro Lacoste. A ese dato publicado en su declaración jurada, se le suman acciones en otras empresas: Transportadora Gas del Sur, YPF, el fondo de inversión Axis, el Banco Macro, Edenor y el Grupo Financiero Galicia.


En el caso de Wening (quien no presentó su declaración jurada), es conocido también su rol como jefe para América Latina de JP Morgan, cargo al que renunció para asumir como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.

La lista de cargos públicos en manos de gerentes de larga trayectoria privada es mucho más extensa y cada puesto encierra un dolor de cabeza para un Gobierno que no para de hablar de gobierno abierto y rendición de cuentas, dos materias que dentro de las entrañas del poder, generan preocupación, secretismo y el vano intento de imponer penas a quienes se animen a señalar que la Casa Rosada trata de tapar el sol con la mano.
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