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Una complicidad que se mantiene con los años



El nuncio apostólico Pío Laghi con los jerarcas de la última dictadura, Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri.

Los magistrados que juzgaron a los responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja destacaron, en los fundamentos del fallo, la connivencia de la jerarquía eclesiástica con la última dictadura.

El tribunal oral que juzgó en La Rioja el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville habló de manera taxativa de la “complicidad” de la Iglesia Católica con los crímenes de la última dictadura, algo novedoso en los juicios contra represores. En los fundamentos de la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex comisario riojano Domingo Benito Vera, los jueces señalaron la “indiferencia” pero también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el aparato represivo, y en este caso en particular con el ataque dirigido a los sacerdotes del movimiento tercermundista caracterizado por su trabajo con los sectores sociales desprotegidos. Recordaron que las denuncias sobre persecuciones que llevaban los miembros de la pastoral riojana nucleados en torno del obispo Enrique Angelelli a las autoridades de la Iglesia fueron ignoradas en aquel entonces pero además, advirtieron, aún “persiste” una “actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso miembros del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”.

El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres que se presentaron con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios Murias y al francés Longueville en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador. Les dijeron que debían declarar para la liberación de unos presos, en particular del intendente Cacho Corzo. Los subieron a un Ford Falcon oscuro, y se estima que en el ínterin pudieron haberlos interrogado, pero rápidamente, no más de media hora después del secuestro, fueron ejecutados. Según el tribunal oral, el breve lapso transcurrido muestra que el objetivo era matarlos. Sus cuerpos aparecieron con vendas en los ojos y marcas de tortura dos días después, cerca de las vías del tren. Quince días después fue asesinado el obispo de la provincia, Enrique Angelelli, en un falso accidente, cuando llevaba documentación precisamente sobre la persecución a los curas. Buena parte de esos papeles fueron rescatados y sirvieron de prueba en el reciente juicio oral.

“No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto, presididos por móviles particulares. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos (...) Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado ‘enemigo’ y ‘blanco’”, dice un tramo de la sentencia, de 417 páginas, que firmaron los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano, mientras que como cuarta jueza actuó Karina Perilli. Los autores materiales, explica el tribunal, eran “personas extrañas a la población de Chamical (con tonada de afuera, aporteñada, porte militar)”, lo que demostraría, razonan, que iban con una orden. La Iglesia Católica, agregan para completar el cuadro, estaba al tanto del escenario de ataques y posibles asesinatos a curas tercermundistas de La Rioja, cuya historia devino un caso paradigmático.

Menéndez y Estrella fueron condenados como coautores “mediatos” de los crímenes, en función de una teoría penal según la cual pueden ser considerados “autores” quienes, aunque no intervengan directamente en los hechos, dominan su realización a través del aparato de poder de organización estatal. Al ex comisario Vera, en cambio, le adjudican una participación directa. Para ilustrar el espectro de influencia de Menéndez, ya antes del golpe de Estado, los jueces recuerdan que hubo tres hombres de la diócesis riojana (Rafael Sifré, Carlos Di Marco y el viceobispo Esteban Inestal) que fueron especialmente buscados fuera de su área, detenidos y torturados en Mendoza, y se les advirtió sobre el futuro asesinato de Angelelli.

Aunque Menéndez negó haber tenido encuentro alguno con Angelelli, que llevaba sus reclamos donde podía por la persecución a los curas riojanos, el tribunal considera probado por testimonios y documentos que sí existió, y que el cardenal Raúl Primatesta incluso ofició como nexo. Por distintas vías, el ataque y hostigamiento al movimiento de curas del Tercer Mundo fue puesto en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, que hicieron oídos sordos.

–Me están matando a los corderos –recuerda el fiscal Carlos Gonella que le dijo Angelelli a Primatesta, en una reunión que fue celebrada el mismo mes del asesinato de Murias y Longueville.

–Eso le pasa por meterse con esas cosas –fue la respuesta, que aludía al trabajo corporativo que realizaba en unidades familiares.

Durante el juicio oral, ya la fiscalía y las querellas plantearon la importancia de esos contactos en los que Angelelli y otros sacerdotes transmitían la situación de la diócesis de La Rioja a los responsables de la Conferencia Episcopal en busca de una solución, para entender el papel que jugó la Iglesia Católica. El tribunal oral sostiene en su sentencia que, de los documentos y cartas dirigidos a las autoridades más los relatos de testigos que participaban de la pastoral de Angelelli, “surge dramáticamente un reclamo que hasta el día de hoy, evidentemente, no sienten satisfecho y expresa una pública denuncia a la jerarquía de la Iglesia argentina, a la que atribuyen indiferencia, cuando no complicidad, ante episodios gravísimos de violaciones a los derechos humanos y eran evidentes y manifiestos para toda la sociedad, particularmente ante la persecución y violentas agresiones de que eran objeto sacerdotes y laicos de la iglesia riojana. “Los pecados cometidos –recordaron varios testigos que decía el vicario castrense, Victorio Bonamín, sin que ningún superior lo desautorizara– deben pagarse con sangre.”

El tribunal hace hincapié en el intercambio epistolar que Angelelli mantuvo con monseñor Vicente Zaspe, el arzobispo de Santa Fe, “enviado por el Vaticano –precisan los jueces– para apoyar, interceder e intentar recomponer la relación del obispo de La Rioja con las autoridades del régimen militar”. Allí Zaspe informaba acerca de un encuentro con el dictador Jorge Rafael Videla apenas ocurrido el asesinato de Murias y Longueville, del que participaron Primatesta y el nuncio apostólico Pío Laghi.

Parte de los documentos de los archivos secretos de la Iglesia que fueron revelados por el periodista Horacio Verbitsky, y que dan cuenta de cómo el Episcopado asumió un rol de asesoramiento para con las Fuerzas Armadas respecto de cómo y qué decir frente a la desaparición de personas, son especialmente señalados por el tribunal. La sentencia repasa una reunión (del 10 de abril de 1978) documentada entre la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, representada por el cardenal Primatesta, el obispo Vicente Zaspe y el cardenal Juan Aramburu, en la que el dictador Jorge Rafael Videla dijo que estaba preocupado porque los obispos habían usado la expresión “presos políticos” y la repercusión que eso podría tener en el plano internacional. Cuando hablaron de “el problema de los desaparecidos” y el reclamo de los familiares, Aramburu dijo: “El problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Videla, en una entrevista, incluyó a Pío Laghi entre quienes le daban asesoramiento.

“Así como numerosos testigos y habitantes del pueblo de Chamical manifiestan que aún hoy subsiste un trasfondo de miedo en esa sociedad, es penoso observar que pareciera que ese temor, o peor aún, alguna forma de velada objeción al accionar de aquella Iglesia comprometida con los débiles sociales y desposeídos, todavía persiste y se manifiesta en la actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso del clero, al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos”, señala otro tramo de la sentencia. Los jueces relataron, como ejemplo, que cuando quisieron ir a inspeccionar la parroquia de Chamical, que en la época de los hechos ocupaban las Hermanas Josefinas y desde la cual fueron secuestrados Murias y Longueville, no pudieron entrar porque el párraco mandó decir que estaba haciendo “ejercicios espirituales”, a pesar de que había sido notificado de la medida.

“Seguramente –se juegan los jueces– los miembros del pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos.”

“Querían destruir la pastoral”

Murias cuenta que “los propios curas que declararon” en el juicio admitieron que hubo “un matrimonio entre la cúpula de la Iglesia y los militares” y que la jerarquía eclesiástica “abandonó” a los sacerdotes de La Rioja.

Cristina Murias es la hermana de Carlos, uno de los curas asesinados en El Chamical. Desde Córdoba, donde vive, dice que los testimonios aportados en el juicio oral por los homicidios de su hermano y de Gabriel Longueville serán valiosos en el próximo juicio por la muerte del obispo Enrique Angelelli, “porque fue todo parte del mismo paquete: a mi hermano y a Gabriel los matan el 18 de julio, a monseñor Pedernera el 25 de julio y a Angelelli el 4 de agosto. Querían destruir la pastoral del obispo”. Parte de esos testimonios se refirieron al papel que tuvo la cúpula de la Iglesia. “Los propios curas que declararon lo dijeron: hubo un desposorio entre la cúpula de la Iglesia y los militares.”

“Lo dijo el padre que fue el superior de los capuchinos”, apunta Murias, del otro lado del teléfono.

–¿Qué palabra usó?

–Dijo que hubo un desposorio, un matrimonio entre las dos cúpulas. También Antonio Puigjané, que habló por videoconferencia. Todos sabemos que la Iglesia los abandonó. Angelelli fue a pedir ayuda, y en aquel momento (Vicente) Zazpe le mandó a decir: “Díganle al pelado que lo único que puedo hacer es rezar”. Y Zazpe era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ¿cómo que lo único que podía hacer era rezar?

–El juicio oral terminó en diciembre con tres condenas. ¿Se sintió conforme con el fallo?

–Con el fallo sí, pero hay que aclarar que la causa llegó mutilada al juicio oral, porque el juez de instrucción (Daniel Herrera) Piedrabuena no proveyó ninguna de las pruebas que pedimos. La causa tendría que haber llegado a juicio teniendo entre los acusados a (Albano) Harguindeguy y Eduardo Menem, que fue el instigador de toda la persecución a la pastoral del obispo Angelelli. El (Menem) fue ministro de gobierno de la dictadura y fue director periodístico del diario El sol, desde donde se hacía campaña contra el obispo. No hay que olvidar que la persecución a toda esa pastoral comenzó en el año ’70, ’71. ¿Y quiénes eran los mentores? Los cruzados de la fe, un grupo de ultracatólicos que defendían a los terratenientes. Y los mentores de eso eran los Menem. Por otro lado, inmediatamente después del juicio, la Cámara de Casación les dio a los condenados el beneficio de la prisión domiciliaria.

–¿Cuántos quedaron en prisión?

–De los tres, solamente uno, el comisario (Domingo) Vera. A (Luis Fernando) Estrella y (Luciano Benjamín) Menéndez, Casación les dio la prisión domiciliaria con el argumento de la falta de fundamentos, porque por la feria judicial la lectura de los fundamentos de la sentencia se pasó para febrero.

–Ahora, con la difusión de los fundamentos, ¿esto podría cambiar?

–No sé. Hay un criterio que nos deja atadas las manos, porque como querellantes no tenemos derecho a pedir ni a apelar las medidas coercitivas. Quiere decir que nosotros no podemos apelar.

–El juicio por el asesinato de su hermano, ¿va a ayudar en la causa de Angelelli?

–Sí, lo más valioso es lo que declaran los curas o ex curas y la gente que trabajaba en la pastoral, que ante un tribunal que eran dos jueces de Córdoba, porque tanto Gabriel como mi hermano eran cordobeses, se animaron a declarar. Todo eso es ahora un instrumento público.

–¿Por qué mataron a su hermano?

–La pastoral del obispo estaba centrada en ser la voz de los que no la tienen. Conseguían que a las empleadas domésticas no se las tratara como esclavas, porque les pagaban con la comida y ropa vieja, ayudaron a crear el sindicato minero, peleaban contra el apropiamiento de las sierras, porque todo el norte del país no tiene títulos de propiedad, son propiedades ancestrales. Entonces pasaba como pasa ahora, llegaban con la compra de 50 mil hectáreas hecha en Buenos Aires, fraguadas obviamente, y los desalojaban. En el año ’73 se produce un acontecimiento que jamás había pasado: cuando llega el obispo a celebrar las fiestas pastorales de Anillaco lo apedrean, le tiran tomates, Amado Menem con altoparlantes incitaba al pueblo para que los corrieran, porque decían que ésos no eran cristianos. Tanto es así que el papa Pablo VI tuvo que mandar a un delegado personal con una nota afirmando que la pastoral del obispo era la pastoral de la Iglesia Católica, como un modo de dejar en claro que no eran comunistas ni eran foráneos... bueno, todo el que no era de La Rioja era considerado foráneo.

–Hablaba de cómo la jerarquía de la Iglesia le dio la espalda a Angelelli. Ustedes, como familiares, ¿también recurrieron a la Iglesia por ayuda?

–Jamás, ni la Iglesia se acercó ni nosotros le pedimos nada, porque sabíamos perfectamente lo que era (Raúl) Primatesta. También el obispo (de La Rioja, Roberto) Rodríguez, que ahora está por renunciar, antes de que llegue el juicio por Angelelli, se negó sistemáticamente a ofrecer pruebas, hasta que este tribunal oral le ordenó que abriera los documentos de la curia, porque ahí consta la persecución a la pastoral, con todas las modificaciones que pudo haber con todos los obispos que siguieron.

–Así como se juzga a los militares, ¿también deberían ser juzgados los hombres de la Iglesia que tuvieron responsabilidad en los crímenes del terrorismo de Estado?

–Casi todos los que intervinieron en aquel entonces están muertos: Primatesta, (Antonio) Plaza, (Juan Carlos) Aramburu... pero creo que la Justicia podría condenar a la institución. Porque a las instituciones siempre las dejan a salvo, pero a las instituciones las manejan los hombres, los seres humanos, y lamentablemente acá fueron cómplices de la dictadura, o sea: denunciaron a gente, pedían las listas de los maestros en las escuelas de monjas que Primatesta las pasaba al Tercer Cuerpo. Todo eso se sabía y se sabe... ¿y que no haya sanción porque se murió? Tiene que haberla.

Represión dirigida

“En este juicio quedó especialmente claro que la Iglesia tuvo un papel pasivo, pero que también fue parte, en toda la represión en general”, le dijo a Página/12 Carlos Gonella, quien fue fiscal del caso del asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Las condenas se conocieron el 8 de diciembre, pero los fundamentos fueron difundidos el viernes último. “En La Rioja la represión estuvo dirigida contra los sacerdotes del movimiento tercermundista. El obispo (Enrique) Angelelli iba y pedía a las autoridades, mientras ellas, desde la Conferencia Episcopal, asesoraban (a la junta militar). Este año, señaló Gonella, se espera que empiece el juicio oral por el asesinato de Angelelli, que volverá a poner la complicidad eclesiástica con la dictadura sobre el tapete. En el caso de Murias y Longueville, el fiscal recordó que otras de las pruebas clave fueron los legajos de Inteligencia de la Policía, que incluían un mapa donde los agentes ubicaban en el territorio a los curas de la pastoral de Angelelli, e incluían una lista con el perfil ideológico de cada uno y hasta valoraciones morales.


Los magistrados

El 7 de diciembre, el día en que el tribunal oral constituido en La Rioja anunció la condena a Luciano Benjamín Menéndez por los asesinatos de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville tuvo algo de película, cuando a poco de la lectura del veredicto comenzaron a repicar las campanas. Fue un momento que hasta conmovió a los jueces protagonistas. El tribunal que juzgó a Menéndez y otros dos represores tuvo un solo riojano, el presidente, José Camilo Quiroga Uriburu. Junto con él actuaron Jaime Días Gavier, del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, quien venía de ejercer la profesión y militar en el peronismo. Intervino en varios juicios de derechos humanos, en Córdoba y Tucumán. Ahora este juez preside el juicio sobre los crímenes en La Perla. El tercer vocal es Carlos Lascano, del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, nombrado en 2009. Venía de ejercer la profesión y es titular de Derecho Penal. La “cuarta” jueza, Karina Perilli, integra un tribunal oral en lo Penal Económico porteño desde 2010, fuero donde trabaja hace veinte años. Ahora juzga el caso conocido como “Manzanas blancas”.























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