"Del gobierno que me tocó integrar podrán decir muchas cosas. Y vaya si las han dicho. Pero nadie, nadie puede decir que hubo un acto de deshonestidad en ese gobierno. No lo hubo. Tenemos que retomar los principios de la ética, de la honestidad que siempre rigieron en el Uruguay", afirmó el candidato colorado Pedro Bordaberry en un discurso que dio en Maldonado el domingo, según consignó ayer El País. A continuación, agregó: "Hoy estamos viendo a un exministro procesado (Fernando Lorenzo) que quiere ser candidato. Que no puede ser y lo es porque sencillamente la Justicia no comunicó que estaba procesado. Y como dijo un columnista: 'El pueblo está mirando estas cosas y como proceden quienes durante muchos años nos hablaban de que eran los más honestos de todos y en realidad, terminados estos nueve años, tienen récord de procesamientos de jerarcas en funciones en sus filas". La afirmación del candidato es falsa, pues en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) en el que Bordaberry fue ministro de Turismo, Deportes e Industria, hubo seis jerarcas procesados por actos de corrupción cometidos en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y en OSE. Concretamente, el expresidente del BHU, Salomón Noachas, fue procesado en 2003 con prisión por dos delitos de concusión (coima) por su actuación en la adjudicación de las viviendas a sus familiares. Noachas intervino para que se le adjudicara un apartamento en Punta del Este a su hija, y otro en la calle Cassinoni a su hijo. En 2008, Noachas volvió a ser procesado, esta vez junto a los directores del BHU colorados Jorge Conde y Norberto Sanguinetti, y los directores del Partido Nacional Jorge Sacchi, Néstor Moreira Graña y Fernando Caride. La Justicia les imputó abuso de funciones, luego de probarse que autorizaron el pago de sumas de dinero a dos directores para que se operaran en el exterior y con cargo al BHU. En 2006, los exdirectores colorados de OSE Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni fueron procesados por fraude continuado en calidad de coautores y abuso de funciones, por el pago de viáticos a sus secretarios por tareas que no realizaban, por la asignación arbitraria de publicidad y la construcción de una cancha de baby fútbol por amiguismo. En el caso del expresidente de OSE, Juan Justo Amaro, fue procesado en 2010 –por su gestión entre 2001 y 2003– porque en 2007 tenía fueros. El director blanco Alberto Casas (diputado) aún no fue procesado por seguir teniendo fueros. Todos fueron luego condenados.
El candidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, aseguró que el escándalo de Pluna no es tema de preocupación de la población, o por lo menos así lo ha detectado en sus recorridas de campaña por todo el país, donde le acerca el micrófono a los vecinos para escuchar sus planteos. Días atrás, en una entrevista en vivo con el programa Buscadores de canal 5, el exmandatario defendió al exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y al expresidente del Banco República, Fernando Calloia, ambos procesados sin prisión por un delito de abuso de funciones por su participación en el remate de los siete aviones Bombardier tras el cierre de la aerolínea de bandera. "Hay que desmitificar el tema de Lorenzo y Calloia: no fueron procesados por un delito de corrupción. Sí por el delito de abuso funciones. Otros dirigentes políticos de otras fuerzas políticas fueron procesados, y con prisión, por la ley de corrupción", dijo Vázquez. Sin embargo, la legislación actualizada indica otra cosa. La ley nº 17.060 de diciembre de 1998 –denominada "Normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción)"– actualizó los artículos del Código Penal que tipifican delitos de conducta en la función pública. A algunos incluso les aumentó la pena. En la lista se encuentra el de abuso de funciones (artículo 162), aplicado por la Justicia del Crimen Organizado para la conducta de Lorenzo y Calloia. También incluye los delitos de fraude, soborno, conjunción del interés personal y público, revelación de secretos y utilización indebida de información privilegiada, entre otros. Por otra parte, el 23 de enero de 2003 un decreto del Poder Ejecutivo ordenó la creación de la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado. Uno de sus cometidos fue agrupar las normas que tipifican delitos de corrupción. Dispuso que se sistematice toda la legislación y normas constitucionales en la materia, sobre todo la ley nº 17.060. También allí está el abuso de funciones. El mismo decreto estableció la obligación de presentar declaraciones juradas a jerarcas del Estado.
El sábado 13 de setiembre el sector nacionalista Alianza Nacional se reunió en agrupación de gobierno en el hotel Radisson Montevideo. Recibió allí a la fórmula del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Ambos aludieron al escándalo de Pluna en sus discursos. El presidenciable blanco recordó que legisladores de su partido impulsaron una comisión investigadora en el Parlamento, que el oficialismo trancó. También destacó que el asunto terminó en la Justicia, algo que fue llevado allí por una denuncia de los senadores nacionalistas. "(El caso Pluna) termina yendo a un juzgado penal por un tema que al país le costó US$ 300 millones", aseguró Lacalle Pou.
Sobre la deuda de la exaerolínea de bandera se ha dicho mucho, según la conveniencia política del que trata el tema. Desde julio de 2012, cuando la compañía tramitó su concurso voluntario por insolvencia financiera, se manejó que la deuda superaba los US$ 300 millones. En realidad, esa cifra nunca se ajustó a la realidad. Quizá la confusión surge porque en el último balance se habla de un pasivo de US$ 300 millones. Pero al pasivo hay que restarle los activos, tarea en la que está la sindicatura. El dato más objetivo de la deuda de Pluna lo determinó la Justicia concursal en un escrito que fue procesado por el Equipo de Datos de El Observador. En total, esa deuda certificada por la Sindicatura se acerca a los US$ 180 millones, lo cual está muy lejos de ser US$ 300 millones. La discusión ahora se centra en quién podrá cobrar o no lo que Pluna adeuda. Por la venta de los siete aviones Bombardier se espera recaudar US$ 77 millones. Como ese dinero no alcanza para cancelar la deuda comprobada, se clasifican los acreedores según su prioridad, tomando en cuenta la ley de concurso. Una decisión importante en manos de la jueza Teresita Rodríguez Mascardi que puede cambiar la cantidad de acreedores que cobren refiere a la prioridad de Pluna Ente Autónomo. Ese organismo fue quien, en nombre del Estado, canceló cuotas millonarias ante el Scotiabank por los siete Bombardier.
"Para que no digan que esto es una cuestión ideológica. En el año 1987 Cuba bajó la edad de imputabilidad a los 16 años. Es decir, no es solamente que hay estados en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, no. El gobierno de España en su momento y el gobierno de Cuba. El delito no tiene ideología", dijo el candidato a la presidencia del Partido Colorado, Pedro Bordaberry en una entrevista que concedió al diario La República. Ese argumento que mencionó también en la entrevista del viernes pasado en El Observador TV la utiliza frecuentemente para defender la campaña de la baja de la edad de la imputabilidad pero es discutible. Si bien es cierto que la edad de imputabilidad en Cuba es de 16 años, hasta los 20 años la pena para el delincuente puede ser reducida en sus mínimos y máximos. Además, los menores de 20 no son pasibles de pena de muerte, como lo son los adultos. Según establece el Código Penal cubano en el artículo 17.1, "en el caso de personas de más de 16 años de edad y menores de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a los 18 a 20, hasta en un tercio. en ambos casos predominará el propósito de reeducar al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal". La afirmación es discutble porque la propuesta de reforma constitucional que promueve Bordaberry propone castigar a los menores de 16 y 17 años con las mismas penas de los adultos que pueden llegar a 30 años para el caso del homicidio. La ley penal actual prevé un proceso penal para los adolescentes pero con penas que no pueden superar los cinco años de encierro para delitos graves.
"Puede adquirir un medicamento que contenga cocaína, o alguno de sus derivados, si un médico lo prescribe en ciertas condiciones"
El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, dijo ayer en una entrevista en el programa Buscadores de TNU que existen medicamentos que contienen cocaína o algunos de sus derivados. La afirmación de Vázquez sobre la cocaína y los medicamentos surgió ante la pregunta de si en caso de ser electo presidente estaba dispuesto a regular otras drogas además de la marihuana, como la cocaína. "Esta regulado el consumo de cocaína en Uruguay. Usted no puede ir a la farmacia y decir 'déme diez gramos de cocaína'. Puede sí adquirir un medicamento que contenga cocaína o alguno de sus derivados, si un médico lo prescribe en determinadas condiciones. Eso es regular", respondió. Sin embargo, expertos en toxicología y farmacología dijeron a El Observador que en Uruguay no existen medicamentos que posean cocaína o "alguno de sus derivados", por lo que la afirmación es falsa. "No conozco un medicamento registrado en el país que tenga como principio básico la cocaína. Es decir, no existe en Uruguay un medicamento que tenga como principio activo cocaína, y productos derivados del alcaloide cocaína mismo tampoco", afirmó el médico toxicólogo Antonio Pascale. Pascale explicó que los fármacos derivados de las anfetaminas son estimulantes como la cocaína, pero aclaró que no provienen de esa droga. Dentro de los derivados de las anfetaminas se encuentra el metilfenidato, droga que contiene el psicofármaco Ritalina. "Desde el punto de vista de su estructura química, la cocaína y las anfetaminas son dos sustancias distintas. Las anfetaminas pueden compartir mecanismos de acción con la cocaína porque ambas son sustancias estimulantes del sistema nervioso central, pero el metilfenidato en plaza no tiene nada que ver con un derivado de la cocaína". Por su parte, el profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina Héctor Telechea se refirió al metilfenidato como droga que puede confundirse con derivados de la cocaína. "Estructuralmente es parecido, pero eso no implica que se utilicen derivados. Si se mira la molécula de la cocaína y la del metilfenidato son como hermanos, pero la gente que consume el metilfenidato no anda exaltada como cuando se consume cocaína", explicó. Al igual que el toxicólogo Pascale, el profesor Telechea dijo que tampoco conoce medicamentos en Uruguay que deriven de la cocaína. "Si se lee el prospecto de un medicamento (que se venda en el país) no se va a encontrar cocaína", aseguró. Hace algunos días, el candidato del FA, quién además es oncólogo, había dicho algo similar en una entrevista en Radio Rural, luego de ser consultado sobre la posible regulación de otras drogas. "Si yo le hago una receta de algún producto que contenga cocaína usted va a la farmacia, la compra y se la van a vender. Se puede vender solo con receta médica y determinadas condiciones. Yo no le puedo hacer una recetita y que usted vaya y la compre. Hay una receta especial para psicofármacos", expresó Vázquez.
El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) aseguró ayer en entrevista con el diario La República que hoy en Uruguay los jóvenes "consiguen trabajo con facilidad" y eso "hace 10 años no ocurría". Si bien se trata de una valoración amplia, refiere a una cuestión muy concreta que se mide de forma objetiva por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en base a la Encuesta Contínua de Hogares. En enero de 2006 la tasa de desocupación en los menores de 25 años era de 33,3%. Es decir, que una de cada tres personas menores de 25 años buscaba trabajo pero no lo conseguía. Ello ser revirtió de forma sustancial si se comparan los datos más actuales disponibles. El dato publicado por INE indica que en julio de 2014 la tasa de desocupación era de 16% en esa franja etárea. Por lo tanto la afirmación es cierta. De todos modos el desempleo en los jóvenes casi triplica el desempleo en general, que es de 5,9%.
"Se habló de US$ 380 millones y se repitió la cifra por todos lados, (pero) el pasivo de Pluna quedará en US$ 81 millones"
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, asistió el lunes 1 a comisión del Senado junto al titular de Economía y Finanzas, Mario Bergara. Fueron convocados por el senador blanco Carlos Moreira, para ser consultados sobre coletazos del cierre de la exaerolínea de bandera Pluna, cerrada en julio de 2012 por insolvencia financiera y patrimonial. A la salida de su visita, Pintado dialogó con medios de comunicación e intentó aclarar a cuánto asciende el pasivo que dejó la compañía. "Del pasivo del que tanto se habló de US$ 380 millones y se repitió la cifra por todos lados; la sindicatura que tiene a cargo el cálculo de los acreedores (y) calculó el total del pasivo en US$ 170 millones. A eso hay que descontarle lo que se va a recibir por la venta de los aviones, unos US$ 77 millones, y lo que ya se pagó por despidos, unos US$ 12 millones, lo que totaliza que ese pasivo quedará finalmente en US$ 81 millones". Si bien el razonamiento es correcto y las cifras se acercan a la verdad, el ministro omite explicar algunas cosas que cambian la ecuación y el sentido de la realidad. Para empezar, la cifra de US$ 380 millones del pasivo de Pluna no surge de especulaciones ni falsedades. El monto aparece en el escrito entregado por el Poder Ejecutivo al momento de solicitar el concurso voluntario en la Justicia, tras el cierre de Pluna. En ese momento, el gerente Matías Campiani había sido desplazado de la aerolínea y 100% de las acciones estaban en manos del Estado. En segundo lugar, la cifra de recaudación por la venta de los aviones será menor a US$ 77 millones. Hasta ahora la sindicatura acordó con una empresa norteamericana la venta de los siete Bombardier CRJ 900 NextGen. Firmaron un boleto de reserva y, según pudo saber El Observador, trabajaban en el borrador del contrato definitivo de venta. Una vez que exista acuerdo, deberá ser firmado por la jueza Teresita Rodríguez Marcardi. Los involucrados esperan que el precio final sea de US$ 77 millones, pero ya saben que habrá otros costos de mantenimiento de los motores que hará disminuir esa cifra. No saben cuánto exactamente, pero será más de US$ 1 millón. Además, el monto de verificación de créditos, es decir, la deuda total, crecerá, ya que hubo impugnaciones de quienes reclamaban pagos y tramitan para cobrarlos. Otro elemento que vuelve engañoso el razonamiento de Pintado es que dentro del pasivo se cuenta el dinero ya pago por Pluna Ente Autónomo (con dinero de Rentas Generales) al Scotiabank, para cancelar cuotas de los aviones, cuya garantía era estatal. Hasta ahora se pagaron cinco cuotas que superan los US$ 40 millones. Existe allí un dilema a resolver. La Justicia deberá determinar si Pluna Ente es un acreedor con prioridad o subordinado. Si tiene prioridad y cobra primero, junto a lo que todavía tiene que recibir el Scotiabank por la deuda de los aviones, no queda dinero para el resto de los acreedores.
"Hoy estábamos hablando con Tabaré. Los titulares de los diarios hace cinco años eran casi los mismos que los que tenemos hoy. Los titulares de los diarios de hace 10 años eran los mismos que tenemos hoy: 'El Frente no gana en primera vuelta. Si hubiera una segunda vuelta hay enormes chances de que el Frente Amplio pierda las elecciones'. Eso se repite. Está en Internet. Se puede buscar. Los títulos son casi los mismos que hoy", dijo el candidato del Frente Amplio a la vicepresidencia de la República, Raúl Sendic, en el programa En la mira el jueves pasado. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Los titulares del diario El Observador hace 10 años aseguraban que el favorito para ganar en primera vuelta era el Frente Amplio. "La mayoría cree que Vázquez será presidente", fue uno de los titulares de tapa de El Observador el 24 de julio de 2004. La nota de página seis presentaba los datos de la encuesta realizada ese mes por Factum. El 51% de los consultados creía que Vázquez ganaría las elecciones; el 38% consideraba que ganaría el candidato blanco, Jorge Larrañaga; y el 5% el candidato colorado, Guillermo Stirling; mientras que el 6% no opinaba. El artículo destacaba además que el Frente Amplio mantenía una intención de voto de 49% que lo convertía en favorito para ganar en primera vuelta.
En el acto del 43er aniversario del primer acto público del Frente Amplio, la precandidata Constanza Moreira se descolgó con un discurso crítico hacia la coalición de izquierdas. Entre otras cosas pidió que no se hable más de un "tercer gobierno" del FA, sino de uno "nuevo". Sus dichos generaron malestar en parte de la izquierda. En esa intervención, la legisladora se refirió también a los temas de campaña que "impuso" su candidatura. "Ya hemos instalado nuestros temas. El 6% del PBI para la educación, el impuesto a Primaria para los productores rurales, y quien sabe si a lo largo de estos meses también podamos discutir en serio la reforma estructural de las Fuerzas Armadas". Lo dicho es verdadero. Son temas de la agenda "radical" del Frente Amplio que Vázquez tomó como propios. Pero omite decir que el asunto del Impuesto a Primaria y el presupuesto para la educación forman parte del programa aprobado por el último congreso de la coalición, el 23 y 24 de noviembre de 2013. En el capítulo de educación del documento "Bases programáticas para un tercer gobierno nacional del FA", se establece: "En cumplimiento de los objetivos establecidos en este Programa para la transformación de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo público, se puede exigir presupuestalmente ir hacia 6% del PBI". En el mismo texto se indica que la coalición aspirará a "generalizar" el Impuesto de Primaria. La presencia de ambas propuestas en el programa único de la coalición obliga a cualquiera de sus candidatos a tener en cuenta lo allí establecido para luego gobernar. Por lo tanto, no fueron temas impuestos por Moreira sino que ya estaban establecidos de antemano por la orgánica frentista. Además, la discusión de esas herramientas llevó seis meses y Vázquez la siguió de cerca a través de uno de sus hombres de confianza en la Comisión de Programa, el exministro de Turismo Héctor Lescano.
La fórmula del Partido Colorado presentó días atrás su programa de gobierno 2015- 2020. El documento, titulado Compromiso de cambio, el Uruguay del futuro, tiene una extensión de 352 páginas y ha sido divulgado en distintas conferencias del candidato a presidente, Pedro Bordaberry, y el postulante a la vicepresidencia, Germán Coutinho. En su capítulo de seguridad pública, bajo el subtítulo "Objetivo estratégico 1", plantean: "Reducir la 'cifra oculta de delitos' (estimada en 40%) promoviendo la denuncia, simplificando los procedimientos, acercando los servicios, mejorando la confianza, los resultados y la respuesta policial". El Observador consultó a Guillermo Maciel, referente colorado en materia de propuestas en seguridad. El dirigente explicó que la cifra se tomó de dos encuestas y una consideración del exministro del Interior, José Díaz, quien en el Parlamento habría dicho que el 40% de los delitos no se denuncian. Una de las encuestas aludidas fue contratada por el gobierno en el período pasado, y el segundo dato se desprende del Latinobarómetro de 2008, según Maciel. Si bien puede ser cierto y probable que un porcentaje importante de los delitos cometidos no sean denunciados por las víctimas, es claro que en ningún caso puede manejarse una cifra en ese sentido. Cualquier proyección que se maneje, aunque parta de encuestas profesionales, no surge de datos objetivos de la realidad. Tiene menos valor au n si se comparan datos estadísticos tomados de la realidad, como las denuncias ante las comisarías, contra una estimación débil que parte de encuestas sin proyecciones a lo largo del tiempo. Ademá s e s engaños o prometer algo en función de un número que no está estandarizado. ¿Cómo puede hacer un ciudadano para comprobar si lo que prometió un candidato luego lo cumplió, si se parte de un dato que no es medido de forma fiable?
En rigor los registros demuestran que su afirmación es falsa.
Días atrás, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou concedió una entrevista al espacio Las 40 de Montevideo.com, entrevistas realizadas por el periodista Gerardo Tagliaferro. El diputado herrerista se explayó sobre pensamientos personales, aunque también tuvo oportunidad de comentar algunas de sus propuestas de campaña. Cuando fue consultado acerca de qué reformas del Frente Amplio desmontaría en caso de ser presidente, respondió sin dudas que la ley de educación. Pero además mencionó que hay otras políticas que deberían mejorarse, en vez de cambiar de raíz, como la reforma de la salud. A su juicio se debería "evaluar la vuelta de muchos ciudadanos a la salud pública". Y agregó: "hay casi 200 mil que decidieron ir de Salud Pública a las mutualistas". Pero, según los registros del Ministerio de Salud Pública, al inicio de la reforma pasaron de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a mutualistas 400 mil usuarios, aproximadamente. Luego, en las seis aperturas del corralito mutual (procesado en los meses de febrero) volvieron 100 mil, presumiblemente por el precio de los tiques. De todos modos, la diferencia en los datos no tira abajo el argumento del precandidato del Partido Nacional. Es más, le da la razón.
"Tiene que haber una política institucional de detección temprana de adicciones. Nuestros asesores nos dicen que a los 5 años alguien puede detectar una personalidad con visos de adictiva, que será timbero, será alcohólico o se dedicará a las drogas". Así se expresó el candidato blanco Luis Lacalle Pou el pasado miércoles 14 en un acto en el Cerrito de la Victoria, según recogió el Portal 180. Sus palabras generaron polémica en Twitter, a lo que el diputado optó por mantenerse firme: "Hay que informarse bien. Si a temprana edad detectamos ciertas conductas, se puede ayudar a los niños en su futuro". El Observador consultó a la profesora titular de la cátedra de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, Laura Viola. La especialista dijo que la afirmación de Lacalle es, en esencia, verdadera, pero realizó algunas precisiones. Explicó que "hay determinadas patologías de detección temprana que más tarde en la vida pueden evolucionar hacia comportamientos adictivos". Es decir, lo que se puede identificar es un trastorno que eventualmente puede derivar en adicción. Pero no es posible saber a los 5 años si en el futuro un niño será drogadicto, alcohólico o adicto al juego. "Las políticas de salud mental infantil tienen que estar dedicadas a la detección temprana y al tratamiento de todos los trastornos emocionales y comportamentales de niños que atenten contra la armonía del ser humano", afirmó Viola, y destacó como "fundamental" establecer "políticas de detección precoz de patologías" para prevenir. Aclaró que a los 5 años un niño no tiene una personalidad formada, sino ciertos rasgos temperamentales.
