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Yabran: a 10 años de su "muerte"

A diez años de la muerte de Alfredo Yabrán



A los 53 años se descerrajó un tiro en una de sus estancias. Era el principal sospechoso de haber instigado el asesinato de José Luis Cabezas, el reportero de la revista Noticias que logró fotografiarlo en Pinamar. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”, había dicho Yabrán a sus allegados.


Un escopetazo en la boca convirtió hace diez años a Alfredo Yabrán en uno de los muertos más cuestionados y controvertidos de todo el país.
A los 53 años, el poderoso empresario postal se descerrajó ese disparo fatal en una de sus estancias de Entre Ríos donde permanecía prófugo de la Justicia, acusado de ser el instigador del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997.
Con el rostro irreconocible por la deflagración, el cuerpo de Yabrán apareció en el baño de la estancia San Ignacio, situada a unos 30 kilómetros de Gualeguaychú, el 20 de mayo de 1998 en horas del mediodía.

SOSPECHA. La noticia generó inmediatamente una ola de sospechas acerca de la veracidad y comenzó a rodar en la sociedad la hipótesis de que se trataba de un suicidio fraguado.
Cinco días antes, el juez de Dolores que investigaba el crimen del fotógrafo, José Luis Macchi, había librado la orden de captura internacional, luego de que Silvia Belawsky —la esposa de Gustavo Prellezo, un ex policía acusado de haber disparado contra Cabezas—
acusara a Yabrán de haber planificado el asesinato.
El empresario sabía que ordenarían su captura con suficiente antelación gracias a la perspicacia de uno de sus abogados, el ex camarista Guillermo Ledesma, el mismo que en diciembre del año pasado viajara a Miami para asesorar a Antonini Wilson, el hombre de la valija de los 800 mil dólares.
Yabrán era consciente de que no iba a poder esconderse por mucho tiempo y sentía que sus vínculos políticos, que tantos frutos habían dado en su vida comercial, se iban evaporando.



EL ÚLTIMO DÍA. Esa mañana, “Don Alfredo” —como le decían sus empleados— estaba absolutamente tranquilo y se dispuso a preparar una abundante picada para compartir con sus caseros Leonardo Aristimuño y Andrea Biordo, como antesala de un asado que nunca llegó a la mesa.
El arribo de una comisión policial que pretendía detenerlo fue el detonante del desenlace fatal.
Yabrán se escondió en el baño con su escopeta preferida y ni bien escuchó que un agente tocaba el picaporte de la única suite del casco, lanzó el disparo que resonaría en el país entero.
El jefe de la División Departamental de Concepción del Uruguay, comisario principal Alberto Ceves, fue quien se encontró con el cuerpo del empresario tendido en el piso.
Si bien la cara no tuvo contacto directo con el disparo de la escopeta —marca Baikal, calibre 12.70, dos caños superpuestos—, los perdigones que se diseminaron por la boca y sus esquirlas le deformaron completamente el rostro.
Según consta en la autopsia, el cráneo presentaba al menos 32 impactos de perdigones.
Yabrán había logrado mantenerse casi en el anonimato hasta el 23 de agosto de 1995, cuando el ex ministro de Economía Domingo Cavallo lo responsabilizó ante el Congreso de ser “jefe de una mafia enquistada en el poder”.

ACUERDO. La denuncia pública se canceló sigilosamente tres años después, cuando Cavallo firmó un acta-acuerdo con la familia Yabrán en la que le pedía disculpas por haberlo acusado de mafioso.
A partir de esa acusación, la imagen del enigmático empresario era el objetivo más codiciado de distintos medios. Y fue José Luis Cabezas quien capturó a Yabrán junto a su esposa caminando por la playa en Pinamar.
Esa foto, que ilustró la tapa del 3 de marzo de 1996 de la revista Noticias, fue la primera que hizo público el rostro del enigmático empresario.
“Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”, había dicho Yabrán a sus allegados, dando a entender que para hacer oscuros negocios era necesario tener un rostro desconocido.
En pocas décadas había construido un imperio: era dueño del mayor correo privado, de las terminales de carga, de empresas de vigilancia y seguridad, de transportadoras de caudales y quería adueñarse de las comunicaciones satelitales del continente.
Su riqueza era valuada en 2 mil millones de dólares y había sido construida gracias a sus estratégicas alianzas con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y con el menemismo.
“Soy un simple cartero”, dijo para desvincularse de la docena de empresas que le adjudicaron las denuncias de Cavallo, principalmente.
Cinco meses después del asesinato de Cabezas, y pese a su condición de sospechoso, Yabrán fue recibido en la Casa de Gobierno por el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Rodríguez, tras lo cual la oposición acusó a Carlos Menem de proteger al empresario.
En ese contexto, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, jugó un partido personal en esta contienda: comprendió que apuntando a Yabrán también podía herir a Menem, su enemigo íntimo.
Entonces pasó a monitorear la investigación por el caso Cabezas con un sistema de computación de entrecruzamiento de llamadas telefónicas —Excalibur—, que develó los vínculos entre el empresario y el menemismo: del teléfono de Yabrán salían más llamados a la Casa Rosada que a sus propias empresas.
Incluso este sistema dejó al descubierto la relación entre Yabrán y el por el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan, quien debido a esto renunció a su cargo.
La denuncia de Cavallo, el crimen de Cabezas con un sello mafioso, la deteriorada imagen pública del menemismo por casos de corrupción y la solitaria intención de Menem de ir por la re-reelección fueron fracturando el compacto bloque de poder en el cual se asentaban los redituables negocios del empresario postal.


La pregunta de muchos
argentinos: ¿no estará vivo?




Si bien el expediente 7.814 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gualeguaychú certifica su muerte, son muchos los argentinos que aún hoy creen que el empresario Alfredo Yabrán está vivo.
Quienes sostienen esta idea se resisten a aceptar que uno de los hombres más poderosos del país se haya quitado la vida de un escopetazo en la boca sin haber acusado a nadie.
Sobre todo, les cuesta creer que sus vínculos e influencias no le hayan permitido eludir su suicidio.
El propio Yabrán se había encargado de construir en la opinión pública la imagen de un hombre enigmático, que se manejaba por fuera de la luz pública y afirmaba con cinismo que “el poder es tener impunidad”.
Pero ni siquiera los resultados del examen genético hicieron menguar las dudas, especulaciones y sospechas de un posible suicidio inventado.
Incluso los padres de José Luis Cabezas —Norma y José— muchas veces dejaron entrever sus dudas acerca de la veracidad de la muerte del empresario postal.
El escepticismo pone de relieve que la sociedad considera que un estado constitucional también es capaz de utilizar métodos tales como la mentira, el ocultamiento y el engaño —que tuvieron su máximo exponente en la última dictadura— para evitar que determinados personajes poderosos sean juzgados.
Las encuestas divulgadas en 1998 concordaban en afirmar que más del 50 % de la población creía que el empresario postal estaba vivo y apenas el 10 % estaba convencido de su suicidio, tal como demostraron contundentes pruebas de investigaciones judiciales y periodísticas.
Los más destacados criminalistas coincidían en desmentir la posibilidad de que se haya fraguado el suicidio del empresario.
Los expertos argumentaron que era imposible la operación por la compleja red de cómplices necesarios para poder realizar ese montaje macabro.


El crimen que lo puso
en la mira de todos




El reportero gráfico José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado a las cinco de la madrugada del 25 de enero de 1997, en una fosa que se desprendía de un camino rural en las afueras de la localidad bonaerense de Pinamar.
Esposado y arrodillado, al fotógrafo le pegaron dos tiros en la nuca y luego lo prendieron fuego dentro del automóvil Ford Fiesta, color blanco, que usaba para cubrir la temporada de verano de esa localidad balnearia para la revista Noticias.
Las inextinguibles marcas mafiosas del crimen no tardaron en trepar a las tapas de todos los diarios y a movilizar a la sociedad en marchas y reclamos por su esclarecimiento.
Para la Justicia, Cabezas fue asesinado por un policía de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Prellezo, y cuatro ladrones del barrio platense de Los Hornos: José Luis Auge, Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González y Héctor Miguel Retana.
Según declararon “los horneros”, ellos se encargaron de “levantar” a Cabezas a la salida de una fiesta en la residencia de Andreani en Pinamar, de llevarlo hasta la cava y una vez ahí, Prellezo lo asesinó de dos balazos.
Pero no sólo fue asesinado de dos disparos, sino que el cuerpo de Cabezas fue quemado en el interior del vehículo y cerca de las 5:45 de la madrugada sus restos fueron divisados por un baqueano, al ver el humo que salía del lugar.
También expusieron ante la Justicia que los oficiales Sergio Camaratta y Aníbal Luna participaron de la logística.
El asesinato de Cabezas originó una profunda crisis en la ya cuestionada Policía bonaerense, que quedó involucrada como partícipe porque uno de sus hombres ejecutó el asesinato y como encubridora porque intentó desviar la investigación e inculpar a Margarita Di Tullio, una madama de los prostíbulos marplatenses apodada “Pepita La Pistolera”.
Según consta en la causa, Prellezo recibía directivas del jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, que le había encomendado “liberar” a su patrón del asedio del fotógrafo que dos años antes lo había retratado caminando por las playas de Pinamar.
En el juicio oral contra los acusados —que se desarrolló en Dolores— terminaron condenados Ríos, Prellezo y los cuatro “horneros” que habían hecho el trabajo sucio: Gustavo González, Horacio Braga, Héctor Retana y José Luis Auge, junto a dos policías que habían colaborado en la preparación del crimen: Sergio Cammarata y Aníbal Luna.
De acuerdo con lo que quedó acreditado en la Justicia, el empresario había dicho que quería pasar “un verano sin periodistas” y que le molestaban las guardias fotográficas de Cabezas.
Los tres ex policías, los cuatro delincuentes de Los Hornos y el custodio de Yabrán fueron condenados el 2 de febrero de 2000 a penas de prisión y reclusión perpetua, por un tribunal oral de Dolores, integrado por los jueces Susana Miriam Darling Yaltone, Raúl Pedro Begué y Jorge Luis Dupuy.
Pero a 11 años del brutal asesinato sólo dos personas permanecen en la cárcel: el oficial Gustavo Prellezo, quien ejecutó los dos balazos en la nuca al reportero gráfico, y Alberto “La Liebre” Gómez, el ex comisario de Pinamar encargado de liberar la zona para el asesinato.
Gómez fue condenado en un juicio posterior al central, que se denominó “Caso Cabezas II” y en el que quedó acreditado su participación en todo lo actuado.
En 2006, tres de los cuatro “horneros” (a excepción de Héctor Retana, quien murió de SIDA en 2001 en la Unidad 9) recuperaron su libertad beneficiados por el sistema “2x1” y gracias a las reducciones dictadas en noviembre del 2003 por los jueces de la Sala 1ª de la Cámara de Casación bonaerense, Horacio Piombo, Benjamín Sal Llargués y Carlos Natiello.
En ese marco, también fueron liberados los policías Sergio Cammarata y Aníbal Luna.
En tanto, la Cámara de Dolores otorgó a fines de 2006 el beneficio de prisión domiciliaria al ex jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, el ex sargento del Ejército Gregorio Ríos.
Pero la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el 19 de septiembre del 2007 los privilegios otorgados por Casación en el 2002 y confirmó todas las penas impuestas dos años antes por la Cámara de Dolores.
Braga y Auge fueron nuevamente encarcelados el 15 de diciembre de 2007 a pedido de la Cámara Penal de Dolores, por considerar que incumplieron con las condiciones fijadas para permanecer en libertad.
Mientras que Alfredo Yabrán, sindicado por los camaristas como el autor intelectual del crimen para la justicia, no vivió para ser condenado.



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