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Mayoría rechaza que Uruguay reciba a presos de Guantánamo

Una encuesta de la empresa Cifra muestra que entre abril y septiembre el rechazo a la venida de presos de Guantánamo saltó del 50% al 58% y que el 40% opina que la decisión debería corresponder al Parlamento.

El porcentaje de quienes apoyan la llegada de estos presos bajó en el mismo período de 30% a 24% y quienes no tienen opinión formada de 20% a 18%.



Obviamente, las preferencias electorales inciden. El rechazo es del 36% entre los rentistas, del 57% entre los indecisos, del 82% entre los nacionalistas y del 80% entre los colorados. El apoyo alcanza al 40% entre los frentistas, al 12% de los indecisos, al 8% de los blancos y al 10% de los colorados.

El 40% de los interrogados cree que la decisión final debería corresponder al Parlamento, el 16% al presidente José Mujica actuando en solitario, el 12% al mandatario tras consultar con sus ministros y el 15% entiende que el asunto debería dirimirse con una consulta popular. El 17% se decanta por otras posibilidades o no tiene opinión. La alternativa de que la decisión corresponda a los parlamentarios es apoyada por el 65% de los blancos, el 64% de los colorados, el 61% de los indecisos y y el 45% de los frenteamplistas. Sumando, quienes optan porque la decisión corresponda al Parlamento o a la ciudadanía mediante el voto llegan al 55%, en tanto quienes le asignan la responsabilidad al presidente en solitario o con su gabinete se ubican en 28%, según la encuesta divulgada anoche en Telemundo de canal 12.

El comentario de Cifra señala que "el gobierno y el presidente Mujica en particular, han explicado pocos detalles y con la información disponible la actitud de la mayoría de los uruguayos no es favorable". Agrega que "la demanda de la gente de que la decisión no sea exclusiva del Ejecutivo probablemente está vinculada, al menos en parte, a una demanda de más información".

"Charrúas".
El gobierno sigue sin precisar cuándo y en qué condición jurídica vendrían los cuatro sirios, un tunecino y un palestino retenidos en Guantánamo desde 2002 sin juicio. Ayer el presidente Mujica dijo a El País que "no hay ningún acuerdo escrito, ni nada por el estilo" con Estados Unidos. "Hay una ley de refugiados en el Uruguay y hay más de 200 refugiados hace años, pero como son colombianos, nadie se preocupa. Medio país vino disparando de algún lado y, bueno, formaron este país, ahora dicen ay, vienen unos tipos y nos asustamos. Como si fuéramos descendientes de charrúas", dijo el presidente.

De esta forma, Mujica, que ya ha dicho que la decisión final le corresponderá a él, dejó entrever que los presos vendrían con estatus de refugiados algo sobre lo que tienen reparos algunos juristas y que no se firmaría ningún tratado bilateral, por lo que no sería necesaria una intervención del Parlamento.

La polémica no cesa.
El candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se mostró ofendido ayer luego de que el vicepresidenciable del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, dijese que le debía favores personales al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, y que por eso estaba a favor de traer los presos de Guantánamo. Vázquez le respondió a Larrañaga: "Respeto enormemente a la ciudadanía uruguaya, a todos los uruguayos, por tanto no voy a entrar en el terreno de los agravios personales (porque) la gente no se merece eso".

En tanto, el Partido Nacional emitió una declaración en la que recuerda que si Uruguay llegase a contraer obligaciones con Estados Unidos a través de un tratado, el artículo 168 de la Constitución, numeral 20, determina que corresponde al Presidente de la República, actuando con sus ministros, "concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo".

"En el presente caso, no se ha seguido el procedimiento establecido en la Constitución de la República, por lo cual no nos encontramos ante un tratado del cual surjan derechos y obligaciones", dice la declaración blanca.

La embajadora estadounidense, Julissa Reynoso, dijo la semana pasada que Uruguay y Estados Unidos llegaron a un acuerdo como estados, por lo cual el futuro gobierno está comprometido a recibir a los presos, con independencia del partido que llegue al poder.

"El Gobierno no puede ni debe comprometer a nuestro país en resoluciones que son de absoluta competencia de otros Estados y otros sistemas políticos y jurídicos, y por ello debe abstenerse de continuar involucrándose en este asunto, si antes no cumple con los requisitos constitucionales", advierte la declaración del Partido Nacional.

El diputado Javier García, por su lado, elevó un pedido de informes a la Cancillería en el que pide que le remitan copia de cualquier documento que el gobierno haya suscripto con Estados Unidos.

Ayer en Buenos Aires el candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, insistió en sus argumentos para oponerse a la venida de los presos. "¿Por qué no se van a los Estados Unidos, en vez de a Uruguay (…) El gobierno se ampara en que tiene un secreto y no puede divulgar la identidad de esta gente, Estados Unidos podría albergarlos perfectamente en su país y la respuesta que tiene para no hacerlo es porque el Congreso no los deja y es un problema de los Estados Unidos, no nuestro".

Los blancos no han dejado pasar la oportunidad de señalar que el gobierno chileno de la socialista Michelle Bachelet rechazó una oferta de Estados Unidos para recibir a presos de Guantánamo.

La declaración blanca, además, carga contra Reynoso y dice que "no admite que funcionarios diplomáticos acreditados ante nuestro Gobierno expresen públicamente sus opiniones sobre decisiones que solamente competen al Uruguay, ya que constituye una injerencia en los asuntos internos".
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