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Acusaciones rastreras

Durante la primera fase del plan para reducir empleados públicos, algunos guardias privados se quedan solos sin la supervisión de los funcionarios.
Guardias civiles alertan del riesgo que puede conllevar para el tráfico de los datos personales.

La primera fase del proceso de privatización de parte de la seguridad de las prisiones ha permitido que los vigilantes asuman responsabilidades que hasta el momento no habían contraído. Entre ellas, la de controlar la sala de monitores o la valla de acceso al perímetro carcelario.

Sobre esta última tarea, el Gobierno ha negado en varias ocasiones que vaya a ser desempeñada exclusivamente por los vigilantes. Sin embargo, según ha podido saber Seguridad y Tribunales, en al menos media docena de prisiones los profesionales privados han asumido el control en solitario, sin el apoyo de los funcionarios.

Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aseguran que durante los dos o tres primeros meses desde que comenzó el plan de privatización, hace algo más de un año, los primeros vigilantes estuvieron apoyados por los miembros del instituto armado y por los funcionarios de prisiones. Los tres cuerpos de profesionales convivían en las garitas de entrada a los recintos carcelarios.

En los seis centros citados, los guardias civiles abandonaron primero esta tarea, que quedó en manos de vigilantes y funcionarios de prisiones. Luego fueron estos últimos los que fueron reubicados, decisión que dejó solos a los agentes privados.

Cárceles modernas
La media docena de instalaciones en las que el Ministerio del Interior deja la responsabilidad a los vigilantes son centros penitenciarios modernos, que cuentan con una primera barrera de entrada al aparcamiento del recinto, cosa que en las construcciones más antiguas no existe. De hecho, es en ese primer obstáculo donde el Gobierno permite a los vigilantes el control en exclusiva.

Fuentes de AUGC, sin embargo, no consideran adecuado que los vigilantes controlen en solitario estas primeras barreras. Aseguran que, al hacerlo, los agentes privados registran datos personales de los visitantes, como el nombre y el documento de identidad del conductor del vehículo, la matrícula o la mercancía que introduce, ya que en muchos casos por ahí pasan los camiones que llevan género de distinto tipo, no solo visitantes.

Desde la asociación entienden que no es bueno que esos datos estén en manos privadas, ya que los vigilantes un día están en una empresa y al día siguiente en otra o incluso en el paro, dada además la elevada tasa de desempleo que existe y la facilidad para prescindir de un trabajador que permite la reforma laboral. Alertan de que esto podría facilitar el tráfico de esos datos personales que han estado en posesión de los vigilantes.

Por otro lado, las fuentes consultadas aseguran que tampoco es sano que los agentes privados estén presentes, aunque sea acompañados por guardias civiles, en las salas de control de cámaras, ya que esto les permite conocer la disposición de cada dispositivo, las zonas oscuras –que no se graban– e incluso qué aparatos funcionan y cuáles no. Se trata de una información demasiado valiosa para estar en manos de alguien que podría estar en la calle al día siguiente, afirman desde AUGC.


http://www.forodevigilantes.com/t2498-acusaciones-rastreras
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