
Se esta debatiendo en California sobre el uso OBLIGATORIO de preservativos en los films porno. Al parecer esto acabaria con la actividad en ese Estado (uno de los epicentros globales de la pornografia) 

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La normativa a debatir, conocida como AB-1576, es una versión estatal de la "propuesta B" que en 2012 se aprobó en referéndum en el condado de Los Angeles -parte del principal centro productivo de porno en EE.UU.- y cuyas consecuencias dos años después son palpables.
Según datos de la FilmLA, una organización que gestiona los permisos de filmación en ese condado, publicados por Los Angeles Times, las solicitudes para grabar películas con sexo explícito en Los Angeles cayeron un 90 % el año pasado. Y en 2014, la cifra es hasta ahora un 50 % inferior a la de 2013.
Los empresarios y muchos intérpretes se oponen a la AB-1576 por las mismas razones que lo hicieron a la "propuesta B", porque los consumidores no quieren ver condones en las escenas porno. Aparte, rechazan que los legisladores se metan a regular la forma en la que dos adultos mantienen relaciones.
"Este trabajo es mi vida, lo amo, y que el Gobierno me diga cómo hacerlo me parece muy injusto", dijo Christian Wilde, uno de los 600 actores que apoyan la campaña contra la AB-1576 que se puso en marcha en la plataforma Change.org.
Según datos de la FilmLA, una organización que gestiona los permisos de filmación en ese condado, publicados por Los Angeles Times, las solicitudes para grabar películas con sexo explícito en Los Angeles cayeron un 90 % el año pasado. Y en 2014, la cifra es hasta ahora un 50 % inferior a la de 2013.
Los empresarios y muchos intérpretes se oponen a la AB-1576 por las mismas razones que lo hicieron a la "propuesta B", porque los consumidores no quieren ver condones en las escenas porno. Aparte, rechazan que los legisladores se metan a regular la forma en la que dos adultos mantienen relaciones.
"Este trabajo es mi vida, lo amo, y que el Gobierno me diga cómo hacerlo me parece muy injusto", dijo Christian Wilde, uno de los 600 actores que apoyan la campaña contra la AB-1576 que se puso en marcha en la plataforma Change.org.
Lo cierto es que solo la puesta en práctica a nivel estatal de esta ley supondría entre 125.000 y 150.000 dólares, lo que ha hecho que la iniciativa haya quedado en suspenso hasta que se revise su viabilidad presupuestaria. Todo apunta a que el comité del Senado dará su veredicto final el próximo 15 de agosto.

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