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AFIP: la máquina recicladora de corruptos

Echegaray dijo que “la presidenta no es socia de Lázaro Báez”. Pero durante la era K, los funcionarios de la AFIP que investigaron al empresario fueron desplazados. Además, fueron premiados los responsables de “dibujar” las declaraciones juradas de la familia Kirchner



A esta altura, todo lo que pueda decir un personaje como Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, carece de seriedad. Pero sus declaraciones muestran la desesperación que existe en la administración K ante la posibilidad de que, cuando Cristina Fernández deje el poder, muchos funcionaros terminen tras la rejas.

Ayer, sin ponerse colorado, Echegaray encabezó una conferencia de prensa para afirmar que “la presidenta no es socia de Lázaro Báez, es un grosero error”. El titular de la AFIP buscó contestar una investigación periodística del diario La Nación que demostró que, con complicidad del organismo recaudador, el empresario kirchnerista usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos.

Lázaro Báez es un exempleado del Banco de Santa Cruz, que figura al frente de un imperio empresario que creció a la par de obras públicas digitadas desde la Casa Rosada, durante la mal llamada “década ganada”. Es tal la relación con los K, que Máximo Kirchner cobró más de $700.000 por año por "alquileres" de inmuebles de la familia presidencial, ubicados en Río Gallegos, que pagaron distintas empresas de Báez. La mayoría de estos inmuebles son habitaciones de los hoteles vinculados a los K.

En realidad, lo que es grosero es el manto de protección que ha tendido la AFIP para ocultar el escandaloso crecimiento patrimonial que ha tenido la familia Kirchner desde que llegó a la Casa Rosada. Desde 2003 a 2010, antes del fallecimiento de Néstor, se había incrementado en un 1071% ya que pasó de $7 a $82 millones. En otras palabras, los números no cierran por ningún lado y más si se tiene en cuenta que la presidenta jamás fue “una abogada exitosa”, como ella se definió en Harvard. De hecho, se graduó de forma tardía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ni siquiera se matriculó para ejercer la profesión.

La defensa que ayer hizo Echegaray de su jefa no fue un hecho aislado. No bien asumió el cargo en el año 2009, habría mandado a un equipo de funcionarios de la AFIP a la Patagonia para reunirse con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en su estudio. Allí habrían “retocado” las declaraciones juradas de la familia presidencial, fabricando la excusa perfecta para que el inefable juez Norberto Oyarbide archivara una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito.

¿Quiénes viajaron? El subdirector de Fiscalizaciones, Horacio Curien; el entonces jefe de la Sección Investigaciones, Carlos Leturia, y el director de la Regional de Comodoro Rivadavia, Héctor Sartal. Los tres llegaron hasta Río Gallegos en una camioneta Ford Ranger. ¿Qué fue de la vida de los tres expedicionarios? Fueron ascendidos y/o premiados con más poder dentro de la AFIP.

Si bien Curien sigue desempeñándose como subdirector de Fiscalizaciones, actualmente sería uno de los funcionarios con mayor peso dentro del organigrama de la AFIP. Y ello también le permitió elevar su nivel de vida: actualmente estaría radicado en el exclusivo country Pilar del Este, sobre la Ruta Panamericana.

En tanto, Leturia fue ascendido y quedó a cargo de una de las regionales más importante que tiene el organismo recaudador en el interior del país, como es la que se encuentra en Mendoza, que también tiene jurisdicción sobre San Luis. Un dato llamativo es que Leturia, siendo director regional de la AFIP, en el organismo recaudador declara como actividad principal la de prestar “servicios inmobiliarios”.

Sartal también fue escalando posiciones en el organismo recaudador durante la era K. De hecho, durante la gestión de Claudio Moroni en la AFIP (el antecesor de Echegaray), pasó de ser titular de la División Fiscalización de la Dirección Regional de Palermo a estar a cargo de la regional de Comodoro Rivadavia. Allí reemplazó a Norman Ariel Williams, quien cayó en desgracia por haber detectado que empresas de Lázaro Báez habrían facturado $ 500 millones con facturas falsas, de sociedades anónimas fantasmas. Junto a él, cayeron otros de sabuesos que formaron parte de las pesquisas. En tanto, como el entonces subdirector de Investigaciones de la Dirección General Impositiva (DGI), Jaime Mecikovsky, resistió el desplazamiento de Williams, también terminó siendo corrido. La misma suerte tuvo su superior en el cargo, el entonces director de la DGI, Héctor Catagnola. Este último cargo es ejercido desde el año 2008 por el veterano Angel Rubén Toninelli, quien ayer acompañó a Echegaray en la conferencia de prensa. Otro dato llamativo: Toninelli tiene 76 años, es una de las máximas autoridades de la AFIP y figura como monotributista categoría C en el propio organismo recaudador. En definitiva, está claro que, desde hace tiempo, en la AFIP reina la corrupción.
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