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Ahora Kirchner va por el fin del peronismo

Ahora Kirchner va por el fin del peronismo


A Néstor Kirchner no le preocupa que la revisión de nuestro pasado trágico y de los crímenes cometidos desde la Triple A pueda llegar a salpicar la figura del general Juan Domingo Perón. Quienes conversan a diario con el jefe del Estado dan cuenta incluso de que Kirchner está íntimamente convencido de que el gran responsable de muchas cosas ha sido el propio Perón, al darle un rol lamentable a José López Rega y dejar el poder en manos de una ignorante .

Allegados al primer mandatario juran que la decisión del juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, de ordenar la detención de Isabel Perón los tomó de sorpresa, aunque suene poco creíble. Pero aclaran que, de haber estado enterados, nadie hubiera movido un dedo para impedir tal determinación judicial.

"No haremos nada para evitar que Isabel sea investigada. Si se debe investigar el terrorismo de Estado, la Triple A no puede quedar afuera. No hay un terrorismo de Estado malo y otro terrorismo de Estado bueno" , fue la bajada de línea que partió del Presidente.

Hasta el último fin de semana, durante su descanso en El Calafate, Kirchner debió seguramente someterse a una rigurosa dieta para no indigestarse de bronca por los zafarranchos del oficialismo frente al misterioso caso Gerez.

Antes de que se pasara a un papelón aún mayor desde aquel final telenovelesco del albañil secuestrado agradeciéndole la vida al Presidente, éste ordenó a sus colaboradores que dejaran de hacer pública cualquier conjetura.

No hubo autocríticas en la Casa Rosada. "Hicimos lo que correspondía: pusimos toda la presión para que apareciera Gerez. Y Gerez apareció" , señalaron altos funcionarios, no sin reconocer que sí son muy críticos del "torpe uso político que quisieron hacer del caso algunos dirigentes de Escobar" .

Lo cierto es que la orden de detención de Isabel Perón le vino como anillo al dedo a un gobierno que requería desviar la atención de la opinión pública hacia otra cuestión y, al mismo tiempo, reafirmar su política de derechos humanos.

Sería desacertado e injusto, sin embargo, ver en la revisión de nuestro pasado trágico, y específicamente de los supuestos delitos cometidos desde el Estado entre 1973 y 1976, una simple cortina de humo. Porque efectivamente, detrás de este análisis histórico, existe en el kirchnerismo la idea de fundar un movimiento político superador del peronismo. Y para eso se considera preciso diferenciarse de las barbaridades cometidas por el gobierno justicialista que precedió al golpe militar.

"Hay que conocer la verdad, sea cual sea. Y no puede haber impunidad para nadie" , afirmó el presidente Kirchner en la noche del jueves. No obstante, los ex dirigentes montoneros que forman parte de su gobierno pueden seguir durmiendo tranquilos. No hay la más mínima voluntad política en la Casa Rosada para que se ventilen en la Justicia los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros en los años 70.

En Balcarce 50 se repite el argumento que hizo suyo la Corte Suprema de Justicia al denegar la extradición del militante de la ETA Lariz Iriondo que había solicitado la justicia española: no puede hablarse de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles si no ha habido intervención del Estado en esos actos .

"¿Entonces el atentado en las Torres Gemelas o el ataque contra la AMIA -si se comprobara que no hubo participación de agentes del estado iraní- no serían considerados delitos de lesa humanidad?" , preguntó LA NACION a un alto funcionario del gobierno nacional. "Efectivamente" , respondió.

Esta particular definición de los delitos de lesa humanidad no es compartida por todos. Y no sólo por quienes desde la Comisión Permanente de Homenaje a los Muertos por la Subversión vienen pidiendo que la Justicia "deje de actuar con un solo ojo" y procese a quienes cometieron numerosos atentados contra la vida humana desde organizaciones guerrilleras.

Una resolución de la Organización de las Naciones Unidas del 16 de enero de 1996 define como crímenes de lesa humanidad a "los actos criminales con fines políticos cometidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas". Tampoco se desprende de la amplia acepción de los crímenes de lesa humanidad que figura en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, al cual adhirió la Argentina, que deba existir necesariamente participación estatal para que los delitos deban ser así considerados.

La memoria debería ser asumida en forma integral. Pero, entretanto, el debate mediático seguirá centrado en si Isabelita era una pobre mujer cuyos ataques de pánico la llevaron a delegar sus responsabilidades en un personaje diabólico como López Rega o si -como sostiene el propio presidente Kirchner- la ex presidenta tenía una responsabilidad institucional que no podía ser eludida.

Aunque el primer mandatario cree que el famoso decreto de 1975 que ordenó a las Fuerzas Armadas "aniquilar el accionar de elementos subversivos" es absolutamente repudiable políticamente, también se sostiene en la Casa Rosada que es un dato menor en este capítulo, porque no sólo no fue firmado por la ex presidenta, sino que su firma no implica un delito. En cambio, se sospecha que su relación con López Rega y la posibilidad de que su gobierno le haya facilitado armas a la Triple A dejan mal parada a Isabel.

Los muchos meses en que la sociedad podrá entretenerse hasta que sepamos si la última esposa de Perón volverá a la Argentina para declarar no eximen de otras responsabilidades inmediatas a Kirchner.

Una de las primeras es el conflicto irresuelto con Uruguay. Nadie en el Gobierno espera que la cumbre del Mercosur que se iniciará este jueves en Brasilia depare acercamientos entre Kirchner y Tabaré Vázquez, a quien en despachos oficiales se califica como "un obcecado" sin voluntad alguna por llegar a un acuerdo. Es que el tiempo corre a favor de Uruguay, la construcción de la planta de Botnia avanza irremediablemente y cunde la sensación de que en los próximos días el Tribunal de La Haya le propinará otra paliza al gobierno argentino cuando trate los bloqueos de rutas denunciados por Uruguay.

"Si nosotros mismos sostenemos que los cortes de caminos no conducen a nada, ¿qué podríamos esperar de la Corte de La Haya?" , se sinceró una alta fuente del gobierno nacional. La expectativa oficial sobre el inminente fallo es que, más allá de sus considerandos, en los cuales seguramente condenará la metodología de protesta de los asambleístas entrerrianos, el tribunal resuelva que no tiene competencia para hacer nada contra la Argentina.

Mientras tanto, el Gobierno festejó la orfandad que sufrieron los gualeguaychuenses en su movilización hacia la terminal de Buquebús en el puerto porteño. Más allá del respaldo general a un reclamo legítimo, las últimas medidas de fuerza de los ambientalistas demostraron que la metodología de los cortes de rutas cosecha una adhesión casi total en Gualeguaychú, pero bastante resistencia en el resto del país.

Por esa razón, las autoridades nacionales seguirán resignadas frente al corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos: "Si reprimimos, sólo conseguiríamos victimizarlos y generarles apoyos que hoy no tienen para su forma de protesta. Se están desgastando y lo mejor que podemos hacer es dejar que terminen de cocinarse en su propia salsa" .

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