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Amnesty Internacional Informe 2006 y Control de Armas

Hoy Amnistia Internacional presento el informe 2006. Aca van unos Paises (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y EUA). Comparen y vean.

República Argentina

Según informes, miles de presos se encontraban recluidos en pésimas condiciones. Se recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y grupos indígenas por parte de las fuerzas de seguridad. Decisiones judiciales importantes marcaron los avances en la erradicación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas.
Información general

Aunque a lo largo del año se produjo una ligera recuperación económica, los niveles de pobreza siguieron siendo altos. La tasa de desempleo ascendía a un 12,1 por ciento y se recibieron informes según los cuales unos cinco millones de personas trabajaban en la economía informal, en la mayoría de los casos sin derechos laborales ni acceso a la seguridad social. Los piqueteros (manifestantes sin empleo) continuaron reclamando trabajo, mejores salarios y mejores prestaciones de desempleo. El gobierno aprobó en septiembre un Plan Nacional contra la Discriminación.

Indígenas

Representantes indígenas pidieron en agosto y septiembre que el gobierno federal pusiese fin a los desalojos violentos y suspendiera los proyectos mineros en las regiones habitadas por comunidades indígenas.

Según los informes, en julio, José Galarza, de 73 años, cacique del pueblo indígena wichi en Pozo Nuevo, provincia de Salta, resultó gravemente herido al ser alcanzado por los perdigones de las balas de goma disparadas por la policía cuando ésta entró en tierras de los indígenas para recuperar el vehículo de un hacendado. Los wichis se habían apoderado del vehículo para protestar por el alambrado de unas tierras que, según ellos, pertenecían a su comunidad.

Manifestaciones
En abril, la policía golpeó y amenazó con armas de fuego a los docentes que participaban en una manifestación pacífica en apoyo de unas reivindicaciones salariales en Salta, provincia de Salta. Algunos manifestantes necesitaron asistencia médica, y se detuvo y acusó a varios de ellos. Todos quedaron en libertad después.

Prisiones

Durante 2005 había unos 62.500 presos en las cárceles argentinas. La mayoría de las prisiones provinciales carecían de los servicios básicos, como agua potable, iluminación e higiene adecuadas, servicios médicos y programas de rehabilitación. Muchos presos padecían un hacinamiento extremo, y se recibieron informes de malos tratos por parte de los guardias de prisiones. El 75 por ciento de los reclusos se encontraban en espera de juicio. En las cárceles de Córdoba, Coronda, Rosario, Tucumán, Mendoza y Magdalena murieron varios presos durante las protestas y los motines organizados por los reclusos.

En octubre murieron al menos 33 presos durante un incendio registrado en el pabellón 16 de la Unidad Penitenciaria 28, situada en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Según informes, los presos se habían manifestado en demanda de mejores condiciones. La mayoría de las víctimas murieron asfixiadas. Los informes indicaban que los guardias de la prisión habían cerrado las puertas al declararse el incendio; los presos de un pabellón vecino consiguieron liberar de las llamas a algunos de los atrapados. Aunque se inició una investigación judicial, ésta no había concluido todavía al finalizar el año.
En junio se encontró ahorcado a Ricardo David Videla Fernández, un adolescente condenado a cadena perpetua, en una celda del pabellón de máxima seguridad número 2 de la Penitenciaría Provincial de Mendoza, provincia de Mendoza. Según la Comisión Local de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, algunos días antes había sido recluido en la celda en unas condiciones inhumanas y degradantes.

Decisiones judiciales para acabar con la impunidad
En junio, la Corte Suprema de Justicia resolvió que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales, confirmando así la decisión de declararlas nulas y sin valor que el Congreso había adoptado en agosto de 2003. La resolución judicial despejó el camino para el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas por presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante los gobiernos militares (1976-1983).

Adolfo Scilingo

En abril se juzgó en España al ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, acusado de crímenes de lesa humanidad, como tortura y detención arbitraria, perpetrados en Argentina durante los gobiernos militares. Estaba previsto que cumpliera 30 de los 640 años de cárcel a los que fue condenado. El ex oficial admitió que había estado en aviones en los que se transportaba a detenidos, a quienes se arrojaba al mar después de drogarlos y desnudarlos.

Visita de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó en mayo Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Mendoza.

República Federativa del Brasil

La población brasileña, en especial los sectores indigentes y excluidos socialmente, continuó sufriendo altos índices de violaciones de derechos humanos. Hubo muy pocas iniciativas políticas en esta esfera, siendo muchas las propuestas del gobierno federal que todavía aguardaban su aplicación y fueron pocos, si acaso alguno, los gobiernos estatales que habían cumplido sus promesas de reformar la seguridad pública. Las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, que incluían ejecuciones extrajudiciales, tortura y uso excesivo de la fuerza, persistían en todo el país. La tortura y los malos tratos estaban generalizados en el sistema carcelario, donde las condiciones eran a menudo crueles, inhumanas o degradantes. Los pueblos indígenas sufrieron agresiones y homicidios, así como desalojos forzosos de sus tierras ancestrales, y el gobierno federal no llegó a cumplir su objetivo declarado de demarcar todas las tierras indígenas aún no demarcadas para el año 2006. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas que hacían campaña por cuestiones de tierras sufrieron amenazas, ataques y homicidios. La impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos fue la norma, surgida de la lentitud de los procesos judiciales y de la renuencia de algunos miembros de la judicatura a iniciar enjuiciamientos en estos casos.

Información general

El año estuvo marcado por una crisis política, al aparecer pruebas de la existencia de una corrupción a alto nivel en la que estaban implicados miembros del gobierno y del Congreso. Las acusaciones de que el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT) –el partido de gobierno– había estado implicado en la obtención de fondos electorales no declarados, había otorgado contratos gubernamentales en forma deshonesta y había comprado votos en el Congreso provocaron una conmoción en el gobierno y produjeron la renuncia de José Dirceu, jefe de la Casa Civil de la Presidencia (jefe del gabinete) y su posterior destitución del Congreso. Se iniciaron tres investigaciones parlamentarias, y el comité de ética del Congreso estaba investigando a varios congresistas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió disculpas públicamente y aceptó algunas de las acusaciones dirigidas contra su partido, pero negó su implicación.

Se hicieron esfuerzos importantes con respecto al desarme de la población, y una ley promulgada en 2003 para controlar el porte de armas contribuyó aparentemente a la disminución de los homicidios en todo el país. Sin embargo, los brasileños rechazaron una proscripción total de la venta de armas a civiles en un referéndum nacional llevado a cabo en octubre y que reflejó la preocupación pública por el alto índice delictivo. Las autoridades federales informaron de un descenso del 8,2 por ciento en el número de homicidios a nivel nacional (el primero desde 1992), mientras que el estado de São Paulo informó sobre una notable remisión en un periodo de cinco años. Estas reducciones se atribuyeron a una combinación de esfuerzos por controlar la tenencia de armas pequeñas, políticas públicas de seguridad e inversiones de carácter social dirigidas a sectores específicos en el ámbito local.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por una serie de cuestiones, tales como las ejecuciones extrajudiciales y la tortura a manos de la policía y las amenazas a las poblaciones indígenas.

Seguridad pública y homicidios cometidos por la policía

Continuaron recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y uso sistemático de la tortura por parte de las fuerzas de policía estatales. Muchos estados siguieron defendiendo el uso de políticas policiales de mano dura para contrarrestar los elevados niveles de delincuencia.

Siguió siendo elevado el número de personas muertas por la policía en circunstancias registradas oficialmente como «resistencia seguida de muerte» (sugiriendo que la policía había actuado en defensa propia) en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Entre 1999 y 2004 se habían registrado más de 9.000 homicidios a manos de la policía, en su mayoría casos de «resistencia seguida de muerte» en esos dos estados. La investigación de estos homicidios continuó siendo mínima.

También se recibieron informes recurrentes de violaciones de derechos humanos a manos de agentes de la policía federal y las policías estatales implicados en actividades criminales y corruptas, así como de homicidios cometidos por «escuadrones de la muerte» en los que participaban miembros de la policía, tanto en activo como retirados. Los gobiernos de los estados dejaron sistemáticamente de aplicar las reformas de la seguridad pública establecidas por el Sistema Único de Seguridad Pública propuesto, y el gobierno federal centró su atención en la formación de la policía, en vez de en reformas más amplias basadas en los derechos humanos. Como consecuencia, los residentes de comunidades desfavorecidas siguieron soportando actuaciones policiales discriminatorias, agresivas y violentas, que fracasaron a la hora de combatir la delincuencia o de proporcionar seguridad de cualquier tipo.

El 31 de marzo, 29 personas murieron en Baixada Fluminense, barrio de Río de Janeiro. Se atribuyeron los homicidios a un «escuadrón de la muerte», integrado por agentes de la policía militar, que atravesó en vehículos los pueblos de Queimados y Nova Iguaçu disparando al azar a los transeúntes. Diez agentes de la policía militar y un ex agente fueron detenidos y acusados de asesinato. La investigación conjunta de las policías civil y federal vinculó por lo menos 15 homicidios anteriores con los presuntos autores de la masacre, de quienes se creía que habían estado implicados en secuestros y extorsiones a camioneros.
Aunque las estadísticas oficiales mostraban una disminución de los homicidios cometidos por la policía en São Paulo, grupos de defensa de los derechos humanos y residentes de comunidades de escasos recursos denunciaron varios homicidios múltiples, cometidos, según se afirmó, por agentes de policía.

El 22 de junio, cinco jóvenes de entre 14 y 22 años de edad fueron, según informes, ejecutados por miembros de la policía civil en la comunidad de Morro do Samba, en Diadema. Según informes, durante una redada en la zona, 35 agentes de policía acorralaron a los cinco en una casa y dispararon contra ellos con ametralladoras desde la puerta y a través del tejado. Según informes, la investigación del caso se cerró cuando la Corregedoría (unidad de investigación interna) declaró que las víctimas eran traficantes de drogas. Algunos familiares de los jóvenes muertos se vieron obligados a abandonar la comunidad por temor a represalias.
En noviembre la comisión parlamentaria de investigación de la cámara baja del Congreso publicó su informe final sobre las actividades de los «escuadrones de la muerte» en el nordeste, dando detalles de casos ocurridos en nueve estados. Según uno de los parlamentarios responsables del proyecto, en todas las actividades estaban implicados agentes de policía en activo o retirados. El informe descubrió vínculos entre funcionarios del Estado, intereses empresariales y la delincuencia organizada en todo el nordeste.

Tortura y malos tratos

Seguían usándose la tortura y los malos tratos en el momento de la detención, durante los interrogatorios y como forma de control en el marco del sistema de reclusión. Se recibieron muchos informes sobre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que empleaban la tortura con fines delictivos.

Persistía la impunidad, y el hecho de que no se publicara información sobre los procesamientos realizados en aplicación de la Ley sobre la Tortura de 1997 impedía conocer con certeza el alcance del problema. La campaña contra la tortura prometida por el gobierno federal se lanzó finalmente en diciembre. En el Congreso se encontraba pendiente una propuesta presentada para que Brasil ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Durante todo 2005 se recibieron informes de tortura en los centros de detención juvenil de la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (Fundaçao Estadual do Bem-Estar do Menor, FEBEM) de São Paulo. Según informes, el personal de las unidades de castigo procedía del sistema carcelario para adultos, lo cual contravenía la ley. En la unidad de Vila Maria, utilizada, según informes, como centro de castigo, se torturaba a los detenidos y se los mantenía encerrados todo el día, según se afirmó. Los intentos de las autoridades de impedir el acceso a los detenidos acrecentaban la preocupación.

En el sistema de detención de menores se produjeron motines que causaron la muerte de al menos cinco detenidos. El gobernador Geraldo Alckmin, en un aparente intento de desprestigiar el trabajo de los grupos de defensa de los derechos humanos, acusó a dos prominentes activistas en la defensa de los derechos humanos –Conceição Paganele y Ariel de Castro Alvez– de incitar a los jóvenes a amotinarse. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno del Brasil que tomara medidas para mejorar el sistema de la FEBEM.

En septiembre, la madre de un menor recluido en la unidad de Vila Maria informó de que a su hijo los guardias lo habían golpeado tan brutalmente que orinaba sangre. Otro menor detenido mostró a su madre contusiones y marcas de tortura. Le dijo que el director de la unidad había ordenado personalmente que no lo alimentaran. Lo habían mantenido recluido durante cuatro días en régimen de aislamiento, después de que un guardia, que hizo cinco disparos al techo para intimidarlo, lo sacara a rastras de la clase.
En abril, dos agentes de la policía civil de Xinguara, estado de Pará, fueron condenados por torturar a un menor de 15 años en 1999. La víctima, a la que habían golpeado brutalmente, sufría problemas psicológicos crónicos. Esta fue la primera condena por torturas de la región.

En noviembre se transmitió por televisión un vídeo que mostraba a soldados veteranos de una unidad de infantería blindada del estado de Paraná aplicando descargas eléctricas, sumergiendo en agua hasta casi ahogarlos y marcando con hierros al rojo a reclutas recién ingresados durante una ceremonia de iniciación. El ejército anunció de inmediato el relevo del jefe de la unidad y una investigación interna.

Condiciones de reclusión

Las condiciones en las cárceles constituyeron trato cruel, inhumano o degradante, y la población carcelaria continuó aumentando. El hacinamiento, las instalaciones sanitarias deficientes y la falta de servicios médicos contribuyeron a que se produjeran motines frecuentes y altos índices de violencia entre presos. Hubo también constantes denuncias de comportamiento violento y abusivo de los guardias, incluido el empleo de la tortura y los malos tratos. Continuaron usándose regímenes especiales de castigo para los presos culpables de delitos cometidos dentro del sistema carcelario, aunque en julio el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia los consideró inconstitucionales y contrarios a las normas internacionales para la protección de personas privadas de libertad.

En Río de Janeiro, grupos de defensa de los derechos humanos denunciaron la situación imperante en el centro de detención preventiva Polinter. En agosto había allí 1.500 detenidos en un espacio con capacidad para 250, con un promedio de 90 personas en cada celda de 3 por 4 metros. Entre enero y junio, tres hombres resultaron muertos en incidentes entre presos. Los funcionarios de Polinter también obligaban a los detenidos a elegir la facción delictiva con la que preferían que se los segregase dentro del centro. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno del Brasil que tomara medidas para mejorar la situación.

En junio, durante un motín ocurrido en el centro de detención Zwinglio Ferreira, en la localidad de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, cinco detenidos fueron decapitados por otros presos de pandillas rivales.

En noviembre, la Comisión Federal de Derechos Humanos, perteneciente al Congreso, llevó a cabo una audiencia pública sobre las mujeres detenidas. La Comisión recibió informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres detenidas en São Paulo, quienes sufrían hacinamiento, en especial en los calabozos policiales, donde se hallaban recluidas el 52 por ciento de ellas, en muchos casos irregularmente.

Abusos vinculados con conflictos sobre tierras

Treinta y siete trabajadores rurales resultaron muertos entre enero y noviembre, según la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra, CPT). Sin embargo, de acuerdo también con esta organización, muchos más murieron como consecuencia de la falta de asistencia médica o social luego de ser desalojados de la tierra en la que se habían establecido. Muchos trabajadores rurales sufrieron amenazas de muerte y hostigamiento, al igual que los activistas que hacían campaña en favor de los sin techo de las ciudades y los activistas que luchaban contra la construcción de represas.

En noviembre, los miembros de una comisión investigadora del Congreso sobre la violencia rural aprobaron un informe final que pedía que las ocupaciones de haciendas por integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) fuesen calificadas como «actos terroristas». Los miembros de la comisión rechazaron una versión del informe que citaba la ausencia de una reforma agraria como el factor fundamental en los conflictos sobre la tierra.

Persistieron las denuncias sobre el empleo de trabajadores en condiciones de esclavitud o de trabajo forzado. En diciembre, miembros del consejo municipal de Araquara informaron a una delegación de Amnistía Internacional de que muchos trabajadores de la caña de azúcar del interior del estado de São Paulo habían muerto, al parecer de agotamiento. Según esta información, los trabajadores eran obligados a cortar varias toneladas de caña de azúcar al día.

Seguía en trámites en el Congreso un proyecto de ley que permitiría la confiscación de tierras en las que se empleara a trabajadores en condiciones de esclavitud. Según las cifras de la Comisión Pastoral de la Tierra, hasta agosto la campaña del gobierno para combatir el trabajo en condiciones de esclavitud había recibido informes de 173 casos, que comprendían a 5.407 personas.

Los pueblos indígenas que luchaban por la tierra y por los derechos humanos soportaron ataques y desalojos forzosos. Como consecuencia, muchos sufrieron privaciones extremas. En Mato Grosso do Sul, el prolongado proceso de demarcación de tierras de los guaraní-kaiowa se fue demorando mediante actuaciones judiciales, que culminaron con el desalojo forzoso de esta comunidad. Aunque el gobierno federal llegó a ratificar algunos territorios importantes, quedó muy lejos de cumplir el objetivo prometido de demarcar para 2006 todas las tierras indígenas pendientes.

El 12 de febrero, unos pistoleros a sueldo mataron a la hermana Dorothy Stang, monja que durante años había hecho campaña sobre cuestiones de medio ambiente y de tierras en el estado de Pará. Dos días antes se había entrevistado con el secretario especial para Derechos Humanos del gobierno federal y le había informado de que la habían amenazado de muerte. En diciembre, dos pistoleros fueron condenados por el homicidio, pero los que presuntamente lo habían ordenado todavía estaban en espera de juicio. Después de este homicidio, el gobierno federal envió a la policía federal y a fuerzas del ejército para cooperar en las investigaciones y para apoyar la formación de una zona ecológica protegida. Sin embargo, según grupos de defensa de los derechos humanos, numerosos activistas que trabajaban sobre cuestiones de tierras en la región seguían estando amenazados. A otros 15 de estos activistas los habían matado en los primeros seis meses de 2005 en Pará. El Tribunal Federal de Apelaciones rechazó un recurso presentado para transferir la causa de la hermana Dorothy a la jurisdicción federal. Este fue el primer caso en que se trató de hacer uso de la nueva legislación que permitía que los delitos contra los derechos humanos fueran vistos en la jurisdicción federal.
En febrero, la policía militar disparó y mató a dos activistas en favor de los sin techo durante el desalojo forzoso de un edificio en Goiania, estado de Goiás.
En junio, cuatro hombres armados que, según se afirmó, eran agentes de policía de incógnito que pertenecían a un «escuadrón de la muerte», mataron a Adenilson dos Santos y a su hijo Jorge al abrir fuego durante una fiesta de la comunidad truká en Cabrobó, estado de Pernambuco. La policía declaró que se había producido un tiroteo, pero representantes truká declararon que nadie estaba armado en la fiesta. Los truká afirmaron que el ataque había sido consecuencia de su lucha por la tierra y su oposición al crimen organizado y a las organizaciones que traficaban con drogas en su territorio.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los que defendían a los grupos marginados, se oponían al crimen organizado y la corrupción y desafiaban los intereses creados políticos y económicos, sufrieron difamación, amenazas, agresiones y homicidios. El programa prometido por el gobierno federal para proteger a este colectivo no pareció aplicarse. En diciembre visitó Brasil la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

En septiembre la policía militar asaltó las oficinas de Antonio Fernández Sáenz, abogado que trabajaba con los habitantes socialmente marginados de São Bernardo do Campo, al sur de São Paulo. Los agentes, según se afirmó, no exhibieron orden de registro y se llevaron diversos documentos que contenían declaraciones de residentes del lugar en las que se acusaba a la policía civil y militar de tortura, extorsión y agresión sexual a menores. Cuando Antonio Fernández Sáenz trató de denunciar el incidente a la policía civil, fue amenazado e intimidado. Según informes, siguió recibiendo amenazas de muerte anónimas.

Impunidad

La justicia penal continuó defraudando a quienes habían sufrido violaciones de derechos humanos, ya que en pocas ocasiones se llevó a los autores ante la justicia. Hubo pocos progresos en varios casos pendientes desde hacía tiempo. Los oficiales al mando condenados por la masacre de presos de 1992 en Carandiru a manos de la policía militar y por la de activistas agrarios de 1997 en Eldorado dos Carajás permanecieron en libertad mientras estaban pendientes las apelaciones. Los agentes de policía acusados en ambos casos todavía estaban en espera de juicio.

Los grupos de defensa de los derechos humanos expresaron su consternación tras el anuncio del gobierno de que sólo se abrirían algunos archivos seleccionados sobre «desapariciones» y homicidios de presos políticos durante el gobierno militar.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Brasil en enero, abril y noviembre/diciembre.

República de Chile

Se registró un importante avance en el procesamiento de Augusto Pinochet por violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno militar. Sin embargo, se utilizó la Ley de Amnistía de 1978 para absolver a cinco ex agentes de los servicios secretos que habían sido acusados de participar en una «desaparición» en 1974. Algunas personas resultaron heridas entre la población reclusa a consecuencia de una pelea originada por el exiguo espacio de las cárceles.

Información general

En diciembre, Michelle Bachelet ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda vuelta debía celebrarse al principio de 2006.
En agosto, el Congreso Nacional reformó la Constitución de 1980 promulgada durante el gobierno militar (1973-1990), quedando eliminadas las disposiciones relativas al nombramiento de senadores «designados» y la concesión de puestos vitalicios en la cámara alta. Aunque la reforma de la Constitución permitía también que Chile ratificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la ratificación no se había producido al finalizar el año. Chile firmó en junio el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En noviembre se detuvo al ex presidente peruano Alberto Fujimori en Santiago de Chile y se lo mantuvo recluido en detención preventiva en espera de que Perú solicitara su extradición, acusado de haber cometido actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Malos tratos en las prisiones

Los presos siguieron padeciendo el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas de las cárceles. En marzo, 30 reclusos resultaron heridos en una pelea originada por la falta de espacio para dormir en el Centro de Detención Penitenciaria (ex Penitenciaría) de Santiago Sur. El hacinamiento extremo –400 reclusos en un espacio previsto para 76– obligaba a 120 presos a dormir a la intemperie.

Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

La Corte Suprema confirmó en enero el auto de procesamiento y la orden de arresto domiciliario de Augusto Pinochet –dictados en diciembre de 2004– por nueve cargos de secuestro y uno de asesinato durante la «Operación Cóndor», plan conjunto aplicado por los gobiernos militares del Cono Sur para eliminar a sus oponentes durante las décadas de los setenta y los ochenta. Sin embargo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en junio que el ex general se encontraba demasiado enfermo para ser juzgado por los cargos de secuestro y asesinato. En otra resolución, esa misma Corte permitió que continuara su procesamiento por evasión de impuestos y otros delitos económicos. En noviembre, Augusto Pinochet fue acusado formalmente y sometido a arresto domiciliario. Entre los cargos presentados contra él figuraban el asesinato de 119 personas y la «desaparición» de otras 15 en 1975, durante la «Operación Colombo». Fue acusado también de homicidio, tortura, secuestro, blanqueo de dinero, evasión de impuestos y falsificación de documentos. Era la primera vez que en Chile unos fiscales conseguían superar con éxito todos los obstáculos legales y procesar a Augusto Pinochet.

La Corte Suprema estableció en enero un plazo de seis meses para concluir las investigaciones judiciales sobre «desapariciones» y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno militar, pero suspendió el fallo en mayo. Esta suspensión permitió que continuara la investigación de más de 150 casos de violaciones de derechos humanos.

En junio, cinco ex agentes de los servicios secretos, acusados de participar en la «desaparición» de Diana Arón Svigilsky en 1974, quedaron absueltos en virtud de la Ley de Amnistía de 1978. Aunque esta ley –que seguía en vigor a pesar de haber sido promulgada mediante un decreto militar– contravenía las obligaciones contraídas por Chile en virtud del derecho internacional, se invocó para absolver a los acusados.

República Bolivariana de Venezuela

Se recibieron informes de homicidios ilegítimos de presuntos delincuentes a manos de la policía. La mayor parte de los casos no se investigaron, y los autores quedaron impunes. La falta de independencia de la judicatura siguió siendo motivo de preocupación. Las persistentes desigualdades sociales y económicas siguieron limitando el acceso de la población indígena y afrodescendiente a los derechos económicos y sociales.

Información general

La polarización política continuó siendo un factor de desestabilización. Hubo una preocupación constante por el hecho de que los detractores del gobierno estaban siendo sometidos a acoso, incluso por la vía de la justicia penal. Antes de las elecciones municipales de agosto se produjeron algunos enfrentamientos entre partidarios del presidente Chávez y la oposición. Las elecciones las ganó el partido del presidente Chávez, el Movimiento V República.

En las elecciones parlamentarias de diciembre se produjo una victoria arrolladora del partido del presidente Chávez, después de que los partidos de la oposición se negaron a tomar parte en ellas, acusando al órgano electoral de parcialidad. Los observadores internacionales consideraron mayoritariamente que las elecciones habían sido limpias.

Las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo tensas y las autoridades estadounidenses continuaron acusando al gobierno del presidente Chávez de amenazar la estabilidad de la región. El presidente Chávez siguió intensificando la cooperación con naciones latinoamericanas, en la esfera, entre otras, del comercio y de la energía.

Brutalidad policial

Continuaron recibiéndose informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, como homicidios ilegítimos de presuntos delincuentes. En la mayor parte de los casos no se abrieron investigaciones y los presuntos autores no fueron llevados ante la justicia. Según las estadísticas publicadas por la Fiscalía General de la República en julio, entre el año 2000 y mediados de 2005 más de 6.100 personas murieron a manos de la policía en 5.500 incidentes. De los casi 6.000 policías implicados, sólo 517 fueron acusados, y menos de 250 estaban detenidos.

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público recibieron informes de homicidios cometidos por la policía en los estados de Guárico, Aragua, Falcón y Carabobo. La Asamblea Nacional expresó su compromiso de investigar estas denuncias. En un informe publicado en julio, las organizaciones locales de derechos humanos advirtieron sobre una práctica constante de homicidios, posibles «desapariciones» y secuestros en seis estados (Anzoátegui, Distrito Federal, Falcón, Miranda, Portuguesa y Yaracay).

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares sufrieron, según informes, amenazas e intimidaciones de la policía.

En enero, Rigoberto Barrios, de 16 años, murió en un hospital luego de recibir ocho disparos realizados por la policía en la ciudad de Guanayen, estado de Aragua. Era el tercer miembro de su familia presuntamente muerto a manos de la policía desde que denunciaron el homicidio de Narciso Barrios, fallecido en diciembre de 2003 tras una discusión con agentes de policía del estado de Aragua. En junio se atentó contra la vida de Óscar Barrios, que escapó ileso. En agosto, a Juan Barrios lo amenazaron dos agentes de policía uniformados. En mayo se prestó protección policial a la familia, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, al concluir 2005 no se había procesado a ninguno de los policías implicados en los homicidios y las amenazas.
Carmen Alicia Mota de Hernández y su familia, de la ciudad de Valle de la Pascua, estado de Guárico, fueron sometidos, según los informes, por unos agentes de policía a una campaña de intimidación, tras denunciar el homicidio del esposo de Alicia, Arturo Hernández, en abril de 2004.

Falta de independencia de la judicatura

El fracaso de la judicatura y del Ministerio Público a la hora de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos mecanismos de reparación imparciales y efectivos socavó su credibilidad. Según informes, el 98 por ciento de las violaciones de derechos humanos permanecieron impunes. Sólo una pequeña proporción de los jueces y fiscales, según informes, tenía empleo permanente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron enfrentándose a hostigamiento e intimidación.

Preocupaba la seguridad de los miembros de la organización de defensa de los derechos humanos COFAVIC (Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989), después de que en marzo se les retiró la protección policial. La organización había hecho una declaración pública en la que criticaba a las autoridades por no llevar ante la justicia a los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas en 1989, durante los enfrentamientos entre la oposición, la policía y las fuerzas armadas. En noviembre de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Venezuela que protegiera a los miembros del COFAVIC, que habían recibido amenazas y sufrido actos de intimidación.

Libertad de expresión

Al parecer, se utilizaban procedimientos administrativos y de recaudación de impuestos para restringir la libertad de expresión. La Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la decisión del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera de imponer una multa y ordenar el cierre por 24 horas del periódico regional El Impulso, porque, según informes, había criticado las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Derechos económicos, sociales y culturales

En agosto el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el hecho de que las persistentes desigualdades sociales y económicas continuaban restringiendo el disfrute de los derechos económicos y sociales a los afrodescendientes y a los indígenas. El Comité señaló que las tierras y los recursos de los indígenas seguían estando amenazados por personas ajenas a las comunidades. También expresó su preocupación por el trabajo y la prostitución infantiles y por la esclavitud en las prospecciones ilegales de oro de las cuencas del alto Orinoco, el Casiquiare y el Guainía-Río Negro.


República de Cuba

Continuaron causando seria preocupación las restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación. Casi 70 presos de conciencia permanecieron encarcelados. El embargo estadounidense siguió teniendo un efecto negativo en el disfrute de toda la gama de derechos humanos en Cuba. La situación económica se deterioró y el gobierno trató de suprimir la iniciativa empresarial privada. Había más de 30 personas condenadas
a muerte; ninguna fue ejecutada.

Información general

Cuba no mejoró la situación de los derechos civiles y políticos, lo cual causó una preocupación internacional creciente. En abril, tras un proceso muy politizado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó nuevamente la trayectoria de Cuba en materia de derechos humanos.

El gobierno mantuvo un control estricto sobre sus críticos y detuvo a varios defensores de los derechos humanos y disidentes políticos. Sin embargo, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil –coalición de más de 350 organizaciones no gubernamentales independientes– llevó a cabo en mayo una reunión de disidentes sin precedentes en Cuba.

Las autoridades lanzaron una enérgica campaña para abordar el problema de la actividad económica informal y de la corrupción generalizada en el sector estatal.

Presos de conciencia

Continuaron las detenciones y condenas de personas por la expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que se las consideró presos de conciencia. Algunas fueron excarceladas por razones de salud.

René Gómez Manzano y Julio César López Rodríguez fueron detenidos junto con varias personas más en la capital, La Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra el gobierno el 22 de julio. René Gómez Manzano, miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y otras ocho personas permanecieron detenidos en espera de juicio.
El 13 de julio detuvieron a unas 20 personas cuando participaban en un acto pacífico en La Habana. Conmemoraban el desastre del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 35 personas que trataban de huir de Cuba en dicha embarcación cuando, según informes, fue embestida por naves de las autoridades cubanas. Seis de las 20 personas detenidas permanecieron recluidas sin cargos, y una fue condenada a un año de prisión por «peligrosidad predelictiva», delito que se definía así: «Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».
El preso de conciencia Mario Enrique Mayo Hernández, condenado a 20 años de prisión en 2003, quedó en libertad condicional por razones de salud el 1 de diciembre.

Restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación

Se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos, disidentes políticos y sindicalistas. Frecuentemente estas agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad.
Siguieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación. Todos los medios legales de comunicación estaban bajo el control del gobierno, y continuaron proscritos los medios de comunicación independientes. Los periodistas independientes estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención por publicar artículos en el extranjero. También los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a intimidaciones y detención arbitraria por motivos políticos.

Las leyes empleadas para detener a periodistas, relacionadas con la difamación, la seguridad nacional y la alteración del orden público, no cumplían con las normas internacionales. Según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, 24 periodistas estaban presos al concluir 2005.

Óscar Mario González Pérez, periodista independiente, fue detenido el 22 de julio tras cubrir una manifestación. Al concluir el año continuaba recluido sin cargos.
Los disidentes continuaron sufriendo restricciones para viajar al extranjero.

A Miguel Sigler Amaya, miembro del Movimiento Opción Alternativa, lo detuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana cuando él y su familia estaban a punto de embarcarse en un avión con destino a Estados Unidos, aunque po­seían visados de salida como refugiados políticos. Quedaron en libertad varios días después, y al final, el 5 de octubre, salieron de Cuba. Los hermanos de Miguel Sigler Amaya, Guido y Ariel, ambos presos de conciencia, continuaban cumpliendo sus condenas de 20 y 25 años respectivamente.
En diciembre, a representantes de Las Damas de Blanco, grupo de mujeres familiares de presos que organizaban marchas todos los domingos desde marzo de 2003 exigiendo la excarcelación de sus esposos, hermanos e hijos, se les negó el permiso oficial para viajar a Estrasburgo, Francia, donde debían asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sajarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Pensamiento.


Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

Miles de personas siguieron bajo custodia estadounidense sin cargos ni juicio en Irak, Afganistán y en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Se recibieron informes de la existencia de centros de detención secretos gestionados por Estados Unidos en lugares no revelados, donde los detenidos permanecían recluidos en condiciones que prácticamente constituían «desaparición». Decenas de detenidos en Guantánamo comenzaron una huelga de hambre como protesta contra el penoso trato a que eran sometidos y por no poder acceder a los tribunales; según informes, algunos estaban gravemente enfermos. Siguieron saliendo a la luz informes sobre muertes bajo custodia, tortura y malos tratos a manos de fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán y Guantánamo. Pese a la existencia de pruebas de que el gobierno estadounidense había aprobado técnicas de interrogatorio que consti­tuían tortura o malos tratos y «desapariciones», ningún alto cargo rindió cuentas al respecto, ni siquiera los que podían haber sido culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Se celebraron varios juicios de soldados de baja graduación acusados de cometer abusos contra detenidos; en la mayoría de los casos, las penas fueron leves. Se recibieron informes de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva en territorio estadounidense. 61 personas murieron tras recibir descargas de armas Taser de la policía, cifra que suponía un enorme aumento respecto a años anteriores. Fueron ejecutadas 60 personas, con lo que el total se elevó a más de 1.000 desde que se reanudaron las ejecuciones en 1977.

Guantánamo

Al concluir 2005, cerca de 500 detenidos de unas 35 nacionalidades seguían recluidos sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo; a la mayoría los habían capturado durante el conflicto armado internacional de Afganistán en 2001, y permanecían detenidos por sus presuntos vínculos con Al Qaeda o con el antiguo gobierno talibán. Entre ellos se encontraban al menos dos menores que tenían menos de 16 años cuando fueron puestos bajo custodia.

Una ley aprobada en diciembre (Ley sobre el Trato a los Detenidos, de 2005) suprimió el derecho de los detenidos en Guantánamo a presentar ante los tribunales federales estadounidenses recursos de hábeas corpus contra su detención o el trato recibido, permitiéndoles únicamente interponer determinados recursos contra las resoluciones de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (véase infra) y las comisiones militares. La ley hacía peligrar la evolución de aproximadamente 200 causas pendientes de de­tenidos que habían cuestionado la legalidad de su detención a raíz del fallo emitido en 2004 por la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se les reconocía el derecho a interponer dichos recursos.

Ya en marzo, los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, órganos administrativos creados en 2004, determinaron que el 93 por ciento de las 554 personas detenidas en ese momento eran «combatientes enemigos». Los detenidos carecían de abogado que los representara, y muchos de ellos rechazaron concurrir a las vistas de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, en las que se podían utilizar pruebas secretas u obtenidas mediante tortura.

En agosto, un número desconocido de detenidos reanudaron la huelga de hambre que habían comenzado en junio en protesta contra la imposibilidad de acceder a los tribunales y contra el penoso trato, incluidas palizas, que recibían a manos de los guardias. Se dijo que habían llegado a declararse en huelga más de 200 detenidos, aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmaba que el número era mucho menor. Varios detenidos denunciaron haber sido agredidos verbal y físicamente mientras los alimentaban por la fuerza, y haber sufrido lesiones cuando los guardias les insertaron con brusquedad las sondas de alimentación por la nariz. El gobierno negó maltrato alguno. La huelga de hambre continuaba al terminar el año.

En noviembre, tres especialistas en derechos humanos de la ONU rechazaron un ofrecimiento del gobierno estadounidense de visitar Guantánamo, porque venía acompañado de restricciones incompatibles con el mandato habitual establecido para ese tipo de visitas.

Comisiones militares

En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos, en su fallo sobre el caso de Salim Ahmed Hamdan, acordó revisar la legalidad de las comisiones militares creadas, en virtud de una orden presidencial, para juzgar a presuntos terroristas extranjeros. Sin embargo, se escogió a otros cinco detenidos de Guantánamo para ser juzgados por esas comisiones, que no eran tribunales independientes ni imparciales, sino órganos ejecutivos. Con estos cinco nuevos nombres, el número de personas designadas para comparecer ante las comisiones ascendía ya a nueve. El gobierno programó para enero las vistas incoatorias ante las comisiones de dos de los acusados. Uno de ellos era Omar Khadr, que tenía 15 años de edad cuando fue puesto bajo custodia y cuya salud mental, así como los presuntos malos tratos que había sufrido, seguía suscitando especial preocupación.

Detenciones en Irak y Afganistán

Durante el año, miles de «internos detenidos por motivos de seguridad» estuvieron recluidos sin cargos ni juicio en manos de fuerzas estadounidenses en Irak. El reglamento que regía las detenciones establecía que los reclusos debían ser puestos en libertad o transferidos a la jurisdicción penal iraquí en un plazo de 18 meses. También estipulaba que los detenidos podían continuar recluidos indefinidamente en manos de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos si mediaban «razones de seguridad imperativas y continuas». El Comité Internacional de la Cruz Roja visitó a algunos detenidos que estaban en centros de internamiento, pero no a los recluidos, inmediatamente después de su detención, en centros de privación de libertad de divisiones o brigadas estadounidenses.

En Afganistán, Estados Unidos seguía manteniendo en la base aérea de Bagram a cientos de detenidos bajo custodia militar, sin cargos ni juicio y sin acceso a familiares ni a abogados. Algunos llevaban así recluidos más de un año. Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo acceso a detenidos en Bagram, no lo tuvo a los detenidos recluidos en un número desconocido de bases de operaciones avanzadas estadounidenses. Se recibieron informes sobre malos tratos en esos centros, con prácticas como desnudar a los detenidos durante el interrogatorio y privarlos de la comida y el sueño.

Lugares de reclusión no revelados

Siguieron recibiéndose informes de que la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense mantenía una red de centros de detención secretos en diversos países. Según se afirmó, en esos centros se recluía a personas en régimen de incomunicación, fuera de la protección de la ley y en circunstancias que prácticamente constituían «desaparición». Tres detenidos yemeníes dijeron a Amnistía Internacional que los habían mantenido recluidos en régimen de aislamiento durante un periodo de entre 16 y 18 meses en tres centros aparentemente gestionados por Estados Unidos en lugares desconocidos; sus casos sugerían que este tipo de detenciones no se limitaba a un número reducido de detenidos de «alto valor», como se sospechaba anteriormente. En noviembre, el Consejo de Europa inició una investigación sobre ciertos informes que mencionaban que la red de cárceles secretas de Estados Unidos incluía centros situados en la Europa del Este. Las autoridades estadounidenses rehusaron confirmar o negar estas afirmaciones.

Siguieron recibiéndose denuncias según las cuales Estados Unidos había intervenido en el traslado secreto e ilícito de detenidos de unos países a otros donde estaban expuestos a sufrir torturas y malos tratos.

Tortura y malos tratos fuera de Estados Unidos

Continuaron apareciendo pruebas de las torturas y malos tratos infligidos a detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak antes y después de los abusos de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, que habían salido a la luz en abril de 2004. Se publicó más información que describía las técnicas de interrogatorio aprobadas oficialmente en diversos momentos para su aplicación a detenidos en el contexto de la «guerra contra el terror». Entre ellas se encontraban el uso de perros para infundir miedo, el mantener a los detenidos en posturas en tensión, la exposición a temperaturas extremas, la privación del sueño y el aislamiento.

Fracasaron todos los intentos de lograr que algún alto cargo rindiera cuentas por los abusos cometidos. El informe final elaborado por el vicealmirante Church, inspector general de la Armada, sobre las técnicas de interrogatorio utilizadas en todo el mundo por el Departamento de Defensa, del que en marzo se publicó un resumen, concluyó que no se había encontrado «vínculo alguno entre las técnicas de interrogatorio aprobadas y los abusos contra los detenidos». El informe llegaba a esta conclusión pese a que muchas de las técnicas en cuestión violaban las normas internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. En la investigación Church no se entrevistó a un solo detenido o ex detenido, ni tampoco al secretario de Defensa Donald Rumsfeld. No se hizo ninguna investigación a la CIA, cuyas actividades continuaron envueltas en el secreto.

El ejército de Estados Unidos informó en marzo de que 27 muertes de detenidos bajo custodia estadounidense ocurridas en Irak y Afganistán durante incursiones, capturas o en centros de detención figuraban en las listas como homicidios confirmados o presuntos homicidios. Algunos casos se estaban investigando, mientras que otros habían sido remitidos a otros organismos o habían animado a recomendar el inicio de enjuiciamientos.
Otras fuentes, que incluían actas de tribunales e informes de autopsias, indicaban claramente que algunos detenidos habían muerto tras haber sido torturados durante los interrogatorios o después de ellos. También existían indicios de que los enjuiciamientos se habían visto obstaculizados por demoras y deficiencias en las investigaciones.

En marzo, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights First presentaron una demanda federal en favor de ocho hombres que habían sido torturados y maltratados en centros de detención del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Con ella intentaban conseguir una declaración que estableciera que el secretario Rumsfeld había sido responsable de violar las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. La demanda, que aún estaba pendiente al terminar el año, también pedía una indemnización para las víctimas.

Durante el año se celebraron varios juicios contra personal militar estadounidense –en su mayoría, soldados de baja graduación– acusado de abusos contra detenidos. A muchos de los procesados se les impusieron condenas que no reflejaban la gravedad de los delitos.

En marzo, el gobierno declaró nulo un informe de abril de 2003 del Grupo de Trabajo del Pentágono sobre Interrogatorios a Detenidos que establecía, entre otras cosas, que el presidente, durante operaciones militares, tenía la facultad de invalidar la prohibición internacional de la tortura en lo relativo a los interrogatorios. En noviembre, el Pentágono aprobó una nueva directiva que regulaba los interrogatorios y permitiría al ejército publicar un manual de campo revisado, largamente demorado. La directiva establecía que quedaban «prohibidos los actos de tortura física o mental». Sin embargo, no iba más allá de ordenar que los detenidos fueran tratados con humanidad, «según el derecho y la política aplicables». En diciembre, el ejército anunció que había aprobado un nuevo conjunto de métodos de interrogatorio secretos que se agregarían al manual de campo revisado. Aunque el manual prohibiría específicamente métodos como desnudar a los detenidos, mantenerlos en posturas en tensión durante periodos prolongados, privarlos del sueño y usar perros en los interrogatorios, existía preocupación por la posibilidad de que el anexo secreto pudiese incluir aún técnicas abusivas.

En diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibía el trato cruel, inhumano o degradante contra las personas que estuviesen bajo la custodia o el control del gobierno de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, continuó la preocupación por el hecho de que, en el momento de promulgarse la ley, una declaración adjunta del presidente Bush reservó en la práctica el derecho del ejecutivo a hacer caso omiso de esta disposición por razones de seguridad nacional.

En agosto y septiembre se celebraron en un tribunal militar los juicios de unos soldados estadounidenses acusados de someter a abusos a dos detenidos afganos, Dilawar y Habibullah, que habían muerto por múltiples lesiones causadas por un objeto contundente mientras los interrogaban en un sector de aislamiento de la base aérea de Bagram en diciembre de 2002. En diciembre de 2005 se había condenado a siete soldados de baja graduación a penas que oscilaban entre cinco meses de prisión y reprensión, pérdida de la paga y degradación. No se le imputó a nadie la responsabilidad por la comisión de delitos graves como tortura u otros crímenes de guerra.

Detención de «combatientes enemigos»en Estados Unidos

ose Padilla –ciudadano estadounidense recluido sin cargos bajo custodia del ejército de Estados Unidos durante más de tres años– formaba parte de un total de cinco personas que fueron acusadas formalmente en un tribunal federal estadounidense en noviembre por cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero y apoyo a terroristas. Los cargos no mencionaban la presunta conspiración para detonar una «bomba sucia» en una ciudad de Estados Unidos, acusación por la que se le había detenido originalmente. El Departamento de Justicia solicitó permiso a la Corte de Apelación para trasladar a Padilla al sistema penitenciario federal. Sin embargo, la Corte no estuvo de acuerdo y, en su lugar, ordenó tanto al gobierno como a los abogados de Padilla que presentaran sendos escritos sobre si debía retirar su fallo anterior, en el que había apoyado la facultad del presidente de mantener a Jose Padilla detenido indefinidamente como «combatiente enemigo». La cuestión aún no se había decidido al terminar el año.
Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano qatarí, permaneció detenido sin cargos ni juicio como «combatiente enemigo» bajo custodia militar. En agosto se presentó una demanda en la que se alegaba que Ali sufría graves problemas de salud física y mental como resultado del trato recibido, que incluía privación del sueño, privación sensorial, encadenamiento punitivo, exposición al frío y trato irrespetuoso del Corán.

Presos de conciencia

Kevin Benderman, sargento del ejército estadounidense, fue condenado a 15 meses de prisión en julio por negarse a volver a Irak. Su negativa se debía a su objeción de conciencia a la guerra, objeción adquirida durante su primer periodo de servicio en Irak. Su petición de que se le reconociese la condición de objetor de conciencia fue denegada, alegando que no se trataba de una objeción a la guerra en general sino a una guerra concreta.
Camilo Mejía Castillo, Abdullah Webster y Pablo Paredes, ex soldados encarcelados por su objeción de conciencia a la guerra de Irak, fueron puestos en libertad durante el año.

El juicio de Ahmed Omar Abu Ali

Ahmed Omar Abu Ali, ciudadano estadounidense, fue condenado en noviembre por un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo. El juicio fue defectuoso, ya que al jurado no se le permitió considerar las pruebas que respaldaban las afirmaciones de Ahmed Abu Ali de que su confesión en vídeo, sobre la cual el fiscal había basado casi exclusivamente sus argumentos, había sido obtenida mediante tortura en Arabia Saudí. Ahmed Abu Ali alegó que agentes del servicio de Investigaciones Generales del Ministerio del Interior de Arabia Saudí lo habían azotado y amenazado de muerte mientras permanecía recluido en régimen de incomunicación en ese país en 2003. Durante el juicio se presentaron declaraciones generales de funcionarios saudíes sobre el trato dispensado a los detenidos para socavar las afirmaciones de Ahmed Abu Ali, mientras que a los abogados de la defensa no se les permitió presentar ninguna prueba relativa al historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos y de tortura.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Siguieron recibiéndose informes de malos tratos y muertes bajo custodia como consecuencia del uso de pistolas Taser, armas que producen una descarga eléctrica y que eran utilizadas por unos 7.000 cuerpos policiales e instituciones penitenciarias de Estados Unidos.

Sesenta y una personas murieron tras recibir descargas de pistolas Taser de la policía. Con estos nuevos fallecimientos, el total de muertes causadas por estas armas desde 2001 se elevaba a 142. Los forenses concluyeron que las pistolas Taser habían causado o contribuido a causar al menos 10 de las muertes de 2005, lo que aumentaba la preocupación respecto a la seguridad de estas armas.

La mayor parte de los fallecidos eran hombres desarmados que, según informes, no parecían constituir una amenaza grave en el momento en que se les aplicó la descarga eléctrica. Muchos habían recibido descargas múltiples o prolongadas, factores potenciales de riesgo destacados en un estudio preliminar sobre la seguridad de las armas Taser publicado por el Departamento de Defensa en abril de 2005.

Varios departamentos de policía suspendieron el uso de las armas Taser, y otros establecieron reglas más estrictas para su utilización. Sin embargo, la mayor parte de los departamentos siguieron autorizando el uso de estas armas en una amplia gama de situaciones, incluso contra personas desarmadas que se resistían a la detención o se negaban a obedecer órdenes policiales. Entre quienes recibieron descargas se encontraban personas en estado de embriaguez o con sus facultades mentales alteradas, menores y ancianos.

Amnistía Internacional renovó su petición a las autoridades estadounidenses para que suspendieran el uso y la venta de armas Taser y de otras armas paralizantes hasta que se llevara a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre su uso y efectos.

En febrero, la policía de Florida aplicó una descarga de arma Taser a una niña de 13 años que se había peleado con su madre. La niña se encontraba esposada en el asiento trasero de un vehículo policial cuando se le aplicó la descarga.
También en febrero, un niño de 14 años con una discapacidad del desarrollo sufrió un paro cardiaco después de recibir la descarga de un arma Taser de la policía en Chicago, Illinois, cuando se encontraba sentado en un sofá en un hogar para discapacitados y, según la policía, trató de ponerse de pie «en una actitud agresiva». Los médicos que trataron al menor dijeron que las descargas eléctricas del arma Taser le habían causado una alteración del ritmo cardiaco potencialmente mortal, y que el niño habría muerto si los médicos allí presentes no lo hubieran reanimado inmediatamente.
Kevin Omar, de 17 años de edad, que presentaba un comportamiento alterado a causa del consumo de drogas, entró en coma tras recibir tres descargas de manos de agentes de policía de Waco, Texas; murió dos días después. El forense dijo que creía que las descargas del arma Taser habían contribuido a la muerte.

Abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En septiembre, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional publicó un informe titulado Stonewalled: Police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and transgender people in the U.S. En él se concluía que, aunque existía un mayor reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, muchos de los miembros de este colectivo aún debían hacer frente a un trato discriminatorio y a abusos verbales y físicos por parte de la policía. También se indicaba que, dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, las personas de color, los jóvenes, los inmigrantes, las personas sin hogar y los profesionales del sexo corrían mayor riesgo de sufrir abusos. El informe concluía asimismo que la policía a menudo no daba una respuesta adecuada a los «crímenes de odio» ni a la violencia doméstica contra este colectivo.

Pena de muerte

En 2005 se ejecutó a 60 personas, con lo que se elevó a 1.005 el número total de presos ejecutados desde la reanudación de las ejecuciones en Estados Unidos en 1977. Se excarceló a dos condenados a muerte tras demostrarse su inocencia, con lo que se elevó a 122 el total de casos de este tipo surgidos desde 1973.

El 1 de marzo, la Corte Suprema prohibió la ejecución de menores –es decir, personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del delito–, haciendo así que Estados Unidos cumpliera las normas internacionales que prohíben esas ejecuciones. En el país se había ejecutado a 22 menores desde 1977.
Siguió ejecutándose a personas con enfermedades y trastornos mentales, a presos a los que se había negado una asistencia letrada adecuada durante el juicio y a personas en cuyos casos se había cuestionado la fiabilidad de las pruebas.

El 25 de enero se ejecutó en Texas a Troy Kunkle, pese a que sufría una grave enfermedad mental con brotes de esquizofrenia. Las pruebas de esta e
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