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Argentina: El default después del default

El "default después del default": Cristina propone nuevo canje y la Argentina entra en terreno muy pantanoso


El anuncio implica un intento de evasión de la Justicia estadounidense, lo que puede dar lugar a una nueva ola de litigios por parte de aquellos bonistas que adhirieron al canje. Además, parece confirmarse el deseo de seguir ignorando el fallo de Griesa aun después de que venza la RUFO

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El anuncio de Cristina Kirchner tuvo una condición extraña: si bien constituyó el tema del día y generó un fuerte impacto político, dejó cierta sensación de noticia vieja.

A fin de cuentas, el ofrecimiento de un cambio de jurisdicción legal para los bonistas, así como la reapertura del canje para los holdouts -en las mismas condiciones que las del 2010- ya había sido anunciado hace un año, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York dio un inesperado golpe al confirmar el fallo del juez Thomas Griesa.

Aquel anuncio no tuvo, en su momento, una consecuencia concreta, pero el mercado ya había tomado nota sobre la posibilidad de que la Argentina se dispusiera a cambiar las condiciones originales en los contratos con los acreedores.

"En realidad, lo que comunicó Cristina es el plan original que el estudio de abogados Cleary Gottlieb le había presentado en mayo, cuando le aconsejaba que lo mejor sería caer en default y luego ofrecer un nuevo canje", observa el economista Orlando Ferreres.

En todo caso, ahora la oferta -que involucra a los bonos emitidos bajo ley estadounidense por u$s13.000 millones- tendrá fuerza de ley, y además se produce después del fracaso de las negociaciones con los "buitres" y del default.

¿Tendrá efectos prácticos positivos esta propuesta, o será solamente una jugada política? Esta es la gran pregunta para la que todavía no hay una respuesta clara, en la medida en que no se conoce la "letra chica" del texto a debatirse en el Congreso.

Los expertos advierten que las condiciones para que este canje tenga éxito no serán fáciles, ni desde el punto de vista legal ni desde el político.

Según Andrés Azicri, director de la consultora Elypsis, para que la iniciativa de la Presidenta resulte viable, será necesario que un 75% de los bonistas acepten el cambio de condiciones.

"De lo contrario, se creará una nueva generación de holdouts. Por otra parte, hay que ver cómo interpreta este anuncio la Justicia de Estados Unidos, porque existe la posibilidad de que lo considere como un desacato", argumenta el experto.

Las condiciones excepcionales en las que se encuentra el problema de la deuda argentina hace difícil prever que esto ocurrirá.

Entre quienes creen que la iniciativa fracasará a nivel jurídico está el analista financiero Luis Palma Cané, quien no sin ironía, afirma: "Cristina Kirchner reinventó el derecho; pretende cambiar por ley argentina normas de un contrato sometido a la ley de Estados Unidos. Game is over".

¿Voluntario?
La postura oficial, es que el anuncio no violenta sus compromisos previos, dado que se ofrece la opción del cambio de jurisdicción en forma voluntaria.

"No hay cambio de legislación ni jurisdicción aplicable. Sólo cambia el agente de pago. No hay agravio alguno para tenedores de títulos. Otorga la posibilidad para que los bonistas, en forma voluntaria, cambien sus títulos por otros regidos por legislación y jurisdicción local", argumenta el senador Aníbal Fernández.

La cuestión clave en todo este asunto es qué tan "voluntario" será el canje ofrecido por el Gobierno.

Porque, al fin y al cabo, lo que se puede leer entrelíneas del discurso de la Presidenta es que si algún acreedor tenía esperanzas de que la Argentina llegase a un acuerdo con los "buitres" deberá, a partir de ahora, resignarse a que la situación actual será permanente.

Cristina ratificó por enésima vez su versión de los hechos, según la cual el fallo de Griesa, además de erróneo, injusto e imparcial, es de cumplimiento imposible. Y que los "fondos buitre" no quieren negociar.

En otras palabras, que el Gobierno no sólo no ve posibilidades de que Griesa descongele el dinero depositado en el Bank of New York y que debía ser cobrado el pasado 30 de julio, sino que además considera que no dará paso alguno para que esa situación cambie.

De manera que un bonista con títulos regidos por ley neoyorquina tiene cuatro posibilidades:

-Acceder al canje que ofrece el Gobierno, y cobrar en la cuenta del Banco Nación, bajo ley argentina.

-Vender su título en el mercado, aceptando una fuerte pérdida.

-Transformarse en un "buitre 2.0" e iniciar un litigio contra la Argentina.

-Guardarse los bonos y rezar para que el juez Griesa revise su actitud o que el gobierno de Barack Obama lo fuerce a descongelar los fondos retenidos.

De estas posibilidades, hay una que los expertos locales consideran con bajísima chance de concretarse: justamente el canje que propone el Gobierno argentino.

En algunos casos, porque se trata de fondos de inversión que tienen impedimentos reglamentarios para invertir en papeles que no sean de ley estadounidense. Y en otros, por lisa y llana falta de confianza.

"Los fondos de inversión que tienen deuda argentina van a tener que venderla. Por estatuto, la jurisdicción tiene que ser Nueva York y, además, los departamentos de legales no le aprobarían el canje", sostiene Rodrigo Alvarez, economista jefe de Analytica.

Por su parte, el economista Roberto Cachanosky, uno de los más duros críticos de la postura oficialista, no escatimó ironías: "Claro, ofrece escasa seguridad jurídica Estados Unidos y ofrece seguridad jurídica Argentina. ¡Qué gran canje de deuda!".

Lo cierto es que el próximo 30 de septiembre deben cancelarse u$s67 millones correspondientes al bono Par emitido bajo ley neoyorquina, además de series de otras legislaciones.

Y, a juzgar por lo que anunció la Presidenta, ese día habrá dinero depositado en la cuenta del fideicomiso del Banco Nación, mientras que no habrá ni un centavo depositado en la cuenta del Bank of New York.

¿Es eso una confirmación de la cesación de pagos, algo así como "el default después del default"? Hay expertos que creen que esa será la interpretación que se hará en el exterior.

"El cambio de jurisdicción es una evasión de justicia, de la Justicia estadounidense a la que Argentina se sometió cuando hizo el canje. Lo del pago en Nueva York era una condición contractual que el país no puede cambiar unilateralmente", afirma Orlando Ferreres.

Y agrega que, para los estadounidenses, pensar en aceptar este cambio es casi imposible.

Por su parte, Azicri, de Elypsis, da por descontado que la consecuencia legal de esta situación será que la Argentina será declarada en "desacato" por el juez Griesa.

Nadie sabe exactamente cuáles son las derivaciones de este escenario -las opiniones oscilan entre la mera sanción moral hasta graves represalias económicas- pero está claro que no será indoloro.

Por lo pronto, el tema en el que hay consenso es que el país debe despedirse, por un buen tiempo, de acceder al financiamiento en el exterior.

"El mercado financiero estadounidense es el 40% del mercado mundial. No es gratis evadir la Justicia norteamericana, es ponerse a todo el mundo en contra", agrega Ferreres, para quien una de las primeras consecuencias concretas de esta situación será un merma en la llegada de la inversión externa.

¿Un favor a los buitres?

El otro punto destacado en el anuncio de Cristina fue la nueva invitación a los holdouts (llamativamente, la Presidenta se refirió a ellos con deferencia y no los calificó de buitres) para que aceptaran el canje de 2010.

Y, para darle más formalidad a su invitación, aseguró que, cualquiera sea la respuesta que obtenga, depositará en una cuenta del Banco Central el dinero correspondiente a estos bonistas rebeldes cada vez que haya un vencimiento de los bonos del -nuevo- canje.

El problema, claro, es que detrás de ese amable ofrecimiento se esconde una sospecha: la de que la Argentina no está dispuesta a cumplir el fallo de Griesa. Incluso en 2015, cuando la cláusula RUFO haya expirado.

Cuando faltan apenas cuatro meses y moneditas para el fin de año, nadie aceptaría una quita del 65% teniendo un fallo que le da derecho a cobrar el 100%, si no pensara que el deudor está determinado a ignorar la sentencia.

En definitiva, anoche Cristina sirvió en bandeja otro argumento para los "buitres", que en sus campañas publicitarias venían machacando en el punto de que la cláusula RUFO era apenas una excusa de un gobierno que, íntimamente, ya había optado por el default.

El relato siempre gana
Las consecuencias económicas pueden ser complicadas.

Pero, en todo caso, debe reconocerse una nueva demostración de habilidad política por parte de Cristina Kirchner al proponer llevar el tema al Congreso.

De esta manera, consigue compartir el "costo político" con la oposición, cuyos legisladores se verán ante el duro dilema de apoyar al Gobierno o quedar ante la opinión pública como de estar a favor de los "buitres".

"Después del manifiesto fracaso de la negociación de la deuda, ahora le piden al Congreso que los felicite; que la ley rescate al relato", se quejó Alfonso Prat Gay, uno de los críticos históricos del canje instrumentado en 2005.

Pero no está tan claro que su rechazo a la iniciativa gubernamental vaya a ser una actitud compartida por toda la oposición. En un país donde las finanzas se han "futbolizado", no ponerse la camiseta nacional puede ser complejo.

Como prueba, basta recordar el debate por la estatización de YPF: tras las críticas, a la hora de votar hubo un arrollador resultado favorable a la postura oficial.
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