Argentina: Por los despidos, suspensiones y crisis

Por los despidos, suspensiones y crisis en el empleo, vuelve a sobrevolar el fantasma de la doble indemnización


Algunos gremialistas piden que se aplique otra vez la Ley 25.561 ante la posibilidad de que haya desvinculaciones masivas, pero el Gobierno se niega. Ante esta situación, expertos explican en qué consiste esta norma y qué contexto se debe dar para que pueda volver a utiiizarse


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La desaceleración económica y el estancamiento del empleo hicieron que el temor de millones de argentinos a quedar sin trabajo se incremente a niveles impensados en los últimos años.

Sucede que la Argentina dejó de crecer y las empresas fueron perdiendo competitividad. Esto trajo como consecuencia una caída del consumo.

Por otro lado, sectores que fueron puntales del crecimiento como el de la construcción y el automotor, comenzaron a mostrar señales de retracción, con suspensiones y miles de despidos ocurridos en las últimas semanas.

Además, el 90% de las empresas consultadas en un estudio privado señalaron que no están tomando personal y que comenzaron a implementar lo que se conoce como "goteo". Es decir, si un empleado se jubila o renuncia, no se contrata a uno nuevo sino que se le pide a otros dependientes que se hagan cargo de esas tareas.

Para el presidente de la Fundación Mediterránea, Martín Amengual, el desempleo en la Argentina sería del 14% "si no se contabilizara el 1,2 millón de empleos públicos generado principalmente por las provincias".

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sobre una población económicamente activa de 18 millones de personas, cerca de 4,2 millones de trabajadores están "en negro".

En tanto, el director del Observatorio Económico y Social de la CGT liderada por Hugo Moyano, Jorge Sola, indicó que, según sus cálculos, el desempleo alcanza al 20% de la población activa.

Según explicó, hay un 8% que no encuentra trabajo y otro 12% que recibe distintas ayudas del Estado, vinculadas al trabajo, pero "que no es empleo genuino sino disfrazado a través de 58 planes de Trabajo y Desarrollo Social".

En este contexto, el secretario de la CTA opositora, Pablo Micheli, sostuvo que "están echando gente por todas partes y la Presidenta (Cristina Kirchner) no es capaz de sacar un decreto prohibiendo los despidos por un año, como reclama la CTA, al menos hasta que pase esta crisis. Eso hay que hacer inmediatamente, doble indemnización y prohibición por decreto o por ley".

De esta forma, comenzaron las dudas de los hombres de negocios. ¿Puede un decreto presidencial ordenar el pago de una doble indemnización en caso de que se produzca un despido sin causa para combatir el desempleo?

Discusión legal

El INDEC reconoció que en un año hubo una fuerte caída de puestos laborales. Proyectado a todo el país, se perdieron 190.000 puestos de trabajo. Y eso se tradujo en un incremento de la desocupación (del 7,2 al 7,5%) porque más gente dejó de buscar.

Ante estos datos, se comenzó a dudar si la tasa de desempleo medida por el mencionado instituto supera el 10%. Algunos, como el citado Micheli, consideran que el Poder Ejecutivo puede volver a establecer la prohibición de los despidos sin causa justificada, dispuesta en el artículo 16 de la Ley 25.561, con un simple decreto de necesidad y urgencia.

En la vereda opuesta, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó que el Gobierno estudie una ley que aumente los resarcimientos por las cesantías sin causa para que así se desaliente el aumento de la desocupación.

La 25.561, denominada ley de emergencia pública, declaró la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y en su artículo 16 estableció:

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"Posteriormente, se dictaron sucesivas normas prorrogando con idéntico alcance la vigencia de la suspensión de los despidos sin causa justificada y, consecuentemente, la de la agravante indemnizatoria en cuestión", detalló Eugenio Maurette, titular del estudio que lleva su apellido.

Más adelante se volvió a prorrogar la vigencia de la medida, aunque el decreto 823/2004 dispuso que la magnitud cuantitativa del agravamiento se reduzca a un 80%, pudiéndose incluso, en función de la evolución de la tasa de desocupación que trimestralmente publica el INDEC, disponerse otras reducciones.

Luego, la norma estableció que cuando la tasa de desempleo resulte inferior al 10% cesará la suspensión de los despidos sin causa justificada y, en consecuencia, la agravante indemnizatoria.

"La prórroga por la Ley 25.972 de la suspensión de los despidos sin causa importó una ratificación legislativa de los sucesivos decretos de prórroga dictados por el Poder Ejecutivo, otorgándole legitimidad a los mismos", agregó Maurette.

El hecho de que el Congreso prorrogara la medida, supuso necesariamente el reconocimiento de que la misma se hallaba vigente en el momento de la sanción de la norma mencionada. Desde el punto de vista legal, para el citado especialista, si la tasa de desempleo vuelve a ser superior al 10% no se reestablece automáticamente dicha excepción legal, así como tampoco la prohibición de despedir sin causa junto a la penalización de la doble indemnización para quien así lo haga.

Sobre ese punto, Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, agregó que "no podría volver a tener vigencia la Ley 25.561 por el solo hecho de que el desempleo supere el 10%, sino que el Congreso debería volver a sancionar una nueva norma idéntica a la anterior".

"Esa ley no resolvió durante el plazo de su vigencia la crisis de empleo, ni la resolvería actualmente, ya que sólo es una norma que impone una indemnización mayor cuando se despide y, en casos de recesión económica, este tipo de medidas no alcanza a bajar en forma significativa la voluntad del empleador de reducir los costos laborales, prescindiendo de los servicios de los empleados", destacó.

En realidad, para el socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, se causa el efecto contrario ya que cada vez que se discute que podría volver una medida como ésta, entonces acelera la decisión de despedir "preventivamente" antes de la vigencia de la misma.

"Y cuando se encuentra vigente, el empleador despide 'con causa' y luego intenta un acuerdo en el SECLO, obligando al empleado a tramitar un expediente judicial que hoy en día dura tres años como mínimo", resaltó.

Patear para adelante
No todos los expertos opinan que la situación sea tan clara respecto de la imposibilidad del regreso de "la doble". Para el abogado Julián de Diego, uno de los laboralistas de mayor influencia entre los empresarios, "si el desempleo supera el 10 por ciento, el Gobierno se verá obligado a reimplantar la doble indemnización".

Pero, según el experto, el Ejecutivo "va a hacer todo lo posible por disfrazar los números para no llegar a eso porque esta vez la responsabilidad es de los Kirchner y no heredada de nadie".

Sobre este punto, remarcó que "cuando uno habla con las empresas, el 90% de las consultadas dice que no está tomando personal y muchas compañías están haciendo lo que se llama goteo". Por lo que el problema se puede llegar a profundizar.