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Asumió hace 3 meses y ya fue denunciada penalmente

Docentes denuncian a Bardón en la Justicia penal




Un grupo de educadores de la UNT presentó un planteo en la Justicia federal, en el que denuncia a la rectora y al secretario de Trabajo local, Roberto Jiménez. Según el escrito, ambos habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y/o usurpación de autoridad, en el marco del dictado de la conciliación obligatoria por parte de la dependencia provincial

Un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denunció ante la Justicia federal a la rectora, Alicia Bardón, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Entre otros, firmaron la acusación el ex candidato a rector de la casa de Juan B. Terán -y referente del espacio de reflexión y debate Otra UNT es posible- Eduardo Ruiz Pesce y el historiador Roberto Pucci. En ese acto también fue denunciado el secretario de Trabajo de la Provincia, Roberto Jiménez.

“Formulamos denuncia penal a fin de que se investiguen los hechos, la participación en estos y la responsabilidad penal que les pudiera caber a Bardón, a Jiménez, y a otros funcionarios de la UNT, quienes podrían resultar responsables en carácter de instigadores, cómplices y/o autores de los delitos de abuso de autoridad, y/o usurpación de autoridad, y/o de los que puedan surgir durante la investigación a realizarse”, inicia la denuncia, que ingresó el viernes a los tribunales federales.

El 23 de mayo, los afiliados a la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) iniciaron un paro por tiempo indeterminado -hoy cumple 81 días-. Al comenzar el segundo cuatrimestre, flexibilizaron la medida de fuerza: mientras que en las facultades mantienen un paro “duro”, en las escuelas experimentales realizan huelgas rotativas de 48 horas semanales -hoy y el jueves estarán de paro en estas instituciones-. Reclaman, entre otros, un aumento del 40%, en un pago y retroactivo a enero, que se reforme urgente el estatuto para incorporar carrera docente y plena ciudadanía para los preuniversitarios, y que, hasta que se resuelva el aumento en la Nación, que las autoridades de la UNT den un plus de emergencia, con fondos presupuestarios.

Tras una infructuosa negociación que se desarrolló en el ámbito de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación -a instancias de un fallo del juez federal Daniel Bejas-, la rectora recurrió a Casa de Gobierno y logró que la Secretaría de Trabajo de la Provincia (STP) dicte la conciliación obligatoria.

Precisamente sobre este acto los denunciantes, entre los que también figuran Ana Aybar, Myrian Genisans y Mario Fortuna, estriban su acusación. El miércoles, luego de que Bardón y el secretario de Políticas y Comunicación Institucional de la UNT, José Hugo Saab, se reunieron con el gobernador, José Alperovich, Jiménez dictó la conciliación obligatoria. “La rectora asume haber solicitado el dictado de la resolución, instigando al funcionario provincial a actuar fuera de su competencia o usurpando las funciones otorgadas a la delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación (María José Rubiol), que ya venían siendo ejercidas”, dicen, en referencia al mitin de conciliación que se había realizado en cumplimiento de la sentencia de Bejas.



Competencia

Los docentes en huelga -no sólo los que elevaron la denuncia- sostienen que la STP no tiene jurisdicción para arbitrar sobre pujas gremiales en instituciones federales. “Sólo el Ministerio de Trabajo de la Nación es competente para entender en un conflicto que excede el marco de la ley de Contrato de Trabajo y que involucra a entes de jurisdicción nacional y estatales como la UNT, (Adiunt) y el Ministerio de Educación de la Nación”, dicen. De allí que denunciaran a Jiménez por abuso de autoridad: “hay abuso de autoridad cuando un funcionario público va más allá de lo que la ley le permite hacer, extralimitando sus atribuciones y comete un atropello empleando el poder que la sociedad le ha concedido”.

En el texto señalan que en el sitio web del Gobierno (www.tucuman.gob.ar) se mencionan las funciones de la Secretaría de Trabajo local. “Entender en la solución de los conflictos (...) que se susciten en establecimientos o empresas privadas, organismos o empresas del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas”, citan.

Según Ruiz Pesce y Pucci, entre otros, la probable instigación por parte de la rectora de la UNT -mediante el pedido a Jiménez de que dicte la conciliación obligatoria-, y el propio dictado de esta resolución -que califican de ilegal, por estar fuera de competencia- por parte de Jiménez, son susceptibles de encuadrar en alguno de los tipos penales mencionados: “usurpación de funciones públicas y/o abuso de autoridad de funcionario público”.

La denuncia se da horas antes de que se sustancie la audiencia de conciliación citada por Jiménez en la sede de la STP (Junín 264). Según se comunicó, están convocados los representantes de la UNT y de Adiunt. Rubiol anunció el viernes a LA GACETA que la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación cancelaba la segunda reunión que iba a realizarse en la filial local de la dependencia federal, en el marco de la audiencia motivada por el fallo judicial. “Habiendo tomado conocimiento de que la (Provincia) dictó la conciliación obligatoria y cita a las partes a comparecer en la esa oficina, nosotros, como Ministerio de Trabajo, estamos notificando a los involucrados que deberán constituirse y que se traslada la audiencia que iba a realizarse aquí para la sede de la STP”, había dicho. Adiunt no se presentará (Ver: “Adiunt no irá...”).
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