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Auto de CFK a punto de ser "recuperado" por el Estado






Defraudación en la obra pública

Bienes de la corrupción: un auto de Cristina Kirchner a punto de ser "recuperado" por el Estado
Se trata de un Honda CRV que está bajo guarda judicial por los embargos contra la ex presidenta. Podría ser destinado a las fuerzas de seguridad o Vialidad Nacional.


Sin una ley aún de extinción de dominio para el recupero de los bienes que fueron producto de la corrupción, el Estado reclama claridad y una definición sobre un listado de 46 vehículos de los procesados en la causa que investigó la defraudación en la obra pública, donde se encuentra el auto de Cristina Kirchner. La Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE), pidió al juez Julián Ercolini que se resuelva la utilización de los bienes tras una acordada de la Corte que determina el manejo de los mismo.



Un listado de 46 vehículos encabezado por un Honda CRV dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, habían ingresado a la AABE. Se trata de automotores que pertenecen a los procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez. El juez Ercolini entregó dichos bienes bajo la figura de guarda judicial al organismo que dirige Ramón Lanus que buscaba darles un fin social.

En esta causa, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.


No se descarta que las fuerzas de Seguridad puedan ser beneficiarios con el auto de Cristina Kirchner, camionetas de De Vido, José López y Báez. También existe la posibilidad de que Vialidad Nacional reciba parte de estos vehículos.



Bajo esta misma línea de recuperar parte de los fondos que el Estado destinó a obras que Báez dejó inconclusas y que, según la investigación, cobró con sobreprecios del 65%, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos. Hace pocas semanas, el magistrado envió un oficio a la AABE informando que los nombraban depositarios judiciales de 46 vehículos, para “su conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos”. La medida se respalda en el artículo 233 del Código Procesal Penal que dice que se deben “utilizarlos y/o destinarlos a alguna institución u organismo público, que pueda utilizarlos para funciones específicas a su cargo”, explicó entonces a Clarín Ramón Lanús, el responsable de la AABE.



Para esto, el juez ordenó que a fin de mantener su valor, “se deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes”, indica la resolución a la que accedió Clarín.

Una acordada de la Corte Suprema de Justicia resolvió en medio del otorgamiento de los vehículos y embarcaciones a la AABE. La resolución del Máximo Tribunal planteó que debe tenerse en cuenta una reglamentación anterior que se circunscribe a automotores. Es la Corte la que resolverá destino y uso de los bienes producto de la corrupción.

“Los jueces deben informar sobre la administración de los bienes que podrían ser objeto de la corrupción, lo ponen a disposición de la Corte que decidirá qué uso se les dará “, señalaron fuentes judiciales a Clarín.


Lanús que pidió a Ercolini a través de un escrito al que accedió Clarín, que se desvincule al organismo como depositario judicial ante la acordada del Máximo Tribunal, indicó a este medio que estas situaciones “se evitarían si se contara con la ley de extinción de dominio porque el marco normativo actual no es el más adecuado para la administración de bienes muebles e inmuebles”.

¿Cómo deben proceder los jueces que instruyen causas con bienes obtenidos con maniobras delictivas? Primero se debe avanzar con el secuestro de efectos, y después deben inscribir con carácter obligatorio e “inexcusable la información completa de todos aquellos bienes de cualquier naturaleza a la Corte conforme acordadas 1/13 y 33/15”.

Esto se comunica a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal y allí se analiza el mejor destino para la administración de los bienes.


Se trata en esta causa en particular de 46 vehículos: 41 están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en Zárate (Buenos Aires).

Cuando la ABBE recibió el manejo de los autos lo primero que se hizo fue encontrar espacio del Ejército y Gendarmería para trasladar los vehículos y resguardarlos allí, “después se inspeccionará el estado en el que cada uno se encuentra para asignarle un fin social”, se explicó.

Lo cierto es que hubo pedidos específicos sobre este listado de autos: La Agrupación 16 de Santa Cruz pidió tres vehículos y La fundación Escuela Goleta Santa María de los Buenos Ayres también pidió una camioneta para transporte de personas.

La palabra final la tendrá la Corte que evaluará si puede ser "afectado". Luego la Corte "asigna" el bien, por ejemplo "al Ministerio de Seguridad para uso de las fuerzas o a entidades con fines de interés público", indicaron fuentes judiciales.


Esta decisión va en sintonía con el proyecto de ley de extinción de dominio y según planteó Lanús “la recuperación de los bienes para utilidad pública, la instrucción judicial tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la corrupción”. En el Estado sostienen que en nuestro país, “los corruptos y ladrones no sólo tienen que estar presos, sino que, además, sus posesiones mal habidas, deben ser recuperadas en provecho de todos los argentinos”.

El primer antecedente se dio en la causa conocida como la Ruta del dinero K donde el juez Sebastián Casanello entregó a Vialidad Nacional 150 vehículos de Austral Construcciones, firma insignia de Báez investigado por lavado de dinero en este expediente. También entregó al ministerio de Seguridad, dos aviones del empresario K.



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