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Avanza en el Senado una ley para la neutralidad en la red

La discusión en torno a la "neutralidad en la red" llegó hoy al Senado, donde un plenario de comisiones avanzó en el debate de un proyecto de ley que asegure a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar y recibir cualquier contenido, aplicación o servicio sin restricciones por parte de los prestadores de conexión (ISP).




Al menos cinco proyectos elaborados por senadores de distintas bancadas fueron unificados con el objetivo de elaborar una ley consensuada, que permita una nueva regulación de los servicios de Internet y garantice tanto los derechos de los usuarios como las obligaciones de los proveedores.

La discusión parlamentaria se inició en paralelo al tratamiento de este tema en los Estados Unidos, en donde la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) propuso en mayo modificar la regulación para habilitar a las prestadoras de conexión que cobren un excedente para lograr el acceso más veloz a ciertos contenidos.

De aprobarse esa modificación, resistida por las empresas que brindan servicios web -como Netflix, Facebook o Google, entre otros-, las ISP podrían acelerar o ralentizar la velocidad de conexión en función de arreglos comerciales con las primeras.

Así se rompería el principio de neutralidad o isonomía, que implica que las prestadoras garanticen la velocidad contratada independientemente del contenido al que los usuarios accedan.

El plenario de esta mañana se desarrolló en el salón Auditorio del anexo del Senado, con las exposiciones de los especialistas Horacio Granero, director de Postgrado Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA); Eleonora Rabinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles; y Enrique Chaparro, presidente de la Fundación Vía Libre, entre otros.

La discusión giró en torno a los primeros tres artículos de la iniciativa, respecto a si se incorporan o no los términos "protocolo legal" y "arbitrario".

La primera posición sostiene que los prestadores de servicios de telecomunicaciones, públicos o privados, que brinden servicios de conectividad mediante cualquier modalidad o soporte no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar o restringir arbitrariamente la utilización, envío, recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo legal, salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario.

La segunda posición se expresa a favor de la redacción de ese artículo, pero eliminando los términos "arbitrariamente" y "protocolo legal".

Granero explicó que la primera posición sostiene que "los proveedores de Internet no pueden retacear ni bloquear información que sea lícita y que no lo pueden hacer arbitrariamente", y subrayó que lo que se pretende defender es "a los usuarios" de "elementos que puedan causar un daño", como por ejemplo la difusión de una "mentira o de un hecho de pornografía infantil".

El experto consideró que la "regulación corresponde, lo que no corresponde es la mala regulación porque si no se corre el riesgo de que Internet sea la ley del más fuerte", y ponderó que se trata de "una ley muy buena que será consensuada".

Por su parte, Enrique Chaparro consideró que "no hay acuerdo sobre la necesidad de imponer esta neutralidad por la vía regulatoria, la racionalidad económica de hacerlo o dejarlo librado a las 'fuerzas del mercado', las cuestiones de equidad, o acerca de si ciertas prácticas conspiran o no contra la neutralidad".

Los proyectos originales que comenzaron a discutirse hoy para ser unificados coinciden en establecer límites a las ISP, de manera que garanticen el acceso libre y el intercambio de cualquier tipo de datos en condiciones de igualdad.
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