Gils Carbó dictaminó en contra de los aumentos de gas dispuestos por el Gobierno
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy en contra de los aumentos en las tarifas de gas dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri.
En su presentación -que no es vinculante para la Corte- la procuradora pidió que el máximo tribunal confirmara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que tiene anulados los aumentos.
Gils Carbó presentó esta mañana su dictamen y la Corte quedó ahora en condiciones de dictar sentencia en este caso, algo que se espera para las próximas horas.
La procuradora consideró que la falta de audiencia pública previa a la decisión de aumentar las tarifas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.
Además, si bien señaló que es facultad del Poder Ejecutivo definir la política pública en esta materia, advirtió que el control judicial debe garantizar que no se afecten derechos humanos y fundamentales vinculados al acceso al servicio de gas.
La procuradora general de la Nación le pidió a la Corte que confirmara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que tiene anuladas las subas
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó hoy en contra de los aumentos en las tarifas de gas dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri.
En su presentación -que no es vinculante para la Corte- la procuradora pidió que el máximo tribunal confirmara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que tiene anulados los aumentos.
Gils Carbó presentó esta mañana su dictamen y la Corte quedó ahora en condiciones de dictar sentencia en este caso, algo que se espera para las próximas horas.
La procuradora consideró que la falta de audiencia pública previa a la decisión de aumentar las tarifas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.
Además, si bien señaló que es facultad del Poder Ejecutivo definir la política pública en esta materia, advirtió que el control judicial debe garantizar que no se afecten derechos humanos y fundamentales vinculados al acceso al servicio de gas.