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Boudou sumó otra denuncia

Un concejal del Partido de la Costa acusó al vicepresidente de presunta defraudación con el "Plan Federal de Viviendas" cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda de ese distrito


Cuando no se cumplió aún una semana de que el juez Claudio Bonadio dictó el segundo procesamiento contra Amado Boudou –fue el caso de un auto con papales truchos–, el vicepresidente sumó hoy una nueva denuncia en la Justicia. Esta vez fue por una supuesta defraudación con el "Plan Federal de Viviendas" cuando era secretario de Hacienda del Partido de la Costa.

La presentación la hizo Marcos Alfredo García, concejal por el partido "A toda costa" y representado por el abogado Ricardo Monner Sans. Quedó registrada con el número 7832/2014, con intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, el mismo que tiene a su cargo el expediente por las presuntas irregularidades en la imprenta Ciccone Calcográfica, en el que ya procesó al vicepresidente.

El concejal sostuvo que en 2005, en el marco del Plan Federal, se acordó en el municipio costero la construcción de 484 casas y dos escuelas, que jamás fueron terminadas por la empresa constructora contratada, a la que le atribuye vinculación con Boudou.

"Ninguna casa fue íntegramente concluida. Algunas sin paredes; sin gas; sin electricidad; sin agua. La empresa Cantera debía terminar las obras en el año 2006. En agosto de 2007 se había abonado a Cantera más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaban sin terminar", precisa el escrito. "Cantera, ante la denuncia de proveedores que habían recibido cheques sin fondos, entró en convocatoria de acreedores. Previo cobro de alrededor de unos 24 millones de los pesos de aquel entonces", añade.

La denuncia involucra además al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. También a quien entonces era intendente, Juan de Jesús, y al actual, su hijo Juan Pablo de Jesús. "De Vido y Boudou no hubieran podido cometer los delitos" sin la acción de los jefes comunales, argumenta el documento.

La presentación apunta a los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales".
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