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Pese a que horas antes el Superior Tribunal Constitucional ordenó suspenderla, el Ejecutivo catalán confirmó el proceso participativo de próximo domingo, en abierta rebeldía a España.

El gobierno de Cataluña decidió hoy mantener la consulta electoral independentista del domingo próximo, pese a que horas antes el Superior Tribunal Constitucional ordenó suspenderla.

"Mantenemos el proceso participativo: más claro el agua, y lo hacemos con todas las consecuencias", enfatizó Francesc Homs, consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, al informar la decisión en abierta rebeldía con lo decidido por el alto Tribunal en Madrid de cara a los comicios.

Paralelamente, Homs anunció que las autoridades autonómicas de la Generalitat presentarán una demanda contra el gobierno del presidente Mariano Rajoy, impulsor del recurso presentado ante el Tribunal Supremo para suspender las elecciones.

En rueda de prensa tras una reunión de urgencia del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán, el funcionario explicó que la demanda contra el Gobierno central será por "atentar contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica".

Y para que no quedaran dudas, Homs subrayó que "todo está a punto para el 9N y el Gobierno (catalán) mantiene el proceso participativo, que es una forma de garantizar la libertad de expresión".




PROCESO PARTICIPATIVO

La agitada jornada institucional en España comenzó con la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de "hacer lugar al trámite de impugnación" presentado el viernes pasado por el Gobierno de Rajoy contra el denominado "proceso participativo", la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo domingo.

La admisión del alto Tribunal da lugar a la suspensión, durante al menos cinco meses, de la convocatoria y la de sus actos de preparación con fecha del pasado viernes, que fue cuando se presentó el recurso de marras.

De esta forma, el Tribunal admitió el recurso interpuesto ese mismo día por el Ejecutivo con sede en Madrid, que ya había impugnado en septiembre último la convocatoria de un referéndum independentista oficial impulsado por Mas.

En aquella ocasión la justicia también suspendió, de manera cautelar, la convocatoria de la consulta, lo que llevó al presidente catalán a dar marcha atrás en el proceso y convocar ahora a una votación alternativa sin carácter oficial, opción que también es resistida por el poder central español.