Se realizaron detrás del campeonato mundial de fútbol, de las peripecias de Amado Boudou en el caso Ciccone, y de las peleas con el juez Thomas Griesa y los fondos buitre.
Cerca de diez mil militantes de La Cámpora fueron efectivizados o están camino de serlo, en la planta permanente de empleados del Estado.
Se realizaron detrás del campeonato mundial de fútbol, de las peripecias de Amado Boudou en el caso Ciccone, y de las peleas con el juez Thomas Griesa y los fondos buitre.
La decisión de incorporar a esa cantidad de “pibes” que habitualmente rellenan los actos en los que habla la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los patios de la Casa Rosada o en el interior del país, como el del pasado viernes en Rosario por el Día de la Bandera, fue adoptada personalmente por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, siguiendo instrucciones expresas de la primera mandataria, aseguraron fuentes del gobierno.
La operatoria de la medida estuvo a cargo de la Dirección General de Administración, que depende de la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli.
La cobertura para disimular el ingreso masivo de esos militantes a la planta permanente de empleados estatales es una decisión de Zannini, avalada por la Unión del Personal Civil de la Nación, gremio que conduce Andrés “Centauro” Rodríguez, enrolado en la CGT oficialista que conduce Antonio Caló.
Se trata de una primera tanda de 9.700 vacantes que se encontraban congeladas desde hace varios años, y que mediante la decisión de Zannini y el apoyo de UPCN fueron descongeladas para permitir el ingreso de esos militantes. La mayoría revistaba hasta ahora dentro de lo que se conoce como “personal contratado”, que no gozan de estabilidad laboral como es el caso de los que revistan en planta permanente.
De ese modo, los militantes nombrados ahora no podrán ser echados de sus cargos cuando finalice el mandato de Cristina Fernández el 10 de diciembre de 2015. Una práctica que no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo: la mayoría de los gobiernos que llegan al poder reclaman esos puestos para ocuparlos con su propia gente de modo de cumplir con las promesas de campaña.
Cerca de diez mil militantes de La Cámpora fueron efectivizados o están camino de serlo, en la planta permanente de empleados del Estado.
Se realizaron detrás del campeonato mundial de fútbol, de las peripecias de Amado Boudou en el caso Ciccone, y de las peleas con el juez Thomas Griesa y los fondos buitre.
La decisión de incorporar a esa cantidad de “pibes” que habitualmente rellenan los actos en los que habla la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los patios de la Casa Rosada o en el interior del país, como el del pasado viernes en Rosario por el Día de la Bandera, fue adoptada personalmente por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, siguiendo instrucciones expresas de la primera mandataria, aseguraron fuentes del gobierno.
La operatoria de la medida estuvo a cargo de la Dirección General de Administración, que depende de la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli.
La cobertura para disimular el ingreso masivo de esos militantes a la planta permanente de empleados estatales es una decisión de Zannini, avalada por la Unión del Personal Civil de la Nación, gremio que conduce Andrés “Centauro” Rodríguez, enrolado en la CGT oficialista que conduce Antonio Caló.
Se trata de una primera tanda de 9.700 vacantes que se encontraban congeladas desde hace varios años, y que mediante la decisión de Zannini y el apoyo de UPCN fueron descongeladas para permitir el ingreso de esos militantes. La mayoría revistaba hasta ahora dentro de lo que se conoce como “personal contratado”, que no gozan de estabilidad laboral como es el caso de los que revistan en planta permanente.
De ese modo, los militantes nombrados ahora no podrán ser echados de sus cargos cuando finalice el mandato de Cristina Fernández el 10 de diciembre de 2015. Una práctica que no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo: la mayoría de los gobiernos que llegan al poder reclaman esos puestos para ocuparlos con su propia gente de modo de cumplir con las promesas de campaña.