Argentina impulsa la expulsión de delincuentes extranjeros
Los extranjeros sin papeles que sean descubiertos in fraganti cometiendo un delito serán expulsados de forma inmediata de Argentina, según establece el proyecto de nuevo código procesal penal que presentó este martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Seguridad del Gobierno, Sergio Berni, ya venía quejándose de manera permanente contra los inmigrantes de otros países sudamericanos involucrados en episodios de inseguridad. Varias veces ha apuntado contra colombianos y chilenos y en agosto pasado advirtió: "Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a Argentina únicamente a delinquir y esto se debe a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario". Para contrarrestar críticas por presunta xenofobia, Fernández recordó que su país es uno de los más abiertos a la inmigración en Latinoamérica. De hecho, es el tercero con mayor población extranjera en la región (3,6% del total), solo por detrás de Costa Rica y República Dominicana.
"Se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y no podrán volver a entrar por 15 años”, dijo Fernández en un nuevo mensaje por cadena nacional de radio y televisión. "Es una protección que merecen los argentinos (respecto) de los extranjeros que entran a delinquir”, añadió la jefa de Estado. En 2013, los principales colectivos que iniciaron trámites de residencia en Argentina fueron los de paraguayos, bolivianos, peruanos, colombianos y chilenos, en ese orden.
El nuevo código procesal penal deberá ser votado por el Congreso, donde el kirchnerismo y sus aliados mantienen la mayoría absoluta en ambas cámaras. El proyecto prevé que las acusaciones dentro de una investigación judicial dejen de estar dirigidas por jueces y fiscales, y recaigan solo en manos de estos últimos. “(La reforma) no le quita potestades al juez, pero la investigación es conducida, diriga y a cargo del fiscal”, anunció Fernández. Dirigentes de la oposición ya habían anticipado su rechazo a esta propuesta porque sostienen que la jefa de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que ocupa un cargo designado por el Ejecutivo con aprobación del Senado, defiende supuestamente los intereses de kirchneristas acusados en la justicia por presunta corrupción. Fernández advirtió de que Argentina es el único país de Latinoamérica donde la investigación no está conducida por el fiscal sino que éste comparte la tarea con el juez.
Los extranjeros sin papeles que sean descubiertos in fraganti cometiendo un delito serán expulsados de forma inmediata de Argentina, según establece el proyecto de nuevo código procesal penal que presentó este martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El secretario de Seguridad del Gobierno, Sergio Berni, ya venía quejándose de manera permanente contra los inmigrantes de otros países sudamericanos involucrados en episodios de inseguridad. Varias veces ha apuntado contra colombianos y chilenos y en agosto pasado advirtió: "Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a Argentina únicamente a delinquir y esto se debe a la laxitud del sistema judicial y del sistema penitenciario". Para contrarrestar críticas por presunta xenofobia, Fernández recordó que su país es uno de los más abiertos a la inmigración en Latinoamérica. De hecho, es el tercero con mayor población extranjera en la región (3,6% del total), solo por detrás de Costa Rica y República Dominicana.
"Se expulsará a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito y no podrán volver a entrar por 15 años”, dijo Fernández en un nuevo mensaje por cadena nacional de radio y televisión. "Es una protección que merecen los argentinos (respecto) de los extranjeros que entran a delinquir”, añadió la jefa de Estado. En 2013, los principales colectivos que iniciaron trámites de residencia en Argentina fueron los de paraguayos, bolivianos, peruanos, colombianos y chilenos, en ese orden.
El nuevo código procesal penal deberá ser votado por el Congreso, donde el kirchnerismo y sus aliados mantienen la mayoría absoluta en ambas cámaras. El proyecto prevé que las acusaciones dentro de una investigación judicial dejen de estar dirigidas por jueces y fiscales, y recaigan solo en manos de estos últimos. “(La reforma) no le quita potestades al juez, pero la investigación es conducida, diriga y a cargo del fiscal”, anunció Fernández. Dirigentes de la oposición ya habían anticipado su rechazo a esta propuesta porque sostienen que la jefa de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que ocupa un cargo designado por el Ejecutivo con aprobación del Senado, defiende supuestamente los intereses de kirchneristas acusados en la justicia por presunta corrupción. Fernández advirtió de que Argentina es el único país de Latinoamérica donde la investigación no está conducida por el fiscal sino que éste comparte la tarea con el juez.