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China: el primer síntoma de la enfermedad financiera

El financiamiento que ofrece el Gigante Asiático al país incluye cláusulas por las cuales nuestra nación acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros y se compromete a no entrar en default.




¿Qué era lo que la mayoría de los economistas temían sobre las perspectivas de la Argentina en una situación de default? Entre otras cosas, la -altísima- posibilidad de dejar de contar con el financiamiento externo. Y como lo habían augurado, en esta línea, ya empiezan a divisarse problemas en el horizonte crediticio del país.
En julio pasado, el Gobierno firmó un acuerdo de crédito con tres bancos de China por 4.714 millones de dólares para la construcción en la provincia de Santa Cruz de las represas hidroeléctricas ‘Néstor Kirchner‘ y ‘Jorge Cepernic‘. Así, no sólo se iba a mejorar la administración financiera de la Argentina sino también se iban a reforzar los lazos comerciales con el Gigante Asiático.
Sin embargo, según informa el diario La Nación, el préstamo estuvo supeditado a varias exigencias por parte del país asiático, entre ellas que el país no cayera en default y que mantuviera una buena relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, aceptaba volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros.
Se trata del “Acuerdo de crédito para la Argentina a través del Ministerio de Economía como prestatario acordado por China Development Bank and Corporation of China and Bank of China”. El total del contrato es por 4714,35 millones de dólares.
Para que el país pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá cumplir exigencias incluidas en el anexo 2 del contrato. Primero deberá exhibir la copia certificada de varios documentos, entre ellos el de la renuncia a inmunidad por parte de la Argentina y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672”.
En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, se ordena al país a no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas.
“Ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumpliento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina”, detalla el documento.
Pareciera así que cualquier default, por parcial que sea, sería un “default cruzado” e impediría usar los fondos de los chinos. La idea de librarse de la jurisdicción de Nueva York recurriendo al gobierno de China parece que no les gusta ni siquiera a los propios chinos. En otras palabras, las cláusulas del acuerdo con China revelan que el salvavidas financiero que el Gobierno esperaba por esa vía podría no llegar.
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