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Condenado en España, el ex juez Garzón cobra $72.000 por ase

[s]Condenado[/s] en España, el ex juez Garzón cobra $72.000 por asesorar al gobierno de Cristina
14-10-2014 Fue contratado desde diciembre de 2012 como subsecretario del Estado por el kirchnerismo para promover la "Justicia Universal". En su país se lo encontró culpable de prevaricato y escuchas telefónicas ilegales y fue inhabilitado por 11 años para ejercer como magistrado o ser funcionario público






El ex juez español Baltasar Garzón, condenado en su país, cobra $72.000 mensuales por asesorar al gobierno de Cristina Kirchner.

Fue contratado en diciembre de 2012 con el rango de subsecretario del Estado para promover la "Justicia Universal".

Pese a que nueve meses antes era encontrado culpable en España de los delitos de prevaricato y escuchas telefónicas ilegales de sus procesados e inhabilitado durante 11 años a ejercer como magistrado o funcionario público, en la Argentina el Gobierno le dio un trabajo y, mediante el decreto 2319/2012, la Presidenta lo designó coordinador en asesoramiento internacional en Derechos Humanos con cargo "extraescalafonario".

Ese cargo, que depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia, implica un sueldo de $72.000 por mes. Sin embargo, Garzón señaló al diario La Nación que su sueldo es de 47.800 pesos.

Cristina Kirchner también lo nombró a través del decreto 2318/2012 presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la UNESCO, en representación de la cartera de Justicia.

El ex juez ganó protagonismo en la Argentina cuando procesó en España al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.

La Cipdh se creó para promover a nivel mundial la experiencia argentina de persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y delitos económicos conexos durante los '70, que según la cartera de Justicia "es ejemplo en todo el mundo".

El constitucionalista Daniel Sabsay señaló al matutino que "hay una violación flagrante del requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución en su artículo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo público". Es decir, una grave condena judicial debería ser impedimento para ejercer ciertos cargos.

"Puedo ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente", aseguró Garzón por escrito a LA NACION. "Desde luego, un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país y también en España", se defendió.

El Ministerio de Justicia sostiene que "la sentencia de España no impide ni invalida el nombramiento por el Estado argentino" y lo fundamenta en "principios básicos del derecho penal", porque el fallo es "de orden local" y "sólo aplicable en su ámbito territorial, el reino de España".

Pero Sabsay señala: "Si bien es cierto que la sentencia se limita al campo judicial, resulta obvio que con semejante condena Garzón jamás podría cumplir con el requisito de 'idoneidad' para cualquier función pública, exigencia expresamente contemplada en el artículo 16 de nuestra Constitución".

Consultados, voceros oficiales del ministro de Justicia, Julio Alak, subrayaron "el enorme aporte a la justicia universal realizado por el juez español".
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