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Crimen de Katya Miranda quedará en impunidad

Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda, dijo que retomará la demanda por el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ONU y Amnistía Internacional cuestionan la impunidad sobre violaciones.

El último recurso que tiene la familia de Katya Miranda, la niña que fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999, para procurar conocer la verdad sobre el crimen está detenido desde hace siete años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Hilda Jiménez, madre de Miranda, aseguró ayer que no tiene “interés en hacer algo más” con respecto a la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, que el miércoles absolvió definitivamente a Carlos Miranda, el abuelo de la niña, y a otros cinco personas, quienes fueron condenadas en 2011 por el secuestro de Katya.

“¿Qué le podemos decir a los niños y a los jóvenes que queremos empoderar a denunciar cuando vemos que los violadores, asesinos y secuestradores van para la calle con absoluta libertad?”, se cuestionó la madre de Miranda.

Jiménez manifestó que retomará una demanda “por negligencia (y) por falta de justicia en contra del Estado Salvadoreño por la injusticia que se cometió en el caso de mi hija”.

La petición ante la CIDH fue realizada el 22 de octubre de 2007 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). La entidad pidió a la corte internacional que admitiera la petición “contra el Estado de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial” de Katya Miranda. Además, solicitó que se respetara una serie de convenciones de derechos humanos y de erradicación de violencia contra la mujer, que se habrían violado a Jiménez y a su otra hija, Gina Marcela Miranda Jiménez.

La CIDH no ha contestado ni siquiera una de esas peticiones. “La CIDH tiene muchos casos atrasados. Se queda uno esperando la respuesta que puede durar cinco o 10 años”, explicó Luis Monterrosa, actual director del IDHUCA.

Tres magistrados suplentes de la Sala de lo Penal concluyeron que “las acciones reprochadas a Carlos Miranda, Luis López y Juan Ramos en este proceso penal (por secuestro) guardan una esencial identidad histórica con la que se les atribuyó en el primer proceso (por violación y homicidio) de las que fueron sobreseídos”, en 2000.

La única variante que identificaron los magistrados entre las dos acusaciones que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) –con 11 años de diferencia entre sí– fue “la posible motivación: el invocado secuestro agravado”, dice la sentencia.

Esa situación constituye una doble persecución, es decir, que una persona sea procesada penalmente más de una vez por el mismo delito, algo que la Constitución de la República prohíbe.

Ese argumento bastaba para la liberación de los tres imputados. Sin embargo, no fue el único error que la Sala de lo Penal encontró en el fallo condenatorio que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca emitió el 16 de marzo de 2011.

“Los hechos probados no determinan los elementos constitutivos del delito de secuestro agravado ni describen acciones de complicidad necesaria de los imputados Nicolás Martínez, Alejandro Cañénguez y Santos Soriano”, se lee en la sentencia.

Según la sala, Cañénguez, Soriano y Martínez incurrieron en “actos preparatorios”, es decir, que reflejaron “una consensuada resolución criminal” para cometer un secuestro. Ese delito se frustró y devino en una violación y homicidio en la que ellos ya no habrían participado.

La misma sentencia aclara que “los actos preparatorios son impunes”, es decir, que esa fase de preparación para un delito no se penaliza en El Salvador.

Más críticas

El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en El Salvador, Roberto Valent, dio un discurso ayer en un evento de Amnistía Internacional en el que abogó contra la impunidad en los casos de violaciones a mujeres.

“Aproximadamente cada cuatro horas una niña o adolescente (de 0 a 19 años) sufre violencia sexual. El 75 % de los agresores sexuales contra mujeres son familiares o conocidos de la víctima”, dijo Valent, citando datos del Instituto de Medicina Legal.

“Si miramos al tema de la impunidad en este número de violaciones vamos a ver que los hombres que están detrás no son llevados a la justicia de la manera debida y cómo se esperaría”, recalcó el representante de la ONU.

Los representantes de Amnistía Internacional (AI), que están en el país para presentar un informe, precisamente, sobre violencia contra las mujeres en El Salvador, se pronunciaron por el caso. Érika Guevara, directora para las Américas de AI, expresó: “El caso de Katya no es el único que se ha llevado a la CIDH, que por lo menos mete presión a los Estados para que cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos”. Guevara agregó que ese tipo de “resoluciones ha generado un precedente importante, una jurisprudencia que los Estados deben cumplir (y que) se convierte en ley internacional”. Aunque la CIDH no puede coercer penalmente a que se reabra el caso, sus sentencias usualmente “tienen que ver con temas de reparación” a las víctimas, expresó Guevara.

Sin embargo, esa resolución podría no llegar nunca. El director del IDHUCA explicó que existe un inconveniente procesal con la solicitud ante la CIDH. “Cuando se puso el recurso (en 2007), el supuesto es que el sistema interno ya no te responde y acudís a instancias internacionales para procurar justicia. Aquí el caso siguió”, dice Monterrosa, sobre el segundo proceso que se tramitó.

“La CIDH puede decir: ‘el caso no es procedente’ porque siguió y el proceso desembocó en la sentencia de la Corte. Eso podría pasar”, vaticinó Monterrosa.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, insistió en su postura y denunció “una actuación reiteradamente parcial de juzgadores y trabajadores de justicia que impulsan los casos reproduciendo estereotipos de género”.



El Crimen04/04/1999

Katya Miranda fue violada y asesinada a la edad de nueve años en un rancho propiedad de su abuelo, Carlos Miranda González.
Exonerados15/04/2000
Cuatro imputados, incluido Carlos Miranda, fueron absueltos de homicidio y violación, tras una cuestionada investigación fiscal.
Nuevo juicio16/03/2011
Carlos Miranda y otros cinco imputados fueron condenados por el delito de secuestro, por el mismo crimen que había quedado impune.
Absuelto09/24/2014
La Sala de lo Penal resolvió, tres años después de admitirla, una casación por la condena de Miranda y anuló la sentencia previa.





link: http://www.youtube.com/watch?v=nGup2qjStEs



link: http://www.youtube.com/watch?v=BDqZDI51nYw



link: http://www.youtube.com/watch?v=gChLSpwO3kM






“¿Cómo podemos empoderar a denunciar a los niños cuando vemos que los asesinos van para la calle con libertad?”
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